La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentado este jueves una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra las diversas resoluciones dictadas por la Generalitat que implican restricciones a los sectores de la restauración y el ocio nocturno, según ha explicado la federación en un comunicado este jueves.

La demanda se ha acompañado de dos informes periciales realizados por consultoras que "dejan en evidencia la ineficacia de las medidas restrictivas" impuestas los últimos meses. Así, afirman que la principal fuente de contagios que provienen del ámbito social han sido reuniones de familiares y amigos, con una aportación media del 74% de los brotes y del 68% de los contagios; mientras que la aportación del sector de la restauración y del ocio nocturno han sido un 3% y un 1% de media, respectivamente.

Representantes de Fecasarm se reunieron ayer con el secretario general de Salut, Marc Ramentol, y la secretaria General d’Interior, Elisabeth Abad, y acordaron, según la entidad, "a seguir trabajando conjuntamente para flexibilizar las restricciones aunque sin concretar fechas".

Pruebas aportadas

La demanda, que incluye dos informes periciales de las consultoras Linkers y Siexein, expone que cuanto "más restrictivas han sido las medidas impuestas, más han empeorado los datos epidemiológicos" y que, la principal fuente de contagios provenientes del ámbito social han sido las "reuniones de familiares y amigos, con una aportación mediana del 74% de los brotes y del 68% de los contagios".

Además, el informe también expone que los equipos de desinfección del aire y superficie, pruebas de diagnóstico y tecnologías de motorización a tiempo real podrían haber sido soluciones "eficaces" en vez de restringir horarios y actividades.

Además, se ha adjuntado el resultado de una prueba piloto realizada recientemente en la Sala Apolo de Barcelona, que "demuestra que un local de ocio nocturno o de restauración, con medidas preventivas y de seguridad es un espacio seguro" y que el cierre ha promovido la celebración de fiestas ilegales sin medidas de seguridad.

La demanda defiende que las medidas impuestas por la Generalitat han sido del todo "desproporcionadas, arbitrarias, discriminatorias, ineficaces e incluso contraproducentes" y que las pérdidas que acumula el sector ya se encuentra cerca de los 10.000 millones de euros

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