Estos días se están conociendo diferentes tomos del caso Tsunami, que lleva la Audiencia Nacional por sostener que es una causa de terrorismo. Que lo que allí se recoge se esté conociendo la misma semana en que la judicatura haya reaccionado, todos a una, por las acusaciones de lawfare vertidas desde la tribuna de oradores por la diputada Míriam Nogueras, dando nombres y apellidos de jueces, puede ser visto como una casualidad o, por el contrario, como un toque de atención por las tropelías y absurdidades que en el sumario ya levantado se están conociendo. Porque el problema no es lo que se haya podido encontrar en las investigaciones prospectivas que se han realizado. La cuestión es que las vulneraciones que se han cometido son para pretender llegar a unas acusaciones del todo inexistentes.

Así, se han pinchado teléfonos por el simple hecho de ser independentistas, nada menos que unos 40, de políticos y activistas entre los años 2019 y 2020, con autorización del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, se analizaron protestas de un partido de fútbol entre el Barcelona y el Madrid, pero la Guardia Civil también recogió material del concierto de Sant Esteve que cada año organiza el Orfeó Català en el Palau de la Música de Barcelona. Los gritos de independencia y libertad gritados por los asistentes al final del concierto y las pancartas exhibidas a favor de Tsunami Democràtic por algunos miembros del coro, con el concierto ya acabado, merecieron el interés y, quién sabe si algo más, por los miembros del cuerpo policial armado.

No ha habido exageración alguna cuando se ha hablado de casos de lawfare en la justicia española

En esta aparente búsqueda implacable de material acusatorio, lo máximo que se va a poder hacer es un folletín. Que con todos estos ingredientes se haya ingeniado una causa de terrorismo parece más el trabajo de un novelista de ficción que el de un juez. Si además se pretende meter en la coctelera al precio que sea al president Carles Puigdemont y a la secretaria de Esquerra Republicana, Marta Rovira, lo menos que se puede pensar es que no ha habido exageración alguna cuando se ha hablado de casos de lawfare en la justicia española. La cruzada iniciada contra la ley de amnistía acordada entre el PSOE y el independentismo catalán, que tiene el apoyo de otros grupos, hasta alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, puede ser criticada, claro que sí. Pero no debe seguir adelante la buscada confusión de separación de poderes: las leyes las aprueban los representantes de la soberanía popular y no hay un poder paralelo que pueda impedirlo.

Durante muchos años, del lawfare solo hablaba el independentismo catalán y los jueces habían construido una coraza protectora con la ayuda inestimable del PP y el PSOE. El 23 de julio lo que saltó por los aires fue esta coalición, ya que Pedro Sánchez tenía que escoger entre el poder continuar en La Moncloa y mantener los acuerdos de la transición. El líder socialista optó por lo primero y, con su decisión, abrió la caja de truenos que ha provocado una serie de detonaciones diversas. Sin que haya acabado y con artefactos explosivos dentro, incluso dentro del palacio de la Zarzuela. España se ha instalado en una inestabilidad institucional crítica en que, detrás del choque de trenes que se visualiza, hay el estado profundo defendiendo sus privilegios como gatos panza arriba. Y no darán, fácilmente, su brazo a torcer.