El día después de que Catalunya constatara que los presupuestos "más sociales de la historia" no se aprobarán y ni siquiera se debatirán en el Parlament, el ministro en funciones, Cristóbal Montoro se ha frotado las manos bajo una sonrisa desconcertante. Esta actitud no era en vano ya que él es quien fijó el objetivo de déficit anual del 0,7%, una cifra que ha acabado resultando el talón discrepante de estos presupuestos. Mientras que el conseller d'Economia y vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, se amparaba en este objetivo "sistemáticamente sesgado" para tildar las cuentas anuales de "realistas", la CUP lo consideraba un gesto de obediencia hacia el Gobierno español.
Montoro se ha atrevido incluso a bromear ante la imposibilidad de que Catalunya apruebe sus presupuestos para el 2016: "¿Se imaginan que me informara previamente la CUP?", ha preguntado a los periodistas. Con este sutil interrogante sin intención de respuesta, el ministro de Hacienda pretendía negar con un toque de humor cualquier tipo de intencionalidad temporal ante la decisión tomada este jueves de pagar 980 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la financiación del déficit excesivo a Catalunya así como un total de 8.816 millones al conjunto de comunidades autónomas. Un día después del veto de la CUP y pocas horas antes de que empiece la campaña electoral del 26J.
Montoro sale ganando
Bajo la misma línea estratégica que el PP, Montoro ha remarcado la "inestabilidad política" de Catalunya, ya que se ha confiado en unos socios que son fiables "para unas cosas, pero no para aprobar unas cuentas públicas que son el proyecto de un gobierno". Y nuevamente en clave partidista, ha recalcado que esta situación "no es tan arriesgada ni tan negativa" ya que no obstaculiza "afortunadamente" el crecimiento y la creación de empleo de Catalunya gracias a la ventaja que implica "estar en España y en Europa".
Pero todavía hay más. Montoro sonríe y bromea porque la prórroga de los presupuestos no sólo imposibilita sacar adelante las nuevas partidas sociales o los 48,5 y los 51 millones destinados a la Hacienda propia y la acción exterior, respectivamente, sino que también permite reducir el polémico nivel de déficit y agilizar el retorno de la deuda de acuerdo con la ley de estabilidad que fue impuesta desde Bruselas.
Dicho de otra manera, el control del gasto público que pide la Comisión Europea a España y que España filtra tanto como puede a las comunidades autónomas, se producirá implícitamente en el caso de Catalunya, que dejará de sumar los más de 1.110 millones de incremento que estaban previstos para los presupuestos de este año, de los cuales prácticamente un 79% correspondía a gasto social. Tal y como ya advertía el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, en una de sus reuniones con miembros del Col·legi d'Economistes y de Foment del Treball: prorrogar los presupuestos permite controlar el déficit pero imposibilita sacar adelante todo el resto.