El pleno del Consejo Metropolitano ha aprobado este martes el descenso del 4,95% en la tarifa del agua potable que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, y que prevé beneficiar a 2,8 millones de usuarios de 23 municipios gestionados por Aguas de Barcelona. Entre los puntos acordados pero también está el aumento del 5% de la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos. El AMB ha justificado el aumento alegando el incremento del 14% del canon de disposición final de la Agencia de Residuos de Catalunya, que aumenta los costes de tratar los residuos no recogidos selectivamente.

Ahora bien, paralelamente a estas rebajas y aumentos, el Ayuntamiento de Barcelona, que lidera Ada Colau, ha decidido subir los impuestos del alcantarillado. El viernes pasado, el gobierno municipal sacó adelante un incremento del 85% la tasa del alcantarillado –reflejada en el recibo de la agua– pasante de los 0,1529€/m3 en 0,2810€/m3. El consistorio lo justifica con el hecho de aumentar el grado de cobertura de los costes del servicio, pasando del 33% al 75%.

El toque de atención de un órgano de gobierno

La bajada de la tarifa del agua del AMB recibió sin embargo, justo antes de su aprobación, un toque de atención por parte de un órgano del gobierno de la Generalitat. La Comisión de Precios de Catalunya, un órgano colegiado adscrito a la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, consideró "desfavorable" la bajada del precio del agua por falta de competencias. El órgano aseguraba que la medida impulsada por el AMB, y que se aplicará a todos los municipios metropolitanos a partir del 2020 –concretamente 23–, implica un conflicto de competencias con la Generalitat. Tal como detalla el informe de la Comisión de Precios, consultado por Europa Press, se acoge a consideraciones de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que alega que el servicio que se presenta mediante el conjunto de instalaciones e infraestructuras que se integran en la red de abastecimiento del Ter-Llobregat es un servicio de competencia de la Generalitat.

También aludía a una consideración del ACA que defiende que las tarifas aplicables al servicio de abastecimiento en alta, incluso fuera del ámbito territorial servido por las instalaciones de la red Ter-Llobregat, las tiene que aprobar el Consejo de Administración de la mencionada agencia.

A pesar de todo, el Consejo Metropolitano aprobó la medida, promovida por el vicepresidente y responsable de Ecología, Eloi Badia. Ahora, sin embargo, con la subida de los impuestos del alcantarillado y de los residuos, habrá que ver la rebaja "real" en la factura del agua de los barceloneses.