La guerra dentro del Supremo por las hipotecas continúa abierta y las heridas se evidencian. Doce jueces del Tribunal Supremo se han opuesto, por escrito, a la resolución del Pleno del Supremo del día 6 de noviembre, que determinaba que era el cliente quien se tenía que hacer cargo del impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentado después de una semana de alboroto con los bancos y los clientes.

Recordamos que la decisión del Supremo surgió después de dos jornadas de reuniones de los 28 magistrados y que acabó con una votación muy ajustada: 15 votos a favor que fueran los clientes quiénes pagaran y 13 en contra. Con este escrito, se hace patente la fractura entre los magistrados del Pleno, en el que 12 de ellos se han opuesto a la decisión tomada en el momento.

Los escritos critican el fondo y la manera de tomar la decisión -pasante por encima de la decisión de la Sección Segunda que decidía que eran los bancos quién tenían que cargar con el impuesto-, y lo hacen con dureza, con frases como "si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, como podrá pedirse el respeto a la misma por los Juzgados y Salas del Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional?" Como esta, son frases firmadas bajo el voto particular del expresidente de la Sala, José Ramón Sieira.

Al mismo tiempo, en el escrito, se asegura de que admitir la posibilidad de que el Pleno de la Sala pueda revisar, confirmar o modificar lo que decide una Sección "atenta no sólo contra el valor reforzado que con el nuevo recurso de casación quiere dar al legislador a la jurisprudencia, sino también contra la seguridad jurídica que las sentencias firmes del Tribunal Supremo deben llevar aparejada por su propia naturaleza y contra el principio de confianza legítima".

Seguridad jurídica y confianza "quebrantada"

Además, Sieira explica que su "discrepancia" se basa en tres razones. Por un lado, "los argumentos que afloran sobre esa cuestión del sujeto pasivo permiten constatar que son más consistentes los que llevan hacia el acreedor hipotecario que los que conducen hacia el prestatario". En segunda instancia, "el principio de seguridad jurídica, constitucionalizado en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna, nunca puede ser por sí solo un freno para el cambio jurisprudencial cuando, en el nuevo debate que haya sido suscitado sobre determinadas controversias jurídicas, aparezcan unos argumentos favorables a dicho cambio que presenten una superior fuerza persuasiva".

Por último, Sieira alega a la confianza social en la administración, algo que considera "esencial", y que "queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes".

 

 

Además de Sieira, otros magistrados firman votos particulares, como Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, Nicolás Maurandi Guillén, José Manuel Bandrés, Francisco José Navarro y Fernando Román con el apoyo de todos los que votaron en contra de que fueran los clientes quienes asumieran el AJD en la reunión de dos días. Todos salvo Antonio Díaz Delgado que considera que ya expresó su opinión en el momento. 

Con estos escritos quedan en evidencia las discrepancias que ya se dejaron entrever durante las reuniones maratonianas y la resolución final: 15 a 13. El asunto del impuesto hipotecario quedó cerrado con el decreto de Pedro Sánchez, que decidió cambiar la ley para que "nunca más los españoles tengan que hacer frente a este impuesto", pero las fricciones en el órgano judicial permanecen.