El gobierno de Barcelona y ERC han llegado finalmente a un acuerdo para aprobar el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) a la espera de concretarlo por escrito. Si el redactado convence a los republicanos, votarán a favor este miércoles en el marco de la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, y la próxima semana en el pleno del Ayuntamiento.

El pacto se traduce en un aumento de los inspectores y visualizadores de pisos ilegales con el horizonte de controlar este fenómeno el año 2023. Se pasará de los 40 actuales a 80 el año 2017 y a 110 en el 2018. Con respecto a la petición de consultar la ciudadanía sobre tres hoteles concretos, se ha acordado crear una comisión que en 30 días decida qué se puede hacer con la Vila Olímpica, sin descartar una consulta o la compra del edificio. En el caso de Drassanes, el gobierno habla de trabajo conjunto con el promotor, ERC y los vecinos para ver cuál es el mejor encaje con el entorno. El hotel del Rec Comtal ya está prácticamente acabado y se plantea una consulta sobre los usos de una parcela pública que hay al lado.

Con la abstención ya anunciada de la CUP y si no hay cambios de última hora, el PEUAT se aprobará en comisión esta tarde con los votos del gobierno y de ERC después de unos días de intensas negociaciones para que los republicanos dieran su aval.

El líder de ERC en el Ayuntamiento, Alfred Bosch, planteó la semana pasada dos condiciones que el gobierno definió como "de última hora": incrementar los inspectores de pisos turísticos ilegales y consultar la ciudadanía sobre tres proyectos concretos. Finalmente se ha llegado a un acuerdo para que de las 40 personas que hay ahora mismo para detectar apartamentos sin licencia, se pase a 80 durante el 2017 (40 inspectores y 40 visualizadores) y a 110 en el 2018. Eso comportará que en el pleno de enero se apruebe el PEUAT pero también este incremento de recursos para el plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales.

Tener bajo control los pisos ilegales en el 2023

"No encontraréis en ninguna otra ciudad que haya tantas personas destinadas a la lucha contra los pisos ilegales", ha dicho la teniente de alcaldía de Ecología, Movilidad y Urbanismo, Janet Sanz, que ha destacado que eso representa un "gran esfuerzo de recursos humanos y económico para garantizar que esta ciudad sea para vivir". Además, se plantea que este fenómeno esté "bajo control", ha apuntado Sanz, durante el 2023. Eso quiere decir, según ha explicado, tenerlos identificados y haber hecho algún tipo de actuación. Actualmente hay más de 6.000 pisos turísticos que operan fuera de la ley.

Sobre las consultas ciudadanas que planteaba ERC sobre tres hoteles, finalmente segura habrá una, pero no será sobre el proyecto del Rec Comtal (que ya está construido porque tiene licencia), sino sobre una parcela pública que hay al lado. Los vecinos podrán opinar sobre el uso le quieren dar.

En el caso del albergue de la Villa Olímpica, se creará una comisión política y técnica con ERC y también con los vecinos que decida en 30 días qué acciones se pueden emprender para parar el proyecto. Se incluye la posibilidad de comprar el albergue y también la de celebrar una consulta. Ahora bien, la teniente de alcaldía ha garantizado que no será sobre la revocación de la licencia, porque eso no se puede hacer legalmente. "Se tienen que hacer consultas sobre cosas que tienen que ser consultables. Las consultas tienen que ser posibles jurídicamente", ha argumentado.

Con respecto a Drassanes, que tiene un certificado de aprovechamiento y la licencia está en estudio, continuará la negociación del gobierno con el promotor para intentar encajar al máximo el proyecto con su entorno. ERC ha explicado que prefieren esperar los tiempos de negociación pero habrá una mesa informativa con los vecinos.

ERC cree que el gobierno ha "cedido"

A la espera de algún flequillo por escrito, Bosch ha celebrado que se haya hecho posible lo que desde el gobierno se planteaba como "imposible". "Seguimos trabajando hasta acabar de rematar todos estos temas pendientes, pero podría decir que creo que hemos conseguido que el gobierno ceda en su negativa inicial y que podemos llegar a un acuerdo que es mucho más razonable y favorable a los vecinos de Barcelona", ha resumido.

Por su parte, el portavoz de los republicanos, Jordi Coronas, ha reconocido que "puede haber dar la sensación de que la negociación ha sido dura", pero ha subrayado que "cuando uno tiene firmeza es cuando tiene fuerza negociadora" y el resultado ha sido "muy satisfactorio". "Tendremos un buen plan de choque, estos tres proyectos están sobre la mesa y la ciudadanía tendrá la palabra", ha defendido.

Al margen de este acuerdo político final, el gobierno ya acordó con ERC y la CUP incorporar cuatro barrios más a la zona de decrecimiento: Sant Antoni, Poblenou, Villa Olímpica y Hostafrancs. La propuesta inicial preveía como zona 1 los barrios del distrito de Ciutat Vella, los barrios de la Antiga Esquerra y Dreta del Eixample, parte del barrio de Sant Antoni, el del Poble Sec y la Vila de Gràcia.

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