Inmersos de pleno en la última fase de la reforma del sistema de pensiones, crece el temor de un aumento de los años cotizados. Aunque el ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó el pasado lunes que no se ampliaría a los 35, en ningún caso cerró la puerta a aumentar o modificar la base de los 25 años actuales y se limitó a definir como "pequeños ajustes" los cambios que se contemplan. En paralelo, el Banco de España ha publicado un estudio sobre las consecuencias que puede provocar a los trabajadores, incrementar esta cifra.
Propuesta a los 29 años
De entrada, señala que simultanear la ampliación del periodo de cálculo a 35 años, dejando de lado los años más desfavorables para determinar la base reguladora, permitiría suavizar la caída de la pensión inicial media, a la vez que reduciría la heterogeneidad de las pensiones. Ahora bien, la desigualdad caería en menor medida que si se restringiera el periodo de cálculo únicamente en los 35 anteriores a la pensión. A modo de ejemplo, el informe apunta que tomar en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación daría una pensión media similar (-0,1%) a la resultante de tener en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación.
Y, a grandes rasgos, las repercusiones en negativo afectarían a un mayor número de personas. Esta forma de determinar la base reguladora produciría, por término medio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones que se sitúan por debajo de la media (respecto de un escenario donde la base reguladora se calcula a de los 25 años anteriores a la jubilación) y una caída de la prestación inicial para las pensiones más altas. Ampliar el periodo de cálculo tendría un impacto heterogéneo entre pensionistas. En particular, el efecto sería menor para las pensiones por debajo de la media, cosa que redundaría en menos desigualdad," destaca el organismo.
Disminución adicional del 8,2%
Si nos fijamos en las consecuencias que ya provocó la extensión del periodo de cálculo de la base reguladora desde los 15 hasta los 25 años, periodo actual, tenemos que ahora hay una reducción de la pensión inicial media de un 5%. Si vamos más allá con una ampliación desde 25-35 años provocaría una disminución adicional del 8,2%, según se desprende del estudio publicado por el Banco de España titulado 'Estimación del impacto de variaciones en el periodo de cálculo de la base reguladora sobre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación'. Según el estudio, el efecto marginal de ampliar un año el periodo de cálculo sería creciente en el número de años computados. Por ejemplo, entre 15 y 25 años, un año adicional del periodo de cálculo disminuiría en media la pensión inicial un 0,5%, mientras que, entre 25 y 35 años, esta reducción media aumentaría hasta un 0,9%.
Actualmente, uno de cada tres trabajadores, en su última etapa de la vida laboral, ya no presenta el éxito más importante de su carrera. Pero este colectivo sólo representa aproximadamente un tercio del total, por lo cual si se aplica como norma general, perjudicaría dos de cada tres futuros pensionistas que mantienen carreras que hasta ahora eran las habituales, de cotización creciente a medida que avanza su vida laboral, por eso sus pensiones serían menores que con la fórmula de cálculo habitual.
Repercusiones según el género
El informe destaca que, bajo el cambio en la pensión inicial media señalado, fruto de los diferentes periodos de cálculo de la base reguladora, subyace una alta heterogeneidad según las diferentes características de los trabajadores y de su pensión. En primer lugar, en términos de género, la extensión del periodo de cálculo afectaría a la pensión media inicial de las mujeres y de los hombres de manera similar, si bien el efecto negativo sería un poco mayor para las mujeres en el caso de la extensión de 15 a 25 años, y un poco superior para los hombres en caso de una ampliación de 25 a 35 años. En particular, el paso de 15 a 25 años reduciría la pensión inicial de las mujeres y de los hombres el 5,4% y el 4,8%, respectivamente, mientras que el aumento de 25 a 35 años estaría asociado en una pensión inicial un 8,1% y un 8,3% menor para las mujeres y los hombres, respectivamente.
En segundo lugar, el incremento del periodo de cálculo de la base reguladora desde 15 a 25 años incidiría relativamente menos en la pensión inicial de los trabajadores con más de un año de lagunas de cotización o con más de un año de episodios de desocupación durante los 15 años previos a la jubilación. En tercer lugar, también habría una heterogeneidad relevante en el resultado de ampliar el periodo de cómputo de la base reguladora por cuantía de la pensión inicial, querida de acuerdo con un periodo de cálculo de 15 años.
En particular, la pensión inicial media de las prestaciones del primer cuartil experimentaría una reducción menor, mientras que la de las prestaciones del tercer cuartil soportaría una rebaja más intensa. En el caso de las pensiones más altas, correspondientes al último cuartil, el efecto de ampliar el periodo de cálculo desde 15 a 25 años generaría una reducción de la pensión inicial media del 4,7%, menor que el observado en las pensiones del tercer cuartil. Sin embargo, el efecto marginal de pasar de 25 a 35 años para las prestaciones del cuarto cuartil sería más acusado, ya que la pensión inicial media de las prestaciones en este cuartil caería un 10,1%.