Junts per Barcelona ha exigido explicaciones urgentes al gobierno de Jaume Collboni por la filtración masiva de datos personales de 568 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, que habrían quedado expuestas públicamente en internet. El presidente del grupo municipal y candidato a la alcaldía, Jordi Martí Galbis, ha calificado los hechos de "gravísimos e inaceptables" y ha reclamado que el alcalde y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, den explicaciones inmediatas.
Según las informaciones que han trascendido, entre los datos expuestos se encontrarían los nombres y apellidos de los agentes, sus centros de trabajo, los horarios de los turnos y los destinos asignados. La situación resulta especialmente sensible porque, de acuerdo con Junts, una simple búsqueda del número de identificación profesional (TIP) permitiría relacionar la identidad de un agente con su ubicación habitual y sus rutinas de trabajo. "Estamos hablando de agentes de policía, de personas que arriesgan su seguridad cada día para proteger a la ciudadanía, y el gobierno de Collboni ha sido incapaz de proteger sus datos más básicos", ha denunciado Martí Galbis. El dirigente de Junts considera que no se trata de un "error menor", sino de un "fallo de seguridad de primer orden" que puede poner en riesgo la integridad de los agentes y de sus familiares.
La formación recuerda que ya había advertido en anteriores ocasiones de las carencias del gobierno municipal en materia de ciberseguridad y protección de datos. En concreto, Junts alertó recientemente, en una Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interno, que la ciberseguridad es un reto "urgente e imprescindible" para unas administraciones que gestionan servicios esenciales e información especialmente sensible.
27 preguntas al gobierno municipal
Ante esta situación, Jordi Martí Galbis ha registrado formalmente en el Ayuntamiento de Barcelona una batería de 27 preguntas para determinar cómo se produjo la filtración, qué datos han quedado expuestos, durante cuánto tiempo han estado accesibles y cuántos agentes están afectados. Junts también quiere saber si existe un informe técnico preliminar que determine el origen de la brecha y si hay indicios de que los ficheros hayan sido descargados o replicados. El grupo municipal también reclama aclarar las responsabilidades políticas y técnicas. Entre las cuestiones planteadas está quién es el responsable último de la ciberseguridad y la protección de datos de la Guàrdia Urbana, qué medidas se adoptaron después de detectar la filtración y si se ha abierto una investigación interna, una auditoría independiente o un expediente disciplinario.
Otro de los bloques de preguntas se centra en la seguridad de los agentes. Junts quiere conocer si el Ayuntamiento ha evaluado el riesgo de que los datos puedan ser utilizados con fines delictivos, de vigilancia o intimidación y si se han adoptado medidas extraordinarias de protección para los agentes afectados y sus familiares. También pregunta si ya hay constancia de usos indebidos o amenazas derivadas de la exposición de la información.
Finalmente, Junts reclama garantías para que una situación similar no se vuelva a producir. La formación pregunta si se han iniciado los trámites para retirar los datos de internet y de los repositorios públicos o privados, si la brecha será comunicada a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades y a las autoridades competentes en ciberseguridad y si se hará público un informe sobre las causas y el alcance del incidente.
Collboni y Batlle, en el punto de mira
Martí Galbis ha reclamado que tanto Collboni como Batlle comparezcan "de manera inmediata", ya sea en rueda de prensa o ante la comisión municipal correspondiente, para dar explicaciones sobre la filtración y las medidas adoptadas.
"No podemos permitir que los agentes que protegen Barcelona queden desprotegidos por la inacción de su propio gobierno", ha afirmado el presidente del grupo municipal de Junts. "Collboni y Batlle deben dar la cara, deben explicarse y deben asumir las responsabilidades que les corresponden", ha concluido. Junts también quiere saber qué medidas de reparación se ofrecerán a los 568 agentes afectados, incluyendo eventual asesoramiento jurídico y apoyo ante las posibles consecuencias de la filtración. La formación reclama, en definitiva, que el Ayuntamiento esclarezca el incidente, depure responsabilidades y presente un plan específico para reforzar la protección de los datos de la Guardia Urbana.