Los grupos municipales de Junts per Barcelona, BComú, ERC y PP han forzado una comisión extraordinaria de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda en el Ayuntamiento para reclamar al alcalde, Jaume Collboni, que deje sin efecto la decisión de no renovar las licencias de bicicleta compartida. Los cuatro grupos han avisado a Collboni de que su decisión es un "retroceso en la movilidad sostenible" de la ciudad, según un comunicado que han hecho público este lunes. Los grupos han instado a Collboni a abrir un proceso de trabajo con los operadores para diseñar un nuevo marco regulador que solucione los "problemas de indisciplina y aparcamiento indebido" sin eliminar el servicio.
La iniciativa conjunta de los cuatro grupos municipales tiene lugar días después de que el alcalde de Barcelona anunciara hace justo un mes que no renovaría las licencias de los operadores de bicicleta compartida, sistema conocido como bicisharing, que actualmente operan en la ciudad. Collboni argumentó que se hace un mal uso de este servicio. El 90% de sus usuarios son, según el alcalde, turistas que dejan las bicicletas "tiradas por todas partes". La reunión de la comisión extraordinaria deberá celebrarse en los próximos 15 días, porque los cuatro grupos proponentes tienen suficiente mayoría para forzar su convocatoria.
Retirada de 3.500 bicicletas
A juicio de Junts per Barcelona, BComú, ERC y PP, la supresión del bicisharing supone la retirada de un parque de unas 3.500 bicicletas compartidas del sistema de movilidad de Barcelona, lo que todavía "colapsaría más" el Bicing. Los cuatro grupos de la oposición consideran que la decisión del alcalde Collboni ha sido "precipitada", supone un "retroceso" en materia de movilidad sostenible y se ha llevado a cabo sin evaluar previamente "el impacto real" que puede tener sobre la movilidad. Igualmente, denuncian que no ha habido un proceso de participación adecuado. Contrariamente a lo que defiende el equipo de gobierno sobre el uso del servicio, los grupos argumentan que la bicicleta compartida es una herramienta de movilidad cotidiana también para los residentes, utilizada para conexiones intermodales y trayectos entre barrios. Entienden que el Bicing municipal y la bicicleta compartida privada pueden ser servicios "complementarios" y que el bicisharing da respuesta a la elevada movilidad cotidiana de los turistas, que también forma parte de su demanda real de movilidad.
Los grupos de la oposición admiten que la tasa de incidencias del sistema de bicicleta compartida, si bien representa un problema que hay que solucionar, es baja en relación con el volumen total de trayectos, y existen alternativas reguladoras que permitirían "ordenar y mejorar el servicio" sin eliminarlo. Desde enero de 2025 se han puesto en Barcelona unas 5.500 sanciones por mal uso del bicisharing.
Nuevo marco regulador del 'bicisharing'
Aparte de dejar sin efecto la decisión de no renovar las licencias de bicicleta compartida y abrir un proceso de trabajo con los operadores, los grupos también reclaman al equipo de gobierno activar un nuevo marco regulador o competitivo de este servicio, mediante los instrumentos jurídicos transitorios que sean procedentes. También reclaman que se encargue a los servicios técnicos municipales la elaboración de un proceso de licitación o nuevo marco competitivo de licencias que permita al Ayuntamiento seleccionar a los operadores según criterios objetivos de cumplimiento, calidad operativa, integración intermodal, estándares técnicos y compromiso con los objetivos de movilidad de la ciudad.
Obligaciones a los operadores en materia de aparcamiento
Junts per Barcelona, BComú, ERC y PP apuestan por crear una Mesa de Seguimiento de la Bicicleta Compartida con participación del Ayuntamiento, los operadores, los grupos municipales, los distritos, las entidades vecinales y las asociaciones de usuarios, que se reúna trimestralmente y trabaje con indicadores "públicos y homogéneos". También piden que se establezcan obligaciones vinculantes para los operadores en materia de aparcamiento, retirada de vehículos mal estacionados, intercambio de datos agregados, eliminación de incidencias y planes de residencialización del servicio, con mecanismos de sanción proporcionales al incumplimiento.