El debate de este miércoles en el Parlament sobre la limitación de los precios del alquiler ha sido bienvenido por las organizaciones sociales de vivienda, pero ha hecho saltar las alarmas en el sector inmobiliario. Las entidades ven contraproducente la aprobación de la medida y advierten que provocará una reducción de la oferta y "agravará" el acceso a la vivienda.
El director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Marc Realp, desvincula los "elevados precios" de los alquileres de un "abuso de posición de dominio" de grandes fondos, recordando que el parque de vivienda está formado tanto por grandes como por pequeños tenedores. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas celebra la medida como un "gran paso" y tilda de "tendenciosos" los argumentos "del miedo".
"La limitación de las rentas es una medida que, a corto plazo, beneficia a los que quieren alquilar una vivienda pero que, a medio y largo plazo, es perjudicial", alerta el analista económico y profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras, en declaraciones en la ACN.
Disminución de la oferta de vivienda
La entrada en vigor de la ley puede provocar, según el profesor, una "clara disminución" de la oferta de vivienda de alquiler, un incremento de la economía sumergida y un empeoramiento de la calidad de las viviendas por la falta de mantenimiento. Asimismo, Higueras advierte de una posible bajada de la inversión y del número de compraventas de viviendas.
El director general del ACCO, Marc Realp, también alerta de una tendencia a "homogeneizar" las rentas hacia el precio máximo y advierte que se podrían crear "listas de espera" para gestionar el exceso de demanda ante una oferta insuficiente. "Entendemos que está justificada la intervención de la administración en el aumento de las rentas porque es una razón de interés general. Dicho esto, entendemos que la regulación de los precios de alquiler a través de precios máximos puede tener un impacto positivo muy a corto plazo pero con efectos a corto, medio y largo plazo que se tienen que tener en cuenta" manifiesta.
Asimismo, el director general del organismo desvincula el comportamiento de las rentas de una situación de oligopolio en el mercado de alquiler. "Todo apunta que la consecuencia de los precios elevados no es un abuso de posición de dominio. Estamos delante de un escenario donde hay una mezcla de mayores y pequeños tenedores", asegura. De hecho, defiende que si el problema de precio fuera por un abuso de poder, la ACCO podría intervenir para forzarles a bajar.
"Desconocimiento del mercado"
Estas advertencias sobre las consecuencias de la entrada en vigor de la ley se han sumado a las realizadas este lunes por entidades del sector inmobiliario en Catalunya. "Las medidas coercitivas no darán el resultado pretendido y parecen fruto del desconocimiento del comportamiento del mercado de alquiler", afirmaban en un comunicado conjunto el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona – Lleida, el Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya (COAPI), la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona – Lleida.
De hecho, algunas de estas entidades se han reunido este lunes por la tarde con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para trasladarle "la más firme disconformidad y enfado por las formas y el fondo en los cuales sigue tramitándose la horrorosa propuesta de ley de los alquileres", en palabras del presidente de la Asociación Inmobiliaria de Catalunya (AIC) y del COAPI de Barcelona, Gerard Duelo. Las entidades del sector han pedido que once de los 34 diputados de Junts per Catalunya (JxCat) se abstengan o voten en contra de la proposición de ley para "permitir iniciar de nuevo el proceso de debate con la participación y opinión de todos los actores".
El 15 de julio, el Sindicato de Inquilinas presentó un acuerdo para registrar en el Parlament la proposición de ley, pactada con el Departamento de Justicia y con el apoyo de ERC, JxCat, CatECP y la CUP. Una semana después, JxCat presentó ocho enmiendas a la proposición de ley, que todavía mantiene a pesar de la apuesta del presidente del Govern, Quim Torra, para mantener el acuerdo inicial.
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha calificado la 'Proposición de ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda' de "gran paso". "Lo valoramos de forma muy positiva y creemos que sólo es el inicio de un camino que nos llevará a hacer regulaciones y políticas serias de vivienda que nos garanticen este derecho constitucional", afirma la portavoz de la entidad en la ACN.
Piso de alquiler en la plaza Catalunya de Girona / ACN
La portavoz afirma que "el único impacto" de la regulación será "que no se seguirán asfixiando de forma abusiva los inquilinos" y tilda de "falsos o tendenciosos" los argumentos "del miedo" utilizados por las asociaciones inmobiliarias. "No es una ley que impida hacer negocio, sino que pone ciertos límites a qué tipo de negocio se puede hacer con un bien de primera necesidad", defiende.
A modo de ejemplo, Juan Carlos Higuera se refiere a los casos de regulación de los precios del alquiler en Nueva York o Viena. El analista económico y profesor del EAE Business School asegura en este sentido que el mercado de alquiler de la capital de Austria es un "caso idílico", con cerca de un 65% de la población en régimen de arrendamiento y con la mayoría de viviendas de oferta pública. "No funciona porque se limite el precio, sino porque aumenta la oferta de viviendas de alquiler", precisa.
El incremento del parque de vivienda pública de alquiler es, de hecho, una reivindicación compartida por todas las entidades. "El sector público tiene que adoptar, por una parte, medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo y no mides restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras", manifiestan asociaciones inmobiliarias de Catalunya en un comunicado conjunto.
El director general del ACCO - organismo vinculado al Departament de la Vicepresidència y Economia i Hisenda – destaca el aumento de la oferta como una vía para encontrar un equilibrio en los precios. "Podemos incrementar la oferta y tratar de desviar la demanda", resume. En este sentido, propone mejorar las infraestructuras y la conectividad para que las personas no tengan la necesidad de vivir donde trabajan e impulsar otros polos de actividad económica para garantizar una mejor distribución de la demanda.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas también destaca la importancia de aumentar la oferta de vivienda pública "de forma urgente" pero asegura que se trata de una obra "faraónica y titánica" que no se puede hacer de un día por otro. "El parque que necesitaríamos es de hasta un 40% de vivienda pública, cuando ahora estamos al 1%", lamenta.
Dudas sobre la "constitucionalidad" de la ley
Más allá del debate sobre el posible impacto de la limitación de las rentas en el mercado de alquiler, las entidades inmobiliarias advierten que la "clara inconstitucionalidad" del texto creará un "tenso ambiente de inseguridad jurídica" en el sector. A través de un comunicado, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) asegura que la proposición de ley vulnera la Constitución, "viola los derechos constitucionales de los propietarios" y "atenta" contra el derecho a la propiedad privada.
Una pancarta en un balcón reivindica un alquiler social / ACN
En este mismo sentido se pronunció Foment del Treball Nacional este domingo, tildando la medida "de anticonstitucional y antiestatutaria". Según la patronal catalana, la proposición de ley vulnera la Constitución y el Estatuto en 18 puntos del articulado y es una medida que "hundirá" el mercado de alquiler a medio plazo.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas defiende la tarea de los letrados y juristas de la entidad, así como del mismo Govern. "Otra cosa es que, evidentemente, como en el caso de cualquier norma que causa un impacto, hay muchos intereses", concluye.