La Generalitat ha remitido al Ministerio de Hacienda la información que le solicitó hace unos días sobre eventuales pagos o ayudas otorgadas desde el 2015 a empresas y medios caracterizados por ser afines al proceso soberanista o haber prestado servicios para el 1-O y que ha sido considerada como una 'caza de brujas' contra el soberanismo. El Departament d'Economia ha confirmado que el informe fue trasladado ayer antes del plazo límite que había marcado el propio Ministerio, y que expiraba el 12 de marzo.
La información recoge, según estas fuentes, las ayudas y pagos efectuados en el marco de su actividad ordinaria" por las 180 empresas que conforman el sector público catalán, y que integra todas las entidades y empresas públicas así como los diferentes departamentos de la Generalitat.
Entre esta información, se encuentran, por ejemplo, los datos de inserciones de publicidad de las empresas y organismos de la Generalitat y subvenciones genéricas a medios de comunicación.
En la carta dirigida a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, con fecha de 5 de marzo, el Ministerio de Hacienda instaba a informar sobre pagos o ayudas otorgadas desde el 2015 a más de sesenta personas, empresas y medios.
En el primer lugar de esta lista remitida por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, figura el empresario Oriol Soler Castanys, que fue consejero delegado del diario Ara entre el 2010 y el 2012, así como otros nombres como los de los periodistas y fundadores del Ara Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om y Xavier Bosch.
Además, se requería información sobre la sociedad Ara Llibres y Edició de Premsa Diari Ara, y eventuales pagos a la sociedad del grupo Mediapro, a Editorial Alpha y a la revista Sàpiens.
El requerimiento incluía también los pagos efectuados a las empresas T Systems Iberia, IBM Global Services Espanya, International Businesss Machines y DXC Technology Spain.