La vivienda catalana arrastra años de incumplimientos de normativa, constantemente cambiante, que se solapa con una falta de financiación y una priorización relativa por parte de las administraciones. El Consejo Asesor de Infraestructuras de Catalunya ha alertado hoy de las carencias de la vivienda catalana, centrada principalmente en la falta de obras de rehabilitación y restauración, un negocio que, defienden, "tiene un gran potencial por desarrollar pero carece de financiación a largo plazo". Además, el Consejo ha avisado de que no se está cumpliendo la normativa de inspección de vivienda, si bien desde el 2002, sólo se ha inspeccionado el 35% de la vivienda acumulada de más de 45 años y que por lo tanto están obligados a pasar una inspección.

En palabras del secretario del Consejo, Salvador Guillermo, "no se esta cumpliendo la normativa de inspección, ya que no alcanzamos ni la mitad de los pisos que se tienen que mirar y rehabilitar". Al mismo tiempo, el presidente del gremio de constructores, Josep Gassiot, asegura que sólo se inspeccionaron 60.000 edificios, de un total de 170.000. De estos inspeccionados, Gassiot explica que el 10% presentaron deficiencias graves o muy graves, y hasta el 35% deficiencias importantes, cosa que no se tiene que poder permitir porque jugamos con la salud de las personas.

Falta de inversión pública

Desde la organización se reivindica la rehabilitación de viviendas también por el hecho de que "es un sector con gran potencial para desarrollar que genera puestos de trabajo y beneficios sociales, económicos y ambientales." En este sentido, se propone dar "mayor coherencia en el marco normativo de la rehabilitación y realizar planificaciones consensuadas, tanto política como socialmente" y motivar la inversión pública en este sector. De hecho, según los datos, la inversión pública en España en vivienda y servicios comunitarios pasó de un 0,4% del PIB al 0,1% en el periodo 2007-2017.

"Los ajustes presupuestarios han mermado el sector de la construcción, y especialmente de la rehabilitación, que es la más intensiva en mano de obra", ha asegurado Guillermo. "Seguramente no tendría que volver a llegar a los niveles tan altos del 2007 pero tiene que mantener los que tiene ahora".

Además, desde el Consejo también se reclama diseñar paquetes de financiación pública y privada a largo plazo y que complementariamente se suscriban acuerdos voluntarios con las empresas comercializadoras de energía u otros mecanismos para financiar la rehabilitación energética; y modificar la regulación del IVA aplicado a la rehabilitación y la eficiencia energética.

Agravios

De hecho, las políticas y gestión de los recursos de vivienda están distribuidos entre las diversas administraciones. Los recursos públicos mes importantes provienen del Plan Nacional de la Vivienda y también de ayudas de la Unión Europea, pero son aplicados por las autonomías, que también aportan recursos, y finalmente las grandes ciudades se gestionan en consorcios locales. Todos acaban dependiendo de las asignaciones presupuestarias anuales: en el caso de España, el stock de viviendas que se someten a rehabilitación mayor es inferior a un 1%, mientras que Francia o Alemania están por encima del 1,5%.

En el 2018, en Catalunya se visaron direcciones de obra para ampliar, reformar o restaurar sólo 5.630 viviendas, el equivalente al 1% del parque, "claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades". Por el contrario, en España, el volumen de restauración y renovación de los edificios fue de 38.027 millones de euros, el 54% de la actividad edificatoria.

Finalmente, desde el Consejo Asesor, aseveran que "en Barcelona y en Catalunya en general, se han hecho cosas muy bien hechas, pero esta pericia y experiencia queda retenida porque no tenemos un plan global ni herramientas financieras para una financiación a largo plazo".