La Agència Catalana de Consum (ACC) ha abierto ya 141 expedientes a grandes tenedores por haber incumplido la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o familias vulnerables. De todos estos expedientes sancionadores que Consum ha abierto desde el mes de febrero de 2019 -fecha del levantamiento de la suspensión cautelar del artículo 5 de la Ley 24/2015-, ya hay 57 que se han resuelto con sanción por infracción grave, con multas de hasta 30.000 euros. Según ha explicado el director de la ACC, Francesc Sutrias, de estas sanciones ha habido diez que han estado en Terrassa, seis en l'Hospitalet de Llobregat y cuatro en Castelldefels.
Sutrias también ha avanzado que la agencia que él dirige contratará a 19 profesionales para velar que los grandes tenedores ofrecen alquiler social a personas en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, el Departament d'Empresa y Treball destinará 1,5 millones de euros a hacer posible la contratación de estos 19 nuevos trabajadores de la ACC, que se dedicarán exclusivamente a garantizar que los grandes propietarios de pisos en Catalunya cumplen las obligaciones previstas a la Ley 24/2015, ampliada por la 1/2022, contra los desahucios y la pobreza energética.
Entre los puntos clave, está la obligación de ofrecer un alquiler social a familias en situación de exclusión residencial. "Estos refuerzos permitirán la tramitación de unos 100 expedientes cada mes durante los dos años de duración del programa," ha calculado el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que también ha anunciado una campaña informativa valorada en 240.000 euros con el objetivo que los consumidores conozcan sus derechos en materia de acceso a la vivienda.
Las entidades sociales celebran la apertura de expedientes
Delante de todo eso, varias entidades sociales ya se han apresurado este lunes a celebrar la apertura de expedientes a grandes tenedores para no ofrecer alquiler social a las familias vulnerables. Consideran que se trata de un primer paso "positivo" pero también alertan de que "faltan muchos más" como actuar para evitar los desahucios, multar, realojar o aumentar el parque de vivienda de emergencia y el de vivienda pública protegido.
"Catalunya sigue encabezando el ranking de desahucios de todo el Estado y medidas como la Ley 24/2015 son clave para evitar una nueva oleada de desahucios, que se prevé cruda en un contexto de inflación disparada y recesión económica a la vista", apuntan la PAH, el Observatori DESC o la Alianza contra la pobreza energética, entre otros.
Asimismo, aseguran que "seguirán de cerca" el plan de actuaciones presentado hoy por Consum, "para asegurar que funcionen y respondan al reclamo de las personas en riesgo de perder su vivienda". "El mensaje para los grandes propietarios claro está: en Catalunya no se puede desahuciar sin ofrecer alquileres sociales. Ahora se tiene que hacer valer con contundencia, sancionando y poniendo los recursos que haga falta para que resuene y sea una realidad", concluyen.