Valladolid y Terrassa son los dos mayores municipios del Estado español que han abierto procesos de municipalización del agua. La ciudad castellana ha servido de modelo y aliada a la catalana. Pero la realidad es que, contra lo que se pretendía, se ha producido una "multiprivatización" del servicio.

Así lo evidencia un informe elaborado por l'Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Un año después de la municipalización del agua en Valladolid, durante el 2018 se licitarán más de 40 contratos en el sector privado por valor de 23,5 millones de euros en diferentes áreas clave del ciclo del agua.

De los 28.011.000 euros del presupuesto total de la empresa pública de gestión del agua Aquavall, 11.487.738 corresponden, según el informe, a inversiones licitadas entre las cuales el desbordamiento de la red de alcantarillado, reforma de infraestructuras, el bombeo en diferentes puntos de la red o el servicio de atención al cliente.

Además, en los presupuestos aparece otra partida de 2,7 millones millones de euros asignada a "trabajos hechos por otras empresas o profesionales", por lo cual, la concesión de servicios a empresas privadas se eleva a 14,2 millones de euros, un 51% del presupuesto de Aquavall.

Incremento de proveedores

El informe sostiene que la "remunicipalización" del agua en Valladolid se ha revelado como una falacia. "Aquavall ha incrementado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización por la puerta de atrás", concluye el informe.

Además, se asegura que "la sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se convierte en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute negativamente en la prestación del servicio".

En mayo del 2017, el anterior alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, fue recibido por el de Valladolid, Óscar Puente, en una reunión que tenía como objetivo hacer frente común en favor de la municipalización del agua.

Municipalización en marcha

El proceso de municipalización del servicio del agua en Terrassa se puso en marcha en septiembre del 2017, si bien, el Ayuntamiento prorrogó una año más la actual concesión por parte de Mina, Aigües de Terrassa, la empresa que lo gestiona desde hace 75 años.

Curiosamente, una encuesta elaborada por el propio ayuntamiento, el Barómetro de la ciudad-Encuesta de servicio público 2018, reveló, paradójicamente, que el actual servicio tiene una alta valoración de los egarenses.