Los republicanos impulsarán la celebración de un pleno monográfico para que el Ayuntamiento de Barcelona posicione respeto al caso de espionaje con Pegasus y reclame una comisión de investigación al Congreso de los Diputados. Dentro del consistorio de Barcelona son dos los concejales y jefes de grupo que han sido víctimas de espionaje en caso CatalanGate, Ernest Maragall y Elsa Artadi, pero son muchos los miembros de la sociedad civil catalana afectados, entre los cuales se encuentran activistas, periodistas o abogados. Es por esta cuestión que los republicanos consideras imprescindible que el Ayuntamiento posicione para defender la democracia y se comprometa a proteger y preservar los derechos de las personas espiadas, dando apoyo a las iniciativas jurídicas que se abran a raíz de las denuncias de las víctimas.
Alcance del CatalanGate
Los primeros casos de espionaje estallaron hace dos años, entre los investigados estaba el presidente del Grupo Municipal y ninguno de la oposición, Ernest Maragall. En aquel momento propuso crear una comisión de investigación al Parlamento de Catalunya que quedó bloqueada. Ahora, una vez destapada la magnitud del caso por el diario The New Yorker, Esquerra pide que el Ayuntamiento de Barcelona inste el Estado a crear una comisión de investigación al Congreso de los Diputados que sea pública, además de la comisión de secretos oficiales que se ha anunciado este domingo, después de la primera reunión entre el Gobierno y el Gobierno, con el fin de aclarar los hechos. "Este caso de espionaje político va en contra de los valores democráticos, de libertad, civiles y políticos que tiene que representar y preservar la Unión Europea. Estamos convencidos de que el conjunto de grupos, si se definen como fuerzas democráticas, tendrán que posicionar contra la vulneración de derechos fundamentales y el abuso ilegal e ilegítimo contra cualquier individuo o colectivo", asegura Maragall. En el mismo plenario también se pedirá la condena del espionaje político, el apoyo y solidaridad en las al menos a 65 personas que hasta el momento se ha confirmado el espionaje y reclamar que el estado adopte las medidas necesarias para erradicar este tipo de prácticas antidemocráticas y garantizar así que ninguna persona pueda ser víctima de persecución para defender un proyecto político.
Trato de terroristas
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentado que se haya espiado como si se tratara de terroristas los teléfonos móviles de varios líderes soberanistas catalanes. "Como somos un movimiento independentista, se nos considera una amenaza y se nos trata como un grupo terrorista", ha deplorado en una entrevista con el diario israelí Haaretz publicada este domingo. Aragonès ha apuntado a los servicios secretos españoles como responsables del espionaje mediante el software israelí Pegasus, que solo pueden adquirir estados. ¿"Cuál puede ser otro gobierno que pueda estar interesado en mis actividades"?, ha planteado. El presidente catalán es una de la sesentena de víctimas de lo que ya se conoce como CatalanGate. Aragonès ha asegurado que "un estado democrático no espía a sus ciudadanos" ni escucha "las conversaciones privadas de sus oponentes políticos", por|para lo cual ha reclamado "un mínimo de confianza" para reanudar las relaciones con el Gobierno. "Es muy difícil estar involucrado en negociaciones políticas si crees que la otra parte te está espiando", ha advertido. Ha reconocido que desconoce si la monitorización de los teléfonos se ha hecho de manera ilegal o autorizado por un juzgado, pero ha alertado que se está utilizando una herramienta "desarrollada para el antiterrorismo para vigilar actividad política legal".