La convocatoria de nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre no gusta a la mayoría del empresariado catalán, que considera que es "perpetuar la situación de inestabilidad", y se añade "el lamento" que los partidos políticos "no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo". Desde las principales patronales catalanas se llega a una opinión unánime: "no es una buena noticia para los empresarios".

Desde la patronal egarense Cecot, presidida por Antoni Abad, consideran "una pérdida de tiempo" la nueva convocatoria electoral y explican que "lo que no entendemos es que nos obliguen a responder la misma pregunta dos veces seguidas. El tiempo es un factor clave en la competitividad de las empresas y un bien preciado de las personas". En este sentido, la patronal considera que "unas nuevas elecciones dilatan la situación de inestabilidad que estamos viviendo en los últimos años y un nuevo paro supondrá pérdida de competitividad respecto de otros países y un freno a la capacidad para desplegar y hacer avanzar políticas y proyectos que impulsen la actividad económica y el bienestar social y colectivo que necesita el país".

Otro de los problemas que comporta unas nuevas elecciones es la prórroga más larga de cara los presupuestos. La Cecot reclama la aprobación de las cuentas "para hacer avanzar la economía productiva", diciendo que "es inviable e insostenible que a fecha de hoy, tanto el Govern de la Generalitat como el Gobierno de España gestionen con presupuestos prorrogados y, más preocupante todavía, es el hecho de que empiece a ocurrir una normalidad".

Los presupuestos también es uno de los principales factores de preocupación para Foment del Treball, la patronal de Josep Sánchez Llibre, que avisaba durante la presentación del informe de coyuntura de hace unos días que "en caso de repetirse elecciones el próximo 10 de noviembre, lo que es seguro es que no estará presupuestos el día 1 de enero, cosa que es esencial para reducir los riesgos políticos".

En la misma línea que la patronal vallesana, Fomento considera que "en un momento de mayores incertidumbres económicas y políticas, fundamentalmente en Europa, las empresas, familias y trabajadores están preparados para seguir construyendo un país mejor que impulse la actividad económica, afronte el reto tecnológico y facilite la competencia profesional y formativa", pero recuerda que "este esfuerzo ciudadano requiere del apoyo de un Gobierno estable que gestione desde el liderazgo democrático las principales políticas estratégicas del país y facilite los recursos adecuados según las prioridades. Es necesario impulsar la inversión pública y asegurar el crecimiento económico del país", asevera la casa de las grandes empresas.

Por último, la sensación "negativa" del giro político también la comparte Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa liderada por Josep González, quien ve "con preocupación la falta de estabilidad que comporta este escenario y lamenta que las formaciones políticas actúen únicamente en clave partidista y no con la voluntad de defender los intereses generales del país" y "apela a la responsabilidad de los partidos políticos a fin de que puedan llegar a acuerdos efectivos que den estabilidad para gobernar en una legislatura sólida y duradera y que permita que la economía y el tejido empresarial pueda seguir creciendo".

Desde la patronal de pymes recuerda "la necesidad de emprender las reformas y acciones que ayuden a crecer y fortalecer el tejido productivo". En este sentido, avisa de que "haría falta bajar la fiscalidad de las pymes y adaptarla en las diferentes estructuras organizativas de las empresas. Con respecto a la energía, hay que actuar para reducir el coste energético que pagan las pymes y los autónomos, el más alto de Europa y, sobre la morosidad hay que instaurar de una vez un régimen sancionador que penalice las empresas que no cumplen con la ley de lucha contra la morosidad".

En infraestructuras, Pimec dice que "hace falta que se cumplan las inversiones presupuestadas en Catalunya y hacer realidad el Corredor Mediterráneo. Por otra parte, hay que disponer de una ley de la Segunda Oportunidad con efectos reales para ayudar a los empresarios honestos que han ido a la quiebra y que quieren volver a emprender. Por último, en materia de autónomos, y entre otras medidas, "se tendría que adaptar la cotización en función de los volúmenes de actividad de cada autónomo".

En definitiva, el empresariado no está contento con este desenlace en el congreso de los diputados. Más allá de los ideales políticos de cada uno, se evidencia el consenso empresarial en la "necesidad de un gobierno estable" y el rechazo, en bloque, del mareo electoral y político del cual España no acaba de salir.