El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha dirigido a la Agència Catalana del Consum, al Departament de Treball, a la delegación del Gobierno en Catalunya y a la compañía aérea Vueling para pedirles información sobre los "numerosos problemas diversos, como incidencias, retrasos y cancelaciones de vuelos" que sufren los usuarios de las aerolíneas en el aeropuerto de Barcelona.
En concreto, el Síndic analiza la cancelación de Vueling de más de 100 vuelos previstos para el sábado 27 y el domingo 28 de julio por la huelga del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto. A estas complicaciones se sumó la tormenta que el pasado sábado 27 obligó a cerrar el aeropuerto al tráfico aéreo aproximadamente durante una hora. Asimismo, el comité de empresa de la compañía encargada de los controles de seguridad del aeropuerto, Trablisa, registró el lunes pasado en el Departament de Treball de la Generalitat una convocatoria de huelga indefinida a partir del 9 de agosto por la sobrecarga de trabajo de la plantilla.
El Síndico actúa de oficio ante las incidencias, los retrasos y las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-el Prat Josep Tarradellas de este estiuhttps://t.co/M5d9duxgSz
— Síndic de Greuges (@sindicdegreuges) Augusto 2, 2019
Según estas informaciones, dice el Síndico, las cancelaciones de vuelos, los retrasos y los cambios de horario se suman a la falta de información a los viajeros, las largas colas para presentar una reclamación o la falta de respuesta a las solicitudes de compensación o de devolución del importe del billete abonado.
También se registran incidencias relativas a la falta de garantía del derecho de asistencia a los pasajeros, como comida, bebida o alojamiento, en unos días de gran afluencia de pasajeros, por la salida y la llegada de las vacaciones.
El Código de Consumo de Catalunya considera que los transportes son un servicio básico, o sea, unos servicios de carácter esencial y necesarios para la vida cotidiana o que tienen un uso generalizado entre los consumidores.
La Agència Catalana del Consum tiene asignadas legalmente funciones como orientar, informar y asesorar a los usuarios sobre sus derechos y la forma de ejercerlos; ejercer las competencias de inspección y de sanción en el ámbito del consumo, e impulsar la protección legal efectiva de consumidores y usuarios, iniciando las acciones judiciales pertinentes y compareciendo a las que se refieren a asuntos que merecen una atención especial a razón de la trascendencia de los derechos que hay que proteger o de la alarma social que generan.