El historiador Joaquim Albareda ha revisado a su ensayo Vençuda però no submisa, la historia de Catalunya en el siglo XVIII, unos años en que, "a pesar de la aceptación del régimen borbónico, se produjo disidencia, protestas y revueltas". En la presentación de Vençuda però no submisa (Edicions 62) el autor intenta romper con la imagen que tenemos del siglo XVIII catalán: "Una vez abolidas las instituciones de gobierno propias y las vías de representación política, se consideraba que los cien años de prosperidad económica facilitaron la acomodación de los grupos dirigentes en la nueva estructura del régimen borbónico". Aun así, en un intento de restituir la política en el corazón de la interpretación de la historia, Albareda ha rastreado las huellas de esta disidencia y protestas y asegura que "las denuncias protagonizadas por los gremios, los memoriales reivindicativos y los proyectos de reforma fueron constantes durante aquellos años, además de algunas revueltas."
A pesar de la represión por parte de los militares y de las autoridades borbónicas, a pesar de la anulación de los sistemas representativos anteriores al Decreto de Nueva Planta, los catalanes no dejaron de disentir y protestar ante los abusos, la corrupción y las arbitrariedades del absolutismo
Modernización y recuperación de las libertades perdidas
El autor aporta evidencias que "a pesar de la represión por parte de los militares y de las autoridades borbónicas, a pesar de la anulación de los sistemas representativos anteriores al Decreto de Nueva Planta, los catalanes no dejaron de disentir y protestar ante los abusos, la corrupción y las arbitrariedades del absolutismo. Reclamaron alternativas y no perdieron la memoria de las libertades simbolizadas a las instituciones de gobierno y a la representación política perdidas en 1714". Albareda apunta que "no se puede despreciar la ruptura política que supuso 1714, con la liquidación de una cultura política, que incluía medidas que limitaban el poder del rey y que situaban la ley por encima del monarca, cosa que se subvirtió con el Decreto de Nueva Planta".
Uno de los primeros clichés que Albareda combate es la creencia que el crecimiento económico que experimentó Catalunya en el siglo XVIII se debió a los Borbones
Uno de los primeros clichés que Albareda combate es la creencia que el crecimiento económico que experimentó Catalunya en el siglo XVIII se debió a los Borbones: "La evidencia del crecimiento económico y la modernización no era incompatible con el deseo de recuperar las libertades perdidas". En aquellos años se crearon la Junta de Comercio, la Academia de Matemáticas, la Academia de Ciencias, la de Buenas Letras, también hubo un protagonismo nuevo de la mujer en el mundo del trabajo, unos ejemplos que "también tuvieron la otra cara de la moneda de esta sociedad pujante, la del tráfico de esclavos, de acuerdo con lo que pasa en todo el mundo".
Siempre rebeldes
Admite Albareda que "es cierto que el reformismo borbónico creó estímulos para la economía, pero esta no fue la única causa del desarrollo económico catalán" y también hubo entre 1758 y 1769, "esperanzas que cambiarían muchas cosas con Fernando VI y Carlos III, que finalmente se vieron frustradas." El historiador sostiene que "a pesar de su acomodación al régimen borbónico, era difícil que los catalanes olvidaran sus instituciones anteriores a 1714, porque eran más eficaces y más representativas, tanto la Diputación del General como a los ayuntamientos, sin que se pudiera hablar de una democracia."
A pesar de su acomodación al régimen borbónico, era difícil que los catalanes olvidaran sus instituciones anteriores a 1714, porque eran más eficaces y más representativas
El punto crítico se produjo en 1739, cuando se impuso el sistema de venta de los cargos municipales, cosa que incrementó la corrupción; y aunque la Nueva Planta abolió el Tribunal de la Visita, que controlaba las instituciones, no introdujeron una figura similar que funcionaba en Castilla". En este tiempo, también en contra de lo que se ha difundido, "los catalanes no dejaron de protestar, como lo demuestran la revuelta de quintas de 1773 en Barcelona, la actividad política en Viena de los exiliados austríacistas, los memoriales contra el catastro". Desde Madrid, añade, se mantiene "una desconfianza crónica de los Borbones hacia los catalanes, que ven como rebeldes, que siempre quieren más libertades, cosa que hizo que las autoridades, la nobleza, la burguesía se sintieran maltratadas y no abrazaron la españolidad". Una de estas figuras analizadas es Francesc Ametller, un declarado jurista y político felipista, que elaboró la ponencia del Decreto de Nueva Planta, que estaba de acuerdo en situar el poder del rey por encima de todo, pero que al mismo tiempo se opuso al catastro, a la corrupción y que salvó el derecho catalán a través de dos de sus figuras, la enfiteusis y el heredero".