Una de las principales consecuencias de que decaiga el estado de alarma por el coronavirus es que suceda lo mismo con las medidas laborales y económicas aprobadas por el Gobierno, en concreto con el decreto que prohíbe despedir a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Ante las dudas generadas en los últimos días ante la posibilidad que Pedro Sánchez no cuente con una mayoría suficiente para prorrogar el estado de alarma, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha sido muy claro hoy martes cuando ha asegurado que el ejecutivo adoptarà las medidas necesarias para mantener los ERTE i evitar un efecto negativo en los trabajadores.
Desde que comenzó la crisis del coronavirus 3,38 millones de trabajadores están afectados por una situación de suspensión total o parcial por ERTE, más de 700.000 en Catalunya, por causas de fuerza mayor.
Plan alternativo
El secretario de Estado de Trabajo ha defendido en todo momento la conveniencia de la mantener el estado de alarma, pero ha insistido que en caso de que no prospere la prórroga el Gobierno pondrá en marcha un plan alternativo para no dejar desamparados a los trabajadores afectados. Este plan podría pasar por la aplicación de un decreto específico.
De hecho el Gobierno lleva dos semanas negociando con la patronal y los sindicatos el cambio de la situación jurídica de los trabajadores afectados por ERTE con vistas al avance del desconfinamiento. Están negociando una especie de decreto-puente que clarifique qué se entiende por fuerza mayor, concepto más propio del derecho civil que del laboral. Se trata de que las empresas que están ahora en situación de ERTE no tengan que presentar otro expediente de suspensión temporal de empleo si decae el estado de alarma, lo que obligaría a volver a negociarlo con los sindicatos y a cumplir los plazos administrativos.