El ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, hizo saltar las alarmas este jueves cuando, contra todo pronóstico, anunció que la generación del 'baby boom' tendría que trabajar más tiempo si quería mantener sus pensiones tal como estaban previstas; si no, verían ajustados sus ingresos una vez se jubilaran.

Veinticuatro horas más tarde, el mismo ministro ha rectificado sus declaraciones alegando que el mecanismo de equidad intergeneracional, lo que reduciría las pensiones de esta generación, todavía no se ha negociado y de hecho, todavía no está ni sobre la mesa. Además, el ministro ha asegurado que fueron "reflexiones en voz alta" y que "no tuvo su mejor día".

Así lo ha dicho el titular de la Seguridad Social en una rueda de prensa al lado de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, para informar sobre los últimos datos del paro, que han marcado un retroceso histórico este mes de junio después de las malas cifras provocadas por la pandemia.

Aparte de las excusas sobre sus palabras, Escrivá ha lamentado que "probablemente se me entendió mal" y ha destacado que hay que valorar "el avance extraordinario" que supone la reforma parcial de las pensiones que firmaron este jueves el Gobierno y los agentes sociales que, entre otros acuerdos, deroga el factor de sostenibilidad, una medida que vinculaba las pensiones al aumento de la esperanza de vida, y ha recordado que a partir de ahora las pensiones irán vinculadas de forma "permanente"  con el IPC, tanto para los pensionistas actuales como para los futuros.

Los sindicatos no pactarán ningún recorte

Ante las polémicas declaraciones de Escrivá, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya avisó este jueves de que las palabras del ministro eran una "salida de tono" y también advirtió que, en ningún caso, los sindicatos darían apoyo a un recorte de las pensiones.

Así lo aseguró en declaraciones a la Cadena Ser, donde Álvarez señaló, como también ha dicho hoy Escrivá, que el factor de equidad todavía "no está ni planteado" y sobre el cual todavía no se ha llevado "ninguna propuesta" en la mesa de negociación. "Me parece una salida de tono el día de la firma de una cierta consideración", ha indicado.

Reforma de las pensiones

Como ya se ha dicho muchas veces, el pacto firmado este jueves es solo la primera parte de la reforma de pensiones que España se comprometió a hacer con Bruselas en el Plan de Recuperación. Dentro de este primer pacto se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones aprobada por el PP el año 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

Es por eso que el acuerdo, desarrollado en forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular la revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al principio del año.

Tal como ha avanzado en múltiples ocasiones el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar la jubilación anticipada del mercado laboral cuando esta es voluntaria. Así, el texto limita con carácter general las jubilaciones forzosas: se prohíben antes de los 68 años y solo se permitirán en los sectores con baja presencia femenina, en los cuales la salida del trabajador jubilado forzosamente comporte la contratación de una mujer, y siempre que el trabajador retirado tenga derecho al cobro del 100% de su pensión por haber tenido una larga carrera.

Al mismo tiempo, esta reforma también penalizará a todos aquellos trabajadores que se acojan a la jubilación anticipada voluntaria. En este caso se aumentan las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal, pero se rebajan para los que lo hagan en el resto de posibilidades: 22 meses antes, 21 meses antes... Se trata de que las personas que se jubilan anticipadamente de forma voluntaria retrasen dos o tres meses su decisión para obtener una pensión mejor que con las reglas actuales. Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada involuntaria (a la cual acceden, incluso cuatro años antes de la edad legal, las personas que han perdido su trabajo) se mejoran en todos los casos.

Si la jubilación anticipada se desincentiva, la que se incentiva con esta nueva reforma es la jubilación demorada. Se prevé una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que podría llegar a los 12.060 euros) por cada año que un trabajador decida retrasar su edad de jubilación más allá de la edad legal.

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