Desbocado. Seguramente, no hay otra palabra mejor para definir la escalada del índice de precios al consumo (IPC) conocido este jueves respecto al mes de noviembre, y que escala hasta el 6,7% de tasa interanual, después de haber subido un 1,3% respecto al noviembre del pasado año. Hay que remontarse a muchos años atrás para encontrarse unas cifras tan desastrosas. En concreto, la tasa interanual es la más alta desde 1992, que fue de 6,9%. Aún hay que ir más lejos en las hemerotecas para encontrar un mes que haya subido un 1,3%, cosa que no sucedía desde diciembre de 1983. Entre una cosa y otra toca remontarse a más de tres décadas para encontrar una situación del IPC como la que se está viviendo en la actualidad.

Uno de los motivos para encontrar el desglose de este 6,7% de tasa interanual está en la subida del precio de la luz, esa que Pedro Sánchez trata de explicarnos cada vez que puede diciendo que no estamos tan mal y que al ciudadano medio tampoco le repercute tanto. Que Dios le conserve la vista porque las cifras vienen diciendo mes a mes lo contrario. La primera conclusión de este subidón del IPC no es otro que los salarios van a dar para bastante menos que hasta la fecha y va a ser un elemento de presión para elevar el salario mínimo. ¿Y los pensionistas? ¿Quién les paga la diferencia para que no pierdan poder adquisitivo? Porque entre el 6,7% de inflación y el 2,5% que pueden subir las pensiones hay muchos puntos de diferencia, además de muchas promesas incumplidas cuando imprudentemente se decía que las pensiones iban a subir al ritmo de la inflación. Algo que no va a suceder. Es poco discutible que va a haber un empobrecimiento de la ciudadanía y que, además, en parte va a ser irrecuperable en el futuro. Ya que lo perdido, perdido queda, por más que los discursos digan otra cosa.

Pero lo más preocupante es la doble crisis a la que se enfrenta la economía española: por un lado, el incremento del IPC pero también la crisis generada por la evolución de la covid que ha desbaratado —si el algún momento fueron creíbles— los objetivos del gobierno español. Todos los organismos internacionales, sin discusión, han recortado las expectativas del ejecutivo de Pedro Sánchez y el último ha sido el Banco de España, que ha situado el crecimiento en el 4,5% cuando el Ejecutivo aún sigue hablando de un inalcanzable 6,5%. España ha perdido el ritmo de crecimiento de las economías de nuestro entorno y queda retrasada su recuperación a parámetros de 2019 hasta el 2023. Todo ello mientras lucha contra la variante ómicron, que presenta unas cifras de contagio realmente desconocidas hasta la fecha, para que el efecto sobre la economía sea lo menos devastador posible, y los cierres de sectores empresariales relacionados con el ocio sean los más cortos posibles. La simple posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus genera exactamente terror.

España lo tiene todo fiado a la llegada de los fondos Next Generation procedentes de Europa que, si bien es cierto que 70.000 millones son muchos millones, habrá que ver cuántos de todos ellos acaban teniendo un efecto capilar sobre la economía real de las personas. El gran riesgo sigue siendo que tan ingente cantidad de dinero tenga un impacto mucho menor al que hoy se piensa que acabará teniendo. La carpeta de España está repleta de ayudas europeas que a la hora de la verdad han acabado teniendo un impacto real bastante inferior al que se creyó inicialmente. Y es que las cuentas del gran capitán que los gobiernos españoles suelen hacer desde el Palacio de la Moncloa acaban teniendo un impacto en Madrid tan alto que lo que acaba distribuyéndose para el resto de las comunidades autónomas sirve, pero relativamente.