La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) impulsa una reclamación contra el Estado para exigir indemnizaciones por "daños y perjuicios" derivados del estado de alarma. En un comunicado, la asociación afirma que actúa "en defensa de los intereses del sector", que ha sufrido unas pérdidas de más de 13.000 millones de euros y el cierre de miles de empresas.

Según el presidente de FEVITUR, Tolo Gomilla, hay que compensar las medidas adoptadas porque han sido "contradictorias, incoherentes, restrictivas y penalizadoras" para los negocios. La reclamación de responsabilidad patrimonial por vía administrativa pretende recuperar las pérdidas y los beneficios perdidos y ayudar a regenerar el sector.

FEVITUR plantea la posibilidad de cobrar compensaciones por las pérdidas a través de dos tipos de procedimientos: una reclamación en el Estado por los daños provocados por la primera declaración del estado de alarma, y otra contra el Estado y las comunidades autónomas para los periodos posteriores.

Para recibir las compensaciones, cada perjudicado tiene que hacer una reclamación individual por responsabilidad patrimonial dirigida a la administración pública cuantificando los daños con precisión, explica FEVITUR.

Un caso inédito

El pasado mes de enero se dio un caso inédito con respecto a los pisos turísticos en España: el TSJC dio la razón a la demanda de una empresa dedicada a la actividad turística para que le rebajen en un 50% el precio del alquiler de unos pisos turísticos que tenía arrendados con un gran tenedor. La empresa en cuestión era la inquilina de estos inmuebles y alegaba la rebaja porque su facturación desde el inicio de la pandemia había caído a la mitad por la situación derivada de la Covid-19.

Lo que pasó es que la empresa VIENTRE SL presentó una demanda contra un gran tenedor de nombre Alfredo por el alquiler de 26 viviendas y un local situados en Barcelona, todos ellos destinados a la actividad turística, suspendida por la Covid-19 desde que se decretó el estado de alarma. Ventre dejó de pagar durante la primavera alegando que había perdido más de un 80% de su facturación y no podía asumir unos pagos mensuales de 40.877,55 euros.

Con todo eso, el juez dio la razón a la inquilina por "una alteración imprevisible" de las circunstancias y el tenedor, por lo tanto, no tiene derecho a una indemnización y tendrá que abonar los cobros recibidos desde el 15 de marzo del año pasado, en total 81.936,33 euros. Además, la sentencia también negó que la empresa haya incumplido ninguna obligación de acuerdo con la normativa marcada por el Gobierno.