El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado el año 2025 con una política de compra de vivienda que ha dado como resultado la adquisición de 97 viviendas y tres solares con capacidad para construir 119 pisos nuevos, además de la finca de la Via Laietana 8, 10 que permitirá liberar espacio para generar 80 viviendas con un movimiento de sedes administrativas municipales. De los 97 pisos adquiridos, 47 forman parte de fincas enteras, como la conocida adquisición de la Casa Orsola o el edificio ocupado del pasaje Alió y el resto están distribuidos en diferentes edificios. Este es el balance que ha presentado este viernes el teniente de alcalde Jordi Valls como resumen del año.

Todo ello supondrà —cuando se hayan edificado los pisos potenciales— la incorporación de 296 viviendas nuevas al parque público. Para las operaciones de adquisición de pisos el Ayuntamiento ha destinado 21,71 millones de euros, lo que ha situado en 44 millones de euros el total de la inversión en compra de vivienda desde el inicio de mandato. En cuanto a los solares y a la finca de Via Laietana, han supuesto un gasto de 4,89 y 22,3 millones de euros respectivamente. De hecho, desde el mismo Ayuntamiento se apunta a la voluntad de haber invertido “unos 100 millones” durante este mandato. 

Casa Orsola y nueve operaciones más 

En total han sido 10 operaciones de compra, siendo la de Casa Orsola la que tuvo más repercusión. En este caso el Ayuntamiento hizo un gasto de 4,86 millones de euros en una adquisición al 50% con la Fundació Habitat 3. La finca consta de 26 viviendas y la compra permitió detener automáticamente los procesos de desahucio en trámite. También se han adquirido por la vía del derecho a tanteo dos fincas más: una situada en el pasaje de Alió, 21, en el barrio del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, con 11 pisos por valor de 1,01 millones de euros y, otra, en la calle de València, 419, de 10 viviendas por valor de 4,02 millones de euros.

En cuanto a los solares, este último mes, el Ayuntamiento ha cerrado diversas operaciones que permitirán hacer aumentar el parque público. Destaca el solar que ha comprado por 1,79 millones de euros a la Sareb, en la calle de l’Escolapi Càncer, 19 del barrio de Torre Baró, para construir 61 pisos. Es la primera vez que el consistorio compra directamente un solar a la Sareb y, al tratarse de una entidad pública, ha podido hacer una compra directa. En el barrio del Poblenou, en la calle de Roc Boronat, 75, el consistorio ha comprado por 1,06 millones de euros el 39,69% de un solar que hasta ahora era de varios propietarios y del cual ya poseía la titularidad del resto. De esta manera, ha pasado a ser el propietario total del espacio por el cual se pretende obtener 14 viviendas. Esta operación responde a la política municipal de movilizar los bienes en los que el Ayuntamiento es copropietario.

Por otro lado, también este diciembre, el consistorio ha cerrado una operación de obtención de suelo en la calle de Juan de Sada en el barrio de Sants-Badal por 2,04 millones de euros. En este caso, el Ayuntamiento ya era propietario de una parte de un terreno que debía destinarse a un equipamiento con 26 viviendas dotacionales. Con la compra, el consistorio ha pasado a ser propietario de la totalidad del suelo y esto permitirá ampliar hasta 70 los pisos dotacionales, es decir, un incremento de 44 viviendas. En global, la gestión urbanística de este ámbito permite obtener 3 parcelas: una para vivienda libre privada (25 viviendas), otra para vivienda protegida pública del consistorio (22 viviendas) y una tercera para el equipamiento con 70 viviendas dotacionales.

Entre las adquisiciones del último mes de diciembre destaca la compra directa de 38 viviendas a la inmobiliaria Building Center, propiedad de CaixaBank. La operación ha tenido un coste de 5,21 millones de euros y los pisos están ubicados en diferentes barrios de la ciudad. También se han comprado, ejerciendo el derecho de adquisición preferente, las cuatro viviendas correspondientes a la reserva del 30% de la nueva promoción de la calle de Llull, 181, en el barrio de Poblenou. En un procedimiento similar, el consistorio ha ejercido también el derecho de adquisición preferente sobre las ocho viviendas, correspondientes a la reserva del 30% de la finca que debe construirse en el solar de la calle dels Garrofers, 40, en el barrio de Porta, por un coste de 1,61 millones de euros. Está previsto que el bloque de pisos, que ya dispone de licencia de obras, esté listo en 2027.

Estas operaciones se suman a la compra del edificio de Via Laietana 8-10 al Estado, por valor de 22,35 millones de euros. El edificio se convertirá en una gran sede administrativa para más de 700 trabajadores y trabajadoras del consistorio y la operación permitirá liberar otras sedes municipales para cerca de 80 viviendas, que se situarán en fincas de las calles Ciutat, Avinyó y Paradís y para el nuevo CAP Gòtic. Al mismo tiempo, generará un ahorro anual de 1,66 millones de euros en alquileres en edificios municipales.

Cambios en la reserva del 30%

En cuanto a la reserva del 30% de pisos para protección oficial, Valls ha insistido en la voluntad de flexibilizar la norma, pero evitando “debates eternos”, una vez se dieron por rotas las negociaciones con Junts per Barcelona para cambiar la normativa. “Siempre hemos dicho que el 30% está para quedarse, pero también hemos dicho que se ha de flexibilizar, esta ha sido siempre la posición del gobierno municipal y sobre esta posición siempre estamos dispuestos a discutir, pero lo que no haremos son discusiones eternas”, ha insistido Valls.

En este sentido, sin embargo, el gobierno municipal ha planteado agilizar un año los trámites para reubicar los pisos protegidos de la reserva del 30% en el mismo barrio, una posibilidad que por su complejidad no se había producido nunca desde que se aprobó, en 2018. Según avanza la ACN, la medida se ha incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos del Govern a petición del consistorio y saldrá adelante si se aprueban las cuentas catalanas en el Parlament. Según el comisionado de vivienda, Joan Riera, se trata de una medida para “agilizar la tramitación, sin que sea necesario cambiar el plan urbanístico”.