Las restricciones al tráfico en Barcelona a causa de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) han sido el motivo de una sonora bronca en el Parlamento Europeo una vez la eurodiputada del Partido Popular Dolors Montserrat, presidenta de la comisión de Peticiones, ha aceptado estudiar la situación barcelonesa a demanda de un ciudadano que considera que la medida viola los derechos de los ciudadanos, según señala la agencia de noticias Europa Press. En su petición, el ciudadano considera que las restricciones de la ZBE no se basan en los resultados de la ITV y por eso mantiene que discrimina a los propietarios de vehículos antiguos independientemente de su nivel de contaminación.

Siempre según la agencia mencionada, la decisión de Montserrat de admitir el estudio de la petición ha provocado una disputa con el eurodiputado del PSC Javi López, que ha defendido que las medidas aplicadas en la capital de Catalunya, "no vulneran la legislación europea, sino que, de hecho, van en línea con lo que pide la Unión Europea y con la política estrella de la Comisión Europea" y por eso ha recordado que existe un proceso de infracción contra España por esta cuestión, pero no por la aplicación de la ZBE sino por justo lo contrario, por la falta de medidas para la mejora de la calidad del aire.

La tensión ha ido en aumento con la intervención de la diputada verde danesa Margrete Auken, que ha señalado la "debilidad" de los argumentos de Montserrat y la ha acusado de tener motivos políticos para actuar contra el gobierno municipal de Barcelona y su alcaldesa, Ada Colau. A su vez, la diputada del PP Rosa Estarás ha señalado que los criterios para aplicar la restricción de la circulación son "arbitrarios" y no responden a cuestiones ambientales y por eso ha reclamado una evaluación de las medidas impuestas en Barcelona.

Finalmente, el diputado de extrema derecha Jorge Buxadé, de Vox, ha asegurado que los parlamentarios contaminan más que los ciudadanos con sus desplazamientos y ha tildado de "imposición ambiental" las restricciones de la ZBE, que a su parecer constituye una vulneración de los derechos de movilidad y de la propiedad de europeos.

Infracción por la contaminación

Según indica la Agencia Catalana de Noticias (ACN), Bruselas llevó España a los tribunales de la UE en julio del 2019 por el alto nivel de contaminación en Barcelona y Madrid en el marco de un procedimiento de infracción por el incumplimiento de la directiva europea de la calidad del aire, que marca unos niveles máximos de emisiones. En el caso de Barcelona, se sobrepasaban los niveles de dióxido de carbono que son provocados por la circulación de vehículos. La ZBE entró en vigor al principio del 2020, si bien las sanciones no se empezaron a poner hasta más tarde.

 

Imagen principal: El Passeig de Gràcia de Barcelona, en un momento sin tráfico / Europa Press