El Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la Junta Constructora de la Sagrada Familia que incluye que la Junta contribuirá a financiar los gastos que genera la basílica. Han presentado el acuerdo a la prensa, hoy, la alcaldesa Ada Colau y el presidente delegado de la Junta, Esteve Camps. Es un pacto pionero, en cien años, por el que la Sagrada Familia se compromete a aportar en las arcas municipales 36 millones de euros en un plazo de 10 años. Este acuerdo, para Camps, "abre el inicio de la finalización del proyecto de Gaudí", lo que para él tendría que pasar por acabar la Fachada de la Gloria, con las columnas y la escalinata que quedan fuera del actual recinto, lo que podría suponer la expropiación de un gran número de vecinos. Ha dejado claro que "la Junta nunca ha renunciado a completar aquello que ideó Gaudí". Un aspecto que en el presente acuerdo no queda cerrado (el Plan Especial rubanístico que está a punto de firmarse no contempla todavía este espacio), pero Camps afirma que con este documento se abren nuevas líneas de trabajo.
Ada Colau y Esteve Camps firman el acuerdo. Foto: Twitter @bcn_ajuntament.
Dinero para mejorar el área
El acuerdo incluye la cesión de 22 millones de euros para financiar el transporte público, que es muy utilizado por los visitantes del templo. También incorpora 7 millones para la mejora de los accesos al área (con la posibilidad de que haya un acceso directo al metro en la basílica). También se destinarán 4 millones para la reurbanización de las calles de los alrededores, así como 3 millones de euros más para colaborar con el mantenimiento del espacio público, limpieza y agentes cívicos. Se ha consensuado un plan especial urbanístico, y el Ayuntamiento se ha comprometido a regularizar la licencia de obras del templo durante el primer trimestre de 2019.
¿Supermanzana en la Sagrada Familia?
Janet Sanz, cuarta teniente de alcalde y responsable de la negociación del tema por parte del Ayuntamiento no ha acabado de concretar si se puede convertir la zona en otra "superilla", pero sí que ha afirmado que "se va en esta dirección", con el objetivo de mejorar el uso del espacio público por parte de vecinos y visitantes. En cambio, ha negado que se haya replanteado el antiguo proyecto de hacer un aparcamiento subterráneo de autocares, y ha afirmado que en estos momentos la prioridad es el alejamiento de los autocares turísticos.
Consenso
Este acuerdo hacía dos años que se estaba negociando. Colau ha denunciado la anomalía que representaba que esta gran construcción se estuviera realizando sin licencia, especialmente por el impacto que la Sagrada Familia tiene sobre el barrio y sobre la ciudad. Ha planteado el acuerdo como una forma de "regularizar la situación", con un acuerdo que es "bueno para todo el mundo" y al que se ha llegado gracias a un "acuerdo con mucha voluntad por las dos partes". Camps ha afirmado también que "es un gran día para la ciudad y para el arzobispado". Colau ha definido la Sagrada Familia como "uno de los elementos más emblemáticos de la ciudad y el edificio más visitado de Barcelona" (cada año es visitado por 4,5 millones de personas, y en torno a 20 millones pasan por sus alrededores para verlo). Y ha calificado el acuerdo de "histórico" y "de muy positivo para la ciudad y para el Ayuntamiento", pero también para "uno de los grandes iconos" de Barcelona. Colau ha agradecido la disposición y habilidad negociadora de Janet Sanz y de Esteve Camps. Ha afirmado que eso ha resuelto una situación "anómala" que duraba 133 años y que facilita "una apertura de la Sagrada Familia a la ciudad".
El problema de las expropiaciones
Hasta ahora, la Junta Constructora siempre había considerado que si había expropiaciones, estas tenían que ir a cargo del Ayuntamiento de Barcelona. Este, hasta ahora se había negado, alegando que no se podía negociar sin licencia. Hoy, Janet Sanz ha afirmado que hay "una aproximación entre las dos partes", pero no ha concretado nada más, todo afirmado que el Ayuntamiento no rechaza el proyecto de Gaudí (aunque argumenta que legalmente no hay reconocimiento de eso) pero apunta que hará falta hacer un proceso participativo y escuchar a todos los afectados. Esteve Camps se ha mostrado dispuesto a negociar y no se ha negado tajantemente a participar en las indemnizaciones de los vecinos. Eso sí, ha dejado claro que no renunciará a la ampliación del templo.