La Unidad municipal contra el tráfico de seres humanos (Uteh) del Ayuntamiento de Barcelona ha atendido en su primer año de funcionamiento un total de 109 víctimas y su entorno familiar, la mayoría mujeres explotadas sexualmente, y de estos casos solo cuatro han acabado en un procedimiento judicial abierto, ha informado el consistorio este miércoles.
En declaraciones a los medios, la responsable del departamento de atención y acogimiento por violencia machista de Barcelona, Bárbara Encarnado, ha explicado por qué mucho pocos casos acaban en un juicio: "La presión de las redes es muy importante, y las amenazas y el miedo a las consecuencias de una declaración y una condena es un peso importante a la hora de decidir si denuncian".
Desde la Unidad municipal han acompañado a 11 mujeres que han declarado en estos cuatro procesos judiciales, ha detallado Roig, si bien este año 2017 sólo ha habido un juicio que ha acabado en condena para la red de explotadores.
La concejala de Feminismes y LGTBI de Barcelona, Laura Pérez, ha reclamado, ante la dificultad en impulsar procedimientos penales contra los explotadores, una ley integral de tráfico de seres humanos que ayude también a dar soluciones y a proteger a las víctimas durante todo el proceso judicial, ya que no tener la protección adecuada "desmotiva" a la hora de denunciar y puede llegar a poner en peligro la vida de la víctima y sus familias en los países de origen.
La mayoría, mujeres
De las personas atendidas por este nuevo servicio municipal durante este año, la mayoría son mujeres (89), jóvenes -el 81,65% de entre 18 y 29 años- y de 20 nacionalidades diferentes, aunque la mitad este año son de origen nigeriano.
De las víctimas atendidas, el 91,74% (100 casos) sufría tráfico con finalidades de explotación sexual, cinco eran víctimas de explotación sexual, tres víctimas de tráfico con explotación laboral y una estaba explotada laboralmente.
Siguen explotadas
Bárbara Encarnado ha detallado que el hecho de detectar a estas mujeres y ofrecerles atención no presupone que hayan salido de su situación de explotación porque es un proceso largo y complicado en el cual deciden ellas mismas "en función de su situación personal".
Que decidan abandonar la red de explotación puede depender de si las redes las tienen amenazadas, de si sus explotadores son familiares, si hay algún pacto con ellas o deuda o si tienen amenazada la familia en el país de origen, entre muchos otros factores.
El periodo para recuperar a estas víctimas es de entre ocho y diez años, según los cálculos de los expertos, ya que la gran mayoría están en un país que no conocen, aisladas y sin recursos: "Lo más importante es romper su aislamiento y tener contacto fuera de la red".
Más desestructuración
De hecho, según las responsables de la unidad, atender una víctima de explotación sexual equivale en número de horas a 22 víctimas de violencia machista a causa de su nivel más elevado de desestructuración: muchas no tienen documentación, ni alojamiento ni ningún tipo de ingreso económico.
Esta nueva unidad, formada actualmente por cinco profesionales, prevé este 2018, además de tratar víctimas de explotación sexual y laboral, también hacerlo para personas obligadas a ejercer la mendicidad o a delinquir dentro de una organización, y más adelante abordar los matrimonios forzados.
La unidad se creó en octubre del 2016 como proyecto piloto y tiene como principales objetivos garantizar los derechos de las potenciales víctimas de tráfico, impulsar una atención integral y de reparación del daño, ofreciendo asesoramiento psicológico y jurídico, y coordinar al resto de actores especializados en la lucha contra el tráfico además de dar formación específica.
Este servicio no hace una detección directa de forma proactiva, sino que es un recurso de segundo nivel, en el cual otros servicios como los cuerpos policiales o los servicios sociales derivan casos detectados para ofrecer atención social, psicológica, jurídica y sanitaria.