Con 24 horas de diferencia, los dos grandes partidos de Catalunya, si tomamos como referencia las últimas elecciones catalanas de 2024, se han pronunciado sobre la presión fiscal que padecen los ciudadanos de Catalunya. En el caso de Junts per Catalunya, para pedir al Govern que impulse una reducción fiscal y, en concreto, del tramo autonómico del IRPF. A esa petición de Jordi Turull ha replicado el president Salvador Illa, señalando que, ante los tiempos que vienen y la incertidumbre económica a raíz de la guerra de Irán, lo que hacía falta era una fiscalidad justa, ya que quien más tiene es quien más debe aportar si lo que se quiere es una sociedad justa, equitativa y cohesionada.

Más allá de las posiciones individuales que cada uno tenga, hay que dar la bienvenida a un debate de esta naturaleza que, en Catalunya, durante mucho tiempo ha sido prácticamente inexistente. O, al menos, no lo ha sido con la importancia que siempre tiene en cualquier país este tipo de debates y que acaban afectando al bolsillo de la gente. En términos generales, la afirmación del president Illa de que los catalanes lo que necesitan es una financiación justa es imbatible. ¿Quién no desea una financiación justa? Es una aseveración casi universal, a menos que se parta de una premisa equivocada: los que más tienen o las clases medias, si es que este colectivo sigue existiendo como tal y no se ha visto reducido a lo que antes eran las clases medias-altas, lo que desean es pagar menos de lo que les toca.

Estaría bien celebrar un debate monográfico en el Parlament sobre la presión fiscal y ver exactamente por qué un ciudadano medio que reside en Catalunya sigue soportando, año tras año, la mayor presión de España

Estaría bien celebrar un debate monográfico en el Parlament sobre la presión fiscal y ver exactamente por qué un ciudadano medio que reside en Catalunya sigue soportando, año tras año, la mayor presión de España. En el lado contrario está la Comunidad de Madrid, que siempre es el territorio con las mayores ventajas impositivas cuando se analizan las comunidades autónomas que se rigen por el régimen común, es decir, todas menos País Vasco y Navarra. Si uno acude a los datos de la Agencia Tributaria, se observan las grandes diferencias en la recaudación de tributos descentralizados. Es más, Catalunya es la única de las grandes comunidades que no aplica bonificaciones o deducciones, siguiendo el paso no solo de Madrid, sino también de Andalucía o el País Valencià. No acaba aquí, ya que si analizamos los principales tributos, Catalunya es el territorio que más aporta en impuesto de patrimonio, en sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. Otros datos importantes: Catalunya es la autonomía con más tributos propios y donde más se recauda.

¿Eso es una fiscalidad justa? Se podrá decir, quizás, que necesaria, pero justa no parece. Si además entramos en el trato que el Estado ofrece a los catalanes, aún es más decepcionante. Por un lado, pésimos servicios en infraestructuras unidos a una estafa permanente con la inversión que se tiene que dedicar a Catalunya de acuerdo con los presupuestos generales del Estado y que, año tras año, gobierno de un color o de otro, siempre arroja porcentajes vergonzosos. Por otro, el déficit fiscal que padece Catalunya y que nunca se quiere abordar por más que las cifras sonrojan a cualquiera mínimamente imparcial cuando se escucha que asciende a más de 21.000 millones.

Este corsé acaba siendo el que sirve de excusa para abordar lo que sería una financiación justa de verdad. Pero, claro, si los ingresos son menos, ya que el Estado se acaba quedando dinero que debería ser de los catalanes, la excusa perfecta es que los impuestos no se pueden bajar. Por todo ello, es necesario abrir el debate sobre la presión fiscal en Catalunya.