Utrecht (Países Bajos independientes), 27 de septiembre de 1711, hace 314 años, los representantes diplomáticos François Gaultier —agente de confianza de Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy y secretario de Estado del rey Luis XIV de Francia— y Matthew Prior —agente de confianza de Henry Saint-John, secretario de guerra de la reina Ana I de Inglaterra y futuro vizconde de Bolingbroke— alcanzaban un acuerdo secreto para poner fin a la guerra de Sucesión hispánica (1701-1715). Aquel acuerdo, negociado a espaldas del resto de contendientes, implicaba la concesión de importantes compensaciones territoriales y económicas para los británicos a costa de la monarquía hispánica.
Gaultier y Prior acordaban confirmar la posesión de Gibraltar y de Menorca a favor de la Gran Bretaña, ocupadas durante la guerra de Sucesión hispánica (1704 y 1707, respectivamente) por armadas aliadas austriacistas en nombre de Carlos de Habsburgo. A cambio, Gran Bretaña se retiraba de la guerra, rompiendo el equilibrio de fuerzas que había presidido aquel conflicto y forzando al resto de contendientes de la alianza internacional austracista —catalanes incluidos— a buscar, de forma individualizada, una salida negociada. Catalunya, el único país de la península Ibérica que aún resistía con determinación la ofensiva borbónica, acabaría quedando sola. Londres incumpliría los acuerdos previos con los catalanes. ¿Solo a cambio de Gibraltar y Menorca?
¿Por qué Inglaterra tenía un compromiso especial con Catalunya?
Para entender el desarrollo de aquella trama, necesitamos retroceder unos años y situarnos en la primera parte del conflicto. El 20 de junio de 1705, Domènec Perera y Antoni Peguera —representantes del mayoritario pero clandestino partido austracista catalán— pactaban el ingreso de Catalunya al conflicto sucesorio hispánico, que equivalía a decir a la primera gran guerra europea del siglo XVIII. Para hacer posible aquel acuerdo —llamado Pacto de Génova—, Inglaterra —a través de su representante plenipotenciario Mitford Crowe— y, posteriormente, el resto de aliados austracistas reconocían a Catalunya lo que ya estaba contemplado en sus Constitucions: su naturaleza de sujeto político con capacidad de decidir por sí misma su futuro.
En aquel acuerdo se estipulaba que Catalunya movilizaría un ejército propio para expulsar al aparato de dominación borbónico y que las Cortes catalanas proclamarían a Carlos de Habsburgo conde de Barcelona. A cambio, el poder inglés (en aquel momento Inglaterra y Escocia aún no habían firmado el Acta de Unión), se comprometía a hacer valer siempre el sistema foral catalán (el autogobierno articulado por las Constitucions y las instituciones), con independencia del resultado de la guerra. Por lo tanto, pasados seis años (1705-1711), pero con el tratado plenamente vigente, la reina Ana I, el lord del tesoro —equivalente a primer ministro— Robert Harley, conde de Mortimer, y el secretario de guerra Henry Saint-John estaban obligados a negociar con esta premisa.
¿Qué compensación introdujo Versalles para inclinar a los ingleses al pacto?
El ejecutivo conservador —tory—, que gobernaba Gran Bretaña desde 1707, había manifestado una tímida voluntad de buscar una salida negociada al conflicto hispánico. Pero no sería hasta la remodelación ministerial de mayo de 1711 y el nombramiento de los “halcones” Robert Harley y Henry Saint-John que esta postura empezaría a cobrar fuerza y se multiplicarían los contactos con la cancillería francesa. Harley y Saint-John, plenamente conscientes de lo que realmente esperan de aquella negociación, introducen un nuevo elemento: el comerciante esclavista Edward Colston, directivo de la Royal African Company (una compañía privada que tenía el monopolio inglés del comercio de esclavos), amigo personal de los dos dirigentes conservadores y uno de los hombres más ricos de Inglaterra.
El Asiento de Negros
La historiografía inglesa debate si Colston llegó de la mano de Harley y de Saint-John o fue una jugada maestra de Nicolas Mesnager, un potente comerciante de la Normandía, buen conocedor del negocio colonial y uno de los asesores del negociador francés François Gaultier. Sea como sea, a partir de la aparición de estos personajes, la negociación derivó hacia el negocio esclavista. Y Luis XIV, dispuesto a despojar a su nieto hispánico con el objetivo de encontrar una salida beneficiosa al conflicto, ofreció a los ingleses el Asiento de Negros, el monopolio de la Corona hispánica para el comercio de esclavos de origen africano en las colonias de América, y, desde la interrupción de los envíos de metales americanos (principios del siglo XVII), “la parte del león” del negocio colonial.
Este monopolio, creado en 1517, había sido siempre adjudicado a grandes comerciantes europeos, que lo explotaban por un período determinado. El Asiento de Negros era un negocio formidable, tanto para el Estado hispánico como para los sucesivos adjudicatarios que lo arrendaban. Y si bien es cierto que el pacto anglofrancés de 1711 contemplaba la gestión de este negocio con un tope de transporte de 4.800 esclavos al año y un plazo máximo de explotación de 30 años (pasado el cual lo tendrían que devolver a la Corona española), también lo es que Colston —el asesor en la sombra de Prior— conocía perfectamente todas las grietas del sistema militar colonial español (había introducido miles de esclavos de contrabando), y disponer de aquella plataforma prometía un formidable negocio.
La South Sea Company, un agujero de corrupción
Aquellos acuerdos se confirmaron con la definitiva paz entre la España borbónica de Felipe V y la Gran Bretaña (agosto, 1713). Pero la propiedad del Asiento de Negros no se traspasó a la Corona británica, sino a una empresa pública-privada llamada South Sea Company, creada en Londres ocho meses antes (enero de 1711) con el objetivo de absorber y refinanciar la deuda del Estado. Entre los principales accionistas de esta compañía figuraban la Corona, —¡oh, sorpresa!— el lord del tesoro —equivalente a primer ministro— Robert Harley, el secretario de guerra John Saint-John y el comerciante esclavista Edward Colston. Harley y Saint-John se permitieron el lujo de aconsejar a los catalanes que buscaran una capitulación lo más honrosa posible.
Durante los años inmediatamente posteriores (1713-1720), la South Sea Company se convirtió en el agujero de corrupción más grande del siglo XVIII británico. La intensa historia de la institución de aquellos años relata un extenso catálogo de escándalos, que iban desde el tráfico de información privilegiada para el beneficio de los directivos y de los grandes accionistas, pasando por los sobornos a políticos que gestionaban la deuda del Estado para mantener el esquema delictivo, o los préstamos con garantías falsas a los grandes tenedores de acciones para aumentar su participación, y acabando por la explosión de la burbuja de 1720, que enriqueció a unos cuantos como Harley (con beneficios del 1000% en tan solo seis meses) y condenó a la ruina a la mayoría de los pequeños inversores.
Bolingbroke, el arquitecto de la trama
No obstante, la auténtica medida de aquella gran trama delictiva la daría Saint-John. El uso de su cargo gubernamental para su beneficio personal lo había convertido en una de las grandes fortunas de Inglaterra. Pero, a principios de 1715, con el cambio de gobierno —a favor de los liberales, llamados whigs—, fue acusado de ser el arquitecto de la trama delictiva de la South Sea Company, y, acorralado, huiría a Francia y pondría toda su fortuna a disposición de una conspiración que pretendía deponer y asesinar al rey —el anglicano Jorge I— y coronar al pretendiente jacobita —el católico James Francis Stuart. Después de años de conspiraciones, traicionaría y desarticularía la causa jacobita y, a cambio, se le permitiría volver a Inglaterra, pero no a la primera línea política.
El Pacto o Tratado de Génova (20 de junio de 1705) nunca ha sido derogado por ninguna de las partes que lo firmaron (Inglaterra y el partido austracista catalán, y, poco después, Catalunya); por lo tanto, con el derecho internacional en la mano, el Pacto o Tratado de Génova sigue vigente. E Inglaterra, y por subrogación política Gran Bretaña, tienen una deuda con Catalunya y con los catalanes. Una obligación que sus representantes políticos de 1711 incumplieron a cambio de compensaciones territoriales para el Estado —Gibraltar, Menorca— y a cambio de escandalosos beneficios personales para los negociadores —el Asiento de Negros. Si Inglaterra quiere ser una nación honorable, debe recuperar el punto en que rompieron el acuerdo con los catalanes. La historia lo reclama.