Hay acuerdo. Ha costado dos meses y duros reproches, pero finalmente los cuatro grupos que registraron la propuesta de ley para regular los alquileres, JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP, han llegado a un acuerdo, junto con el Sindicat de Llogaters.

Así lo ha anunciado la tarde de este miércoles el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, en una atención a los medios de comunicación. Hemos llegado a un acuerdo de país. Queríamos un acuerdo que defendiera los pequeños propietarios y los inquilinos de verdad", ha comentado.

"Ahora es un proyecto de ley mucho mejor y mucho más potente", ha explicado Batet. El acuerdo se plasmará con una enmienda transaccional de los cuatro grupos que el dirigente de JxCat ha asegurado que votarán a todos los diputados de su grupo, en referencia a los cuatro que se han quedado en el PDeCAT.

Batet ha afirmado que el nuevo acuerdo sitúa al "propietario vulnerable" en una horquilla de entre 2.000 y 2.500 euros de ingresos. "Dependerá del territorio y de cada ciudad y pueblo", ha aclarado.

 

El Sindicat de Llogaters ha celebrado el acuerdo también desde la cámara catalana. Su portavoz, Jaime Palomera, ha asegurado que el nuevo acuerdo no modifica el contenido de fondo del texto original. "Queremos enviar un mensaje a los millares de familias asfixiados por alquileres abusivos y decirles que ya no tendremos que sufrir porque nos echen de casa si no aceptamos la subida del alquiler y que gracias a esta ley podremos firmar nuevos contratos con bajadas", ha reivindicado.

Así pues, la ley para regular los alquileres será aprobada esta tarde después de que se haya llegado al acuerdo de que los propietarios con unos ingresos inferiores a los 2.500 o 2.000 euros (dependerá del municipio) serán considerados "vulnerables" y quedarán excluidos de la limitación de precios.

Otra de las modificaciones acordada es la posibilidad del propietario de repercutir el precio de las obras cuando estas impliquen una mejora de la calidad del inmueble. "Queremos evitar que se abra la puerta a la picaresca y se haga la trampa de hacer ver que se mejora la vivienda para subir el precio indiscriminadamente", ha advertido al portavoz del sindicato.

El resultado de la ley

La ley, que tiene como objetivo "regular la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda", limitará los precios de alquileres a partir de dos directrices: no podrán superar los índices de referencia de la Generalitat y tampoco podrán ser más altos que los de los contratos anteriores (en caso de que ya hayan llegado al límite del índice).

Los precios sí que se podrán incrementar, sin embargo, si las partes lo acuerdan y la vivienda cuenta con tres de las siguientes características específicas: ascensor, aparcamiento, muebles, calefacción o aparato de aire acondicionado, zonas comunitarias de uso compartido como jardín o terrado, piscina comunitaria, servicios de conserjería y vistas especiales; o si el propietario hace reformas que impliquen una mejora de la calidad del inmueble.

Esta limitación de los precios se aplicará en las áreas de mercado "tensas" y contemplará hasta 60 municipios.

La sombra del Tribunal Constitucional

Tanto Batet como Palomera han reconocido que la aplicación a la práctica de la ley dependerá de la voluntad del Gobierno para no llevar el texto al Tribunal Constitucional. De hecho, el Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtió, a instancias de los grupos de Cs y el PP, que parte de la ley era inconstitucional.

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