“No podemos aceptar una mutualización de la deuda. Es inmoral que los países que incumplen las reglas en los buenos momentos, exijan solidaridad en los malos”. Así de contundente ha sido el ministro de Finanzas de Austria, uno de los socios de la Unión Europea (UE) que se opone a los denominados "coronabonos" que tanto piden España e Italia.

El Eurogrupo, que ha retomado hoy la reunión del martes que terminó sin acuerdo, sigue dividido y, aunque la intención por parte de los estados miembros era la de llegar a un acuerdo, la tensión se hace evidente con las declaraciones del ministro austríaco. 

Unas declaraciones que sustenta con los datos de la deuda. Austria ha pasado de una deuda del 65% del PIB en 2007 al 71,8% en 2019. Por su lado, España pasó del 35,8% al 98,9% en el mismo periodo, y en Italia pasó del 103,9% al 138% en estos años, incumpliendo los objetivos marcados por la institución. 

"No queremos que Austria sea garante de las deudas de otros países. Pero al mismo tiempo, ayudaremos a los socios más afectados por la crisis del coronavirus de forma solidaria y europea", agregó esa fuente.

División en Europa

Austria es, junto con Alemania, Holanda y Finlandia, uno de los estados que rechaza de forma tajante emisiones conjuntas de deuda para hacer frente a la profunda recesión y el elevadísimo desempleo que causará la crisis.

Los ministros del Eurogrupo llevan dos semanas trabajando en un paquete de medidas por casi medio billón de euros para complementar las acciones ya adoptadas, con rapidez y envergadura inusuales, por los gobiernos y el Banco Central Europeo.

La activación de una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo, que podría conceder hasta 240.000 millones de euros a los países para hacer frente a la pandemia, se ha convertido en un escollo en las negociaciones.

El bloqueo reside en las condiciones que deberían cumplir los países que accedan a las ayudas y, en particular, en las exigencias de Holanda para imponer requisitos específicos a cada Estado para asegurar que las ayudas no salen gratis, según fuentes europeas.

Aunque los veintisiete están de acuerdo en que las exigencias no pueden ser las mismas que las impuestas en los rescates financieros de la anterior crisis, con programas de austeridad, La Haya sigue reclamando que a largo plazo se apliquen también ajustes.