Madrid, 5 de julio de 1931. Hace 93 años. Indalecio Prieto, dirigente del PSOE y ministro de Hacienda del primer gobierno de la II República española, ordenaba la retirada de todos los fondos de titularidad estatal depositados en el Banc de Reus. La retirada repentina de todos esos fondos, que representaban más de la mitad de los depósitos de la entidad, impidió la atención de los vencimientos negociados por los pequeños clientes del banco (letras de cambio, pagarés, giros, etc.). En esa época, no existía el Fondo de Garantía de Depósitos (si es que en la actualidad se puede considerar que es algo más que un adorno del sistema), y una oleada de terror se apoderó de la clientela de la entidad reusense, que —en cuestión de horas— retiró los saldos que encontró. El 7 de julio de 1931, el Banc de Reus quebraba y cerraba sus puertas.
El contexto social y político: Catalunya
Cuando se produjo esa quiebra, hacía dos meses y medio que se habían celebrado las elecciones municipales que habían conducido a la liquidación definitiva del régimen dictatorial de Primo de Rivera, a la caída de la monarquía de Alfonso XIII, a la restauración del autogobierno de Catalunya y a la proclamación de la II República española (14 de abril de 1931). A principios de julio de 1931, Catalunya —en ese momento, el único territorio autónomo de la República— estaba gobernada por el president Macià (Estat Català-ERC), que lideraba un gobierno provisional de concentración, formado por consellers de ERC, Acció Catalana (Carrasco i Formiguera), la Unió Socialista de Catalunya (que no tenía ningún vínculo con el PSOE), la UGT (el conseller ugetista Vidal i Rosell fue el único miembro del ejecutivo que se opuso a la oficialidad del catalán) y el PRR lerrouxista.
El contexto social y político: España
En ese mismo momento, el gobierno central estaba dirigido por el presidente Alcalá-Zamora (Derecha Liberal Republicana), que lideraba un ejecutivo —también de concentración— formado por once ministros, tres de los cuales eran del PSOE: el polémico Francisco Largo Caballero (líder de la UGT que había colaborado con el régimen dictatorial de Primo de Rivera), en la cartera de Trabajo; Fernando de los Ríos, en la de Justicia, e Indalecio Prieto, en la de Hacienda. En este punto, es muy importante destacar que Prieto era el ahijado político de Horacio Echevarrieta, uno de los principales accionistas de los bancos de Bilbao, de Vizcaya y de Santander, de la energética Iberduero y de la aerolínea Iberia. El padrino político de Prieto era amigo personal del depuesto rey Alfonso XIII y era el hombre más rico de la República española.
¿Qué era el Banc de Reus?
El Banc de Reus había sido fundado en 1862. Pero su etapa dorada llegaría a partir de 1921, cuando fue adquirido por los negociantes Fàbregas y Recasens y convertido en una entidad puntera. Absorbió a los bancos de Barcelona, de Tarragona y de Tortosa, abrió sucursales por todo el Principat y en las principales capitales europeas, y se convirtió en la primera entidad financiera catalana y una de las cuatro principales del estado español. Los propietarios del Banc de Reus, bien relacionados con las oligarquías madrileñas y, por lo tanto, con los ministros del régimen dictatorial de Primo de Rivera (especialmente con José Calvo Sotelo), lograrían el monopolio de la gestión bancaria de varias empresas públicas, como Campsa o Cepsa, lo que lo dimensionaría extraordinariamente, pero que también lo sobreexpondría a los riesgos políticos.
¿Qué planes tenía el gobierno de Catalunya con el Banc de Reus?
El president Macià tenía muy claro que la autonomía política no sería posible sin la llave de la caja (la autonomía financiera). Y encargó al conseller Serra i Moret (Unió Socialista de Catalunya y nada que ver con el PSOE), un estudio para la creación de un banco público catalán. La buena relación y la afinidad ideológica entre el president Macià y Evarist Fàbregas, máximo accionista del Banc de Reus, centró el foco sobre la entidad del Baix Camp. En esa negociación, se perseguía un doble objetivo. En primer lugar, alejar a la entidad catalana de la "pinza" hostil del ministro Prieto (PSOE) y del banquero Echevarrieta (bancos de Bilbao, de Vizcaya y de Santander), que ya se había puesto de manifiesto y que amenazaba la supervivencia de la entidad. Y, en segundo lugar, transformar la entidad reusense (por la vía de la compra), en el Banc Públic de Catalunya.
El ministro Prieto precipita la desaparición del Banc de Reus
Cuando el ministro Prieto (PSOE) tuvo conocimiento de esas negociaciones, se dispararon todas las alarmas del poder de Madrid. Del económico y del político. Aquella información habría sido filtrada, muy probablemente, por un conseller de la Generalitat, y en este punto todas las miradas apuntarían hacia Salvador Vidal i Rosell (UGT) —que dirigía la cartera de Foment i Agricultura— y hacia Casimir Giralt i Bullich (PRR lerrouxista) —que gestionaba la cartera de Finances—. Prieto ordenó la ejecución del plan que, desde la sombra y con anterioridad, había trazado conjuntamente con Echevarrieta. El 5 de julio, tan solo quince días después de la redacción del Estatut de Núria, que proclamaba Catalunya como un Estado dentro de la República española, el ministerio de Prieto (PSOE) reaccionaba precipitando la quiebra del Banc de Reus.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la desaparición del Banc de Reus?
Con la quiebra del Banc de Reus, la Generalitat de Catalunya perdió la posibilidad de crear un instrumento de financiación propia, que habría sido decisivo para profundizar en el autogobierno. Sin embargo, no sabremos nunca qué habría sucedido —al menos con precisión— si Prieto (y el PSOE y la UGT) no hubieran maniobrado para provocar dicha quiebra. Pero, en cambio, sí sabemos que esa maniobra supondría la destrucción y desaparición del principal instrumento de financiación del comercio y la industria catalanes del momento. La quiebra provocada del Banc de Reus representaba la destrucción de la soberanía financiera de Catalunya. Como ocurrió tres cuartos de siglo más tarde, con el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero (2004-2011), el Estatut fallido de 2006 y la destrucción y desaparición de las cajas de ahorro catalanas (2008-2012).