La Guardia Civil tuvo la autorización de la Audiencia Nacional por la intervención telefónica —y en algunos casos poner un software remoto (no se aclara qué)— en unos 40 móviles de políticos y activistas independentistas, entre los años 2019 y 2020, según consta en el sumario del caso Tsunami Democrático, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, que hace un año ya avanzó esta investigación prospectiva. El diputado de Junts, Joan Canadell, cuando era presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, es una de las personas con el mòbil intervenido hasta junio de 2020, y también el empresario Joan Matalama, hermano de Josep Maria Matamala, amigo del presidente al exilio, Carles Puigdemont, y exsenador. La mayoría de las conversaciones transcritas, como de interés, era la constitución del Consell de la República, además de las movilizaciones contra la sentencia del Supremo a los independentistas catalanes, el 14 d'octubre de 2019.

También el exdiputado de la CUP, David Fernández, es uno de los afectados y a quienes se autorizó instalarle un software de seguimiento remoto en enero y marzo de 2020, pero la Guardia Civil no logró hacerlo, sin embargo, sí le instalaron escuchas, según ha avanzado Vilaweb. Se da la circunstancia que David Fernández, junto con el exdiputado de la CUP en el Congreso Albert Botran, y Carles Riera, diputado en el Parlament, presentaron una querella contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por haberlos espiado con el software Pegasus, y la empresa NSO, propietaria del sistema.  El abogado, Benet Salellas, presentó la querella en nombre de los tres, que investiga el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, y que investigó los primeros querellados de ERC. Los tres forman parte de la lista de 65 personas espiadas, según la investigación Catalan Gate hecha por el grupo canadiense Citizen Lab. Matamala y Canadell también salen en esta lista.

El exdiputado de los Comuns, Albano Dante Fachín también ha denunciado esta semana que fue espiado por la Guardia Civil en la causa de Tsunami Democrátic, junto con su compañera del informativo Octuvre.cat.

Dante Fachín también está en la lista de los 65 espiados por Pegasus, pero aún no se ha aclarado que fuese la misma investigación y que lo ordenara también el juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón. No obstante, hay más nombres que coinciden tanto en la investigación del CatalanGate, como en el caso Tsunami Democràtic, uno de ellos es el informático Elies Campo.

Control remoto, como a los CDR

En el sumario del caso Tsunami, el magistrado García-Castellón no solo autorizó la intervención de teléfonos, sino también la instalación “de un sistema de interceptación SIL de un sofware, que permita, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular del contenido”, según escribe en una resolución del 10 de octubre de 2019 para  2 móviles de uno de los investigados durante un mes, al considerarlo peligroso por el delito de terrorismo. Uno de los indicios que indica la Guardia Civil es que era “líder de una fuerza clandestina para alterar la paz pública”, y una de las movilizaciones que ha promovido es el “pícnic por la República”.

Se detalla que este software después de su instalación en los dispositivos informáticos y móviles "procederá a enviar, a través de tecnología de comunicación, paquetes de datos encriptados para garantizar su confidencialidad al Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones de la Guardia Civil la información necesaria para la investigación. El juez, además, permite que el software entre a la agenda de contactos, al registro de llamadas, a la cuenta de correo asociada al terminal, al historial de navegación web. Todo.

Este sistema de control remoto fue permitido por el mismo juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la causa de los CDR de la Operación Judas, que se inició el 2017 y estuvo mucho tiempo bajo secreto. Incluso se instaló software en el interior de uno de los vehículos. En este caso, 12 ciudadanos independentistas irán a juicio, acusados de organización terrorista y de tener material. La Fiscalía les pide penas de entre 8 y 27 años de prisión.

Los 12 investigados

Las escuchas a los 40 móviles no tuvieron mucho éxito y la investigación de Tsunami se nutrió con la del caso Volhov, dirigida por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que el octubre de 2020 hizo detener unas veinte personas, entre ellos a Josep Lluís Alay, director de la oficina del president Puigdemont, y el móvil del cual ha servido para vestir las acusaciones. Alay también ha denunciado en un juzgado de Barcelona, que su móvil fue infectado con Pegasus. Finalmente, el 6 de noviembre pasado, el juez García-Castellón hizo una lista de 12 personas investigadas por terrorismo en la causa de Tsunami, entre las cuales se encuentran el presidente Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El magistrado fue duramente criticado porque hizo esta resolución justo la semana de las negaciones del PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez y pactar la ley de amnistía.