Continúa la larga batalla entre el sector del taxi y las VTC, después de que el Govern haya presentado este martes un nuevo proyecto de ley favorable al taxi que prevé extinguir la competencia que le hacen plataformas como Uber, Cafiby o Bolt en el área metropolitana de Barcelona —a las VTC solo se les permitirá hacer trayectos interurbanos fuera de la AMB y no podrán recoger clientes en la calle—. La patronal del sector de las VTC, Unauto, ha anunciado este miércoles que irá a los tribunales contra la nueva normativa que prepara al Ejecutivo de Salvador Illa. "No nos dejaremos matar. Es un atropello y un abuso de poder", ha aseverado este miércoles el presidente ejecutivo de la patronal de las VTC, José Manuel Berzal.
Desde Unauto valoran que la nueva normativa favorable al taxi es "una atrocidad jurídica, social y económica contra los intereses de Barcelona". De igual forma lo ven desde el sindicato de los trabajadores de las VTC, el Sindicato Libre de Transporte. Su secretario de organización, José María Cazallas, ha aseverado esta mañana en una rueda de prensa conjunta con Berzal que si la ley sale adelante en el Parlament, estarán en juego entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. "Puede ser el ERE más importante que se haya visto nunca en Catalunya", ha avisado Cazallas. A eso, el portavoz de la patronal ha añadido que muchos de los conductores de VTC son personas "de difícil inserción laboral", mayores de 55 años e inmigrantes que acaban de regularizar su situación laboral. "Dejarlos sin alimento es muy serio", ha apuntado.
El sector de las VTC denuncia que la ley se ha hecho en beneficio del taxi y a espaldas de ellos. Aseguran que la normativa supondrá la "extinción" de las VTC en Catalunya y acusan a la Generalitat de ser "rehén" del taxi. Antes de la rueda de prensa, Berzal ha denunciado en declaraciones a TV3 que Tito Álvarez —el líder del colectivo del taxi en Barcelona— "se ha convertido en amo y señor de la conselleria de Territori" que encabeza Sílvia Paneque y ha asegurado que el Govern no se ha reunido con las VTC para abordar el proyecto de ley por regular el sector. "Es una anomalía, no nos pasa en ninguna otra comunidad autónoma", ha afirmado Berzal.
Conversaciones con los grupos parlamentarios para tratar de parar la ley
Sin embargo, la patronal de las VTC asegura que no dan nada por perdido y "alargarán la mano" para intentar modificar el texto, aunque avisan de que plantarán cara si no se les tiene en cuenta. Así, el presidente de Unauto ha aseverado que presentarán al Govern un estudio que avala un proyecto de ley diferente, "adecuado a las necesidades de la movilidad que piden los ciudadanos, un texto bueno para el sector y la ciudadanía" en un contexto en qué, afirma, el área de Barcelona tiene problemas de movilidad y necesita todos los taxis y VTC que operan. Berzal ha asegurado que están en conversaciones con los diferentes grupos en el Parlament de Catalunya para intentar evitar la aprobación de la ley en la cámara, dado que el PSC no tiene mayoría y el Govern de Illa requeriría el apoyo de más partidos para salir adelante la ley.
La batalla en los tribunales por el daño que sufrirá el sector se entregará, ha avanzado, tanto en los tribunales de Catalunya, como los españoles o de Europa y tomarán la forma de reclamaciones patrimoniales que podrían llegar a los 80 millones de euros. "Utilizaremos todos los recursos del derecho para defendernos", ha amenazado Berzal. De momento, para protestar por la nueva normativa el sindicato del sector ha convocado una concentración de VTC el próximo 23 de septiembre ante la sede del Departament de Territori, coincidiendo con la reunión a que han sido convocados para hacerles llegar su propuesta legislativa. Lo que proponen en su texto alternativo es que se les permita prestar servicios urbanos a los vehículos que tengan una etiqueta medioambiental Cero y habilitar viajes compartidos para taxis y VTC. Además, exigen la eliminación de trabas como los tiempos de espera en la contratación de servicios o la longitud mínima de los vehículos.
Finalmente, el sector asegura que "la destrucción" de las VTC con el nuevo proyecto de ley supondrá pérdidas de unos 326 millones de euros, entre los ingresos que los trabajadores dejarán de recibir y las contribuciones a la Seguridad Social y el impuesto de hidrocarburos que no se abonarán. En cambio, afirman que si se permitiera actuar a las 3.700 autorizaciones de VTC que hay en Catalunya se generarían 445 millones de euros y 10.500 nuevos puestos de trabajo. Según la patronal del sector, en estos momentos solo operan 2.500 de estas 3.700 licencias de VTC a causa de "restricciones y a la inseguridad jurídica".