Gonzalo Boye (Viña del Mar Xil·le, 1965) és des del 2017 l'advocat del president Carles Puigdemont i els membres del seu Govern residents a l'exili, i per aquest motiu ell mateix s'ha convertit en objectiu de la justícia espanyola. Se llama cáncer (RocaEditorial) és el títol del nou llibre de Boye i de la malaltia que, al seu parer, afecta l'aparell judicial de l'Estat espanyol. El llibre té un llarg subtítol, Datos, vivencias, sensaciones, sentimientos y reflexiones sobre el actual sistema jurídico en España que denota el caràcter que li ha volgut imprimir l'autor. Es tracta d'un treball de profunditat que s'aparta del format de dietari que ha fet servir en les seves anteriors obres - ...Y ahí lo dejo; Así están las cosas i ¿Cloacas? Sí, claro, totes elles publicades a RocaEditorial- per endinsar-se en l'anàlisi de situacions concretes amb un punt de vista molt més íntim. El Nacional.cat reprodueix aquí íngegrament com a avançament editorial el primer capítol del llibre.

La lucha por el relato. En mis anteriores libros he hablado del «relato», una explicación de la realidad que la mayoría percibe como cierta, cuando no es más que una apariencia establecida a costa de repeticiones y reiteraciones diseminadas y difundidas por los medios de comunicación.

En comunicación política los relatos (storytelling) tienen una estructura de principio, desarrollo y fin; además suelen ser concretos y estar pensados para activar emociones y orientados a actuar, a provocar la motivación para actuar en sus destinatarios.

En los cuatro años que llevo defendiendo a los exiliados he visto claros ejemplos de ello, y en muchas ocasiones los he sufrido en carne propia, con las consecuencias que hemos sufrido mi familia, mis colaboradores, mi entorno social y yo mismo. La perversidad de este tipo de dinámicas es tanta que en muchas ocasiones termina creando una realidad paralela que cuesta mucho desmontar, si es que se logra del todo.

El mecanismo según el cual surgen los «relatos» es de sobra conocido pero no por eso menos dañino, y en lo que respecta a la defensa de los exiliados y del resto de los represaliados catalanes, siempre sigue los mismos parámetros o sistema de divulgación.

Alguna «fuente» oficial explica un «hecho» —en algunos casos hasta se lo «documenta»— a algún periodista de confianza, quien, días más tarde, lo publica. A partir de dicha publicación la «noticia» comienza a tener vida propia a través de otros medios, y lo que no es sino un bulo malintencionado termina convirtiéndose en noticia que una gran mayoría de la ciudadanía termina por creerse. De ese modo se genera una apariencia de realidad muy peligrosa para cualquier sociedad democrática que tiene derecho a una información veraz.

Cuando se han dado estos procesos, y no han sido pocos los casos, hemos contactado con los divulgadores, que no quiero llamar periodistas, y lo primero que nos dicen es: «Bueno, esto me lo ha dicho una fuente de toda solvencia», «esto no lo hemos contrastado porque la fuente nos lo ha asegurado», o «¿cómo voy a dudar si quien me lo está diciendo es de toda solvencia?», y otras respuestas por el estilo.

En realidad, siempre se trata de filtraciones interesadas, que en algunas ocasiones provienen de las más altas instancias jurisdiccionales y en otras de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; es decir, siempre de una parte interesada en instalar un relato.

Se llama cancer libro BoyePortada del nou llibre de l'advocat Gonzalo Boye 

Pero no todo surge de ese tipo de fuentes; durante la tramitación del suplicatorio en contra de los eurodiputados catalanes vimos cómo la fuente de la que bebían ese tipo de divulgadores trataba de sembrar el camino de relatos que, transcurrido un año, seguimos sin poder desmontar aunque son absolutamente falsos.

El 13 de enero de 2021 se celebró la audiencia de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ante la Comisión de Asuntos  Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), una audiencia o fase preceptiva en todo proceso de levantamiento de la inmunidad —también llamado suplicatorio en términos castizos— que había sido solicitada a principio de 2020 por el juez Pablo Llarena para, de esa forma, poder continuar con la ejecución de unas órdenes europeas de detención y entrega que el propio juez Llarena cursó en 2019 sin haber solicitado, previamente, ese  levantamiento de la inmunidad.

Dicha audiencia se caracteriza por ser a puerta cerrada y de carácter secreto; sin embargo, nada más salir de ella vimos que diversos medios estaban difundiendo supuestas afirmaciones vertidas en esta que, puedo asegurar sin entrar a revelar datos del desarrollo de la vista, ni tan siquiera se nos habrían ocurrido.

Otro tanto ha sucedido con los cientos de documentos de varios miles de páginas que presentamos y con las múltiples alegaciones que remitimos a dicha comisión, cuyo presidente o bien no se las leyó o fue incapaz de comprenderlas; terminó cometiendo exactamente todos los errores que  habíamos previsto y que trasladamos a la demanda de anulación que meses después interpusimos ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

La mayor parte de los argumentos para demandar la anulación del acuerdo de conceder el suplicatorio nos los sirvieron en bandeja el presidente de la JURI y los nacionalistas españoles, que desde dentro de la comisión fueron amparándole en todo lo que hacía sin recordar el viejo dicho «pan para hoy y hambre para mañana».

Pero el problema de los relatos es la larga vida de la que gozan algunos, pues esta vista se produjo, como he dicho, el 13 de enero de 2021, y diez meses después algunos periodistas insistían no solo en sostener esos bulos, sino, además, en plantear que habíamos arrastrado esos temas a nuestra demanda de anulación, presentada ante el TGUE en contra de la decisión del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2021 por la cual se acordó levantar la inmunidad a los tres eurodiputados catalanes.

Seguramente, cuando se puedan hacer públicos todos los escritos y documentos que hemos presentado ante el TGUE, que más temprano que tarde se harán públicos, esos mismos divulgadores harán como si jamás hubiesen escrito al respecto ni titulado, a grandes rasgos, con el clásico  Puigdemont esto» o «Puigdemont lo otro» que tantos réditos les genera.

Uno de los relatos surgidos a raíz del procedimiento del suplicatorio para el levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados catalanes y divulgados a partir de «una fuente de toda solvencia» consistía en que nosotros habríamos alegado que dicho suplicatorio «no se llevó de forma válida por hacerse por vía telemática», vinculando tal falacia con una reciente decisión del TGUE.

El titular, diez meses después de la vista, era: «La justicia europea echa por tierra parte del argumentario jurídico de Puigdemont», y en la noticia se enlazaba un tuit del presidente de la JURI, cuya preparación jurídica es similar a la que yo tengo en danza japonesa.

La verdad, muy por el contrario, es que nosotros jamás trasladamos tal planteamiento a la demanda de anulación interpuesta en contra de la concesión del suplicatorio; simplemente, mientras este la tramitaba en el comité JURI, hicimos ver a su presidente que no nos parecía que fuese la mejor de las soluciones por diversas razones, pero de ahí a gastar media línea en nuestra demanda hay un trecho muy largo.

Una demanda de anulación tiene un espacio tasado: 25 páginas en Times New Roman de 12 y con interlineado de 1,5, y notas a pie de página en igual tipografía pero de 10, lo que no permite incluir menudencias y obliga a centrar muy bien el objeto del litigio y los argumentos de defensa que se van a usar.

Los formatos de demanda europeos son un auténtico problema para los juristas de raíz latina, tan dados somos a escribir y escribir sin centrarnos en la esencia de los temas y de sus soluciones; no somos capaces de sintetizar, de apuntar a lo sustantivo sin perdernos en recovecos lingüísticos que nada aportan a la defensa de los intereses encomendados. Tengo la sensación de que en muchas ocasiones alegamos «al peso» y no nos centramos en lo fundamental: definir el problema, acotarlo, ver el marco regulatorio, citar la doctrina que más convenga a las pretensiones, la jurisprudencia y apuntar a la solución que buscamos.

La fuente del divulgador no podía ser peor: una persona tremendamente ideologizada, con escasos conocimientos técnicos, nula estrategia y  capacidad de análisis que durante toda la tramitación del procedimiento, cual toro de lidia, entró a todos los trapos que le pusimos, hizo justamente todo aquello que esperábamos y nos dio una y otra vez más y más bazas de defensa para algo que era inevitable desde un comienzo: la interposición de una demanda de anulación.

El relato previo fabricado por ciertos medios de comunicación españoles indicaba que [el suplicatorio] se aprobaría sin problemas porque nadie compraba el discurso de Puigdemont y estaban cansados de él en Europa

En marzo de 2021 se procedió a la votación del suplicatorio por parte del Pleno del Parlamento Europeo. El relato previo fabricado por ciertos medios de comunicación españoles indicaba que se aprobaría sin problemas porque nadie compraba el discurso de Puigdemont y estaban cansados de él en Europa.

Pero la votación fue, para quienes gestaron ese relato, una nueva bofetada, pues el trabajo desplegado por los tres eurodiputados y sus equipos había sido muy concienzudo, muy profesional, muy didáctico, europeísta y muy bien fundamentado. El nacionalismo español solo consiguió un 58 por ciento de los votos, lo que, visto desde nuestra perspectiva, fue un auténtico éxito, teniendo en cuenta que los cuatro partidos nacionales (PSOE, PP, Cs y VOX) hicieron todo lo que estuvo en sus manos, incluso más, y solo lograron convencer a 6 de cada 10 miembros del Parlamento Europeo.

Toni Comín y Aleix Sarri diseñaron una estrategia de comunicación política que dio un gran resultado, si bien yo al principio, y casi hasta el final, era muy escéptico al respecto. Pero como muchas veces ocurre en la vida uno no es dueño de la verdad, y la estrategia generada por Toni y Aleix terminó siendo la correcta y demostrando que yo me equivocaba y que ellos tenían toda la razón.

En cualquier caso, y volviendo a lo que aquí interesa, esos días los relatos eran de lo más variopintos, pero todos se centraban en establecer la inminencia de la entrega de los tres eurodiputados no solo para ser juzgados, sino condenados; todo ello a pesar del claro precedente logrado meses antes en el caso de Lluís Puig. Una vez más, el o los relatos tuvieron una corta vida.

Casi en paralelo a la votación del suplicatorio, el juez Llarena, del Tribunal Supremo español, cursó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para plantearle siete preguntas con la intención, supuestamente, de ver si tenía margen para emitir una cuarta orden europea de detención y entrega (OEDE) en contra de Lluís Puig después de su estrepitoso fracaso en enero de 2021 y de las anteriores retiradas de otras dos euroórdenes en contra de los exiliados catalanes.

El relato, siempre el relato, consistió en hacer creer que Bélgica había incumplido las normas reguladoras de las OEDE y que, por tanto, tendría que ser el TJUE el que recondujese a dicho país; la realidad, una vez más, era muy distinta.

La realidad siempre supera la ficción y muchas veces pone los relatos en su sitio, pero hasta ahora no he visto que lo haga con quienes describían a Llarena, allá por 2018, como «un gran estratega»

Llarena estaba planteando preguntas cuyas respuestas ya están incluidas en una consolidada jurisprudencia del propio TJUE, porque sus planteamientos carecían de sentido —aunque eso, a efectos del relato, no era lo relevante porque  «la fuente era muy buena»—; de pasada incluyó otras dos preguntas más que afectaban directamente a los eurodiputados.

La realidad siempre supera la ficción y muchas veces pone los relatos en su sitio, pero hasta ahora no he visto que lo haga con quienes describían a Llarena, allá por 2018, como «un gran estratega», al que, de pasada y con ánimo de amedrentarnos, le definían como un «gran jurista».

En esto de las prejudiciales, su primer traspié consistió en perderse en la traducción, hecho por el que le llamó la atención el propio TJUE. La situación sería un tanto cómica si no fuese por lo que refleja y porque afecta a la libertad de las personas.

Llarena, perdido en la traducción, entendió que las autoridades belgas, al denegar la OEDE de Lluís Puig, lo hacían porque, entre otras cosas,  entendían que el Tribunal Supremo no es el competente para investigar y enjuiciar estos hechos, siempre según Llarena sobre la base del artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal belga.

A partir de ahí surge la idea de sus prejudiciales, que, como veremos, muchos meses después serán su auténtico Waterloo.

A los pocos días de remitir dicha comunicación al TJUE este tribunal remitió un oficio al juez Llarena indicándole que tenía que existir un error porque las autoridades belgas se basaban en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, y le preguntaban si, a la vista de esa confusión suya, quería continuar con la cuestión prejudicial.

La respuesta no se hizo esperar: claro que continuaría con su remisión prejudicial… Lo de Llarena no era más que un error de comprensión, porque la traducción era correcta y era evidente que los belgas no se referían a una norma de ellos sino a una española, que tal solicitud de aclaración no le apartaría de su ruta y mucho menos iba a reconocer que se trató de eso, un error de comprensión.

Esto que acabo de contar sí que era una noticia, sin embargo, en el mundo del periodismo de Estado y de la generación permanente de relatos el tema pasó desapercibido en los mismos medios que días atrás jaleaban su estratégica decisión de hacer un planteamiento  prejudicial.

Por nuestra parte, y desde que fuimos informados, primero por la prensa y luego por la correspondiente y oficial notificación de la remisión de las prejudiciales, no lográbamos salir de nuestro asombro; llevábamos casi tres años pidiéndole al Supremo que plantease diversas cuestiones prejudiciales —52 en total, si no me equivoco— y siempre nos fueron denegadas por el Tribunal Supremo, que, parece ser, no tiene ninguna duda sobre cómo ha de interpretarse el derecho de la Unión.

Es más, nuestro documento de estrategia jurídica elaborado el 29 de octubre de 2017 —Domino 1— establecía claramente que el cierre del círculo de dicha estrategia pasaba por una remisión prejudicial al TJUE; ahora, sin esperarlo, era justamente Llarena quien nos daba ese regalo.

Sabíamos que esas cuestiones prejudiciales no solo nos beneficiaban, sino que serían un terreno fértil en el que plantear una serie de temas de los que tanto el Supremo como el Constitucional españoles venían huyendo. Además éramos muy conscientes de algo que, meses después, le explotó en la cara al propio Llarena: la suspensión —que conlleva la paralización— imperativa de los procedimientos en que se cursan las cuestiones prejudiciales como establece el artículo 23 del Estatuto del TJUE.

Pero, en todo caso, nada de lo que nosotros decíamos o hacíamos tenía mucha relevancia mediática, porque, de una parte, el periodismo de Estado todo lo impregna; de otra, la gran diferencia entre nosotros y el Supremo es que no nos interesaba entrar en la dinámica de la  generación de relatos… Vivimos más tranquilos con las noticias y los hechos reales y acreditados que con los relatos.

Otro de los relatos surgidos a partir del suplicatorio es que desde el mismo momento de su concesión ya se podía entregar a los exiliados y juzgárseles sin más. Esto surge de otro error de Llarena y del espíritu nacional que impregnó la actuación del presidente del JURI, que nunca se leyó nada de lo que le presentamos o, peor aún, si se lo leyó, no lo entendió. Me explicaré.

El juez Llarena pidió el suplicatorio a los solos efectos de continuar la tramitación de los procedimientos de OEDE entonces paralizados en Bélgica, es decir, solicitó un levantamiento parcial de la inmunidad a unos efectos muy concretos.

A lo largo de meses de trámites y escritos informamos en reiteradas ocasiones al JURI de que debía de tratarse de un error que habrían de aclarar con la autoridad reclamante, Llarena. No nos contestaron a nada y, finalmente, la propuesta aprobada y votada hizo expresa mención, en su punto p), de que dicho acuerdo era «a fin de que pueda continuar la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega que han sido dictadas, e informar de ello a la autoridad de ejecución en Bélgica».

Es decir, que aunque nadie quería aceptarlo ni informar al respecto, el suplicatorio se pidió y concedió para algo muy concreto y limitado; no fue hasta Italia cuando esos mismos medios, sin reconocerlo públicamente, se dieron cuenta de que el relato, una vez más, se les había caído.
El problema del relato, que se va entrecruzando con nuestro trabajo jurídico, es que muchas veces condiciona no solo a la opinión pública, sino también a quienes tienen que tomar decisiones judiciales o políticas y terminan por creerse cosas tan absurdas como las que estoy contando.

Incluso a los efectos de prevenir muchos relatos, y de evitar el daño que podrían generar a nuestros defendidos, este año mi esposa Isabel y yo hemos tenido que tomar decisiones muy muy personales que no han sido fáciles ni indoloras, pero que, desde esta perspectiva y cuando más adelante las expliquemos, se entenderán perfectamente.

Como en este apartado la cosa va sobre los relatos, debo destacar que los anteriores no han sido los únicos episodios que a este respecto hemos vivido, nos pasó algo similar cuando el president Puigdemont fue detenido en Italia.

Una vez más la maquinaria generadora de bulos se puso en marcha casi en el momento en que su avión aterrizó en Alguer la noche del 23 de septiembre de 2021.

Ese día me había tocado viajar muy temprano a París para una serie de reuniones. Después de una intensa jornada que había comenzado a las cuatro y media de la mañana tomé un tren a Bruselas, donde pasaría la noche ya que el viernes 24 íbamos a tener una reunión de  oordinación de los abogados a la que también asistiría Isabel, cuya llegada estaba prevista ese mismo 24 a primera hora.

Nada más bajarme del tren en Bruselas recibí una llamada de Josep Lluís Alay que me informaba de que en el aeropuerto de Alguer había mucha policía y estaba pasando algo extraño; quise restarle importancia diciéndole que en la estación central de Bruselas también había mucha policía, pero él me insistió en que no era normal. Sabiendo que el president estaba todavía en vuelo le envié un mensaje a la persona que le acompañaba en este desplazamiento para avisarles de la situación.

Era poco lo que podía hacer en esos momentos, así que tomé un taxi a mi hotel, donde había quedado para cenar con Gorka Knörr. Este ya me estaba esperando en el vestíbulo, pues su sentido de la puntualidad es muy parecido al mío, cosa que siempre agradezco, pero en esta ocasión aún más.

No quise alterarle, de modo que nada más hacer el registro salimos juntos en busca de un sitio para cenar, pero los mensajes de Alay eran incesantes y la cosa no pintaba bien; como de costumbre en estas situaciones iba con poca batería en mi móvil.

Mientras estábamos esperando a que nos atendiesen me llamó el president para informarme de que habían aterrizado y estaba retenido, en esos momentos aún no detenido, pero era evidente que ese sería el siguiente paso. Ambos éramos conscientes de que ese tipo de situaciones se podían dar y él, que siempre conserva la calma, también lo hizo en esta ocasión.

Semanas antes de su detención, el TGUE nos había denegado las medidas cautelares que habíamos solicitado en función de un hecho que, al menos desde la perspectiva europea, estaba claro: existiendo un planteamiento de una cuestión prejudicial el procedimiento de origen y sus derivados estaban, por imperativo legal, suspendidos. Así lo informó España, por escrito al TGUE, y así lo entendíamos nosotros también.

Desde la perspectiva del relato, que siempre surge del mismo sitio y los divulgan los de siempre, se presentó esa resolución como una derrota nuestra, cuando, como la realidad terminaría demostrando una vez más, era la constatación de lo que nosotros ya sabíamos: en términos de derecho europeo, las OEDE estaban suspendidas porque el procedimiento ante el Supremo también lo estaba.

La única persona que era más lista que todos los demás y que había visto una ventana de oportunidad había sido el juez Llarena, que, saltándose la ley —en este caso concreto las normas de la Unión Europea—, había mantenido en vigor tanto las órdenes nacionales como europeas de detención, porque en su fuero interno él no iba a aceptar que sus propios actos pudiesen paralizar «su procedimiento».

Gorka, amablemente, me cedió su teléfono para poder seguir haciendo llamadas con Alay, con el equipo del president y con este mismo y la policía del aeropuerto, que, finalmente, una vez que les hube enviado una serie de documentos, me dijeron: «Creo que usted tiene razón, pero esta situación supera mi capacidad de decisión, así que vamos a dejarlo detenido para ponerlo mañana a disposición judicial y que esto lo resuelva un juez. No se preocupe, que no le pasará nada, tomaremos todas las medidas oportunas, y siento esta situación».

Le creí porque esa siempre ha sido la actitud de todas las policías con las que hemos tenido que trabajar en el caso de los exiliados. Ocurrió lo mismo en Bélgica, en Alemania, en Escocia y en Francia, y no fue distinto en esta ocasión.

A partir de ese momento era evidente que la cena se había chafado y que me tocaría volver al hotel y ponerme a trabajar hasta a saber qué hora.

Le expliqué todo a Gorka, quien sin abandonar su preocupación y poniéndose a disposición para lo que se necesitase, me acompañó hasta el hotel. Una vez en mi habitación procedí a contactar con todos aquellos que algo tenían que hacer y decir ante esta situación.

Lo primero que hicimos fue abrir una videoconferencia permanente para estar todos en línea mientras cada cual iba haciendo su parcela de trabajo… Allí estaba todo el entorno político del president y una parte importante del equipo jurídico.

Marcela (Mars) era quien más me preocupaba, porque en estas situaciones [la detención de Puigdemont en l'Alguer] muchos tienden a olvidar que el president, aparte de ser el máximo líder del independentismo catalán, también es esposo y padre

Pero antes de meterme a trabajar tenía que hacer tres llamadas entre complicadas y relevantes: a Marcela Topor, la esposa del president, a Toni Comín y a Clara Ponsatí, que en esos momentos se encontraba en Grecia.

Marcela (Mars) era quien más me preocupaba, porque en estas situaciones muchos tienden a olvidar que el president, aparte de ser el máximo líder del independentismo catalán, también es esposo y padre. Yo estaba seguro de que ella necesitaría claridad respecto a lo que estaba pasando y lo que podía llegar a suceder.

Cuando se sueltan bulos y se trata de deshumanizar a los personajes, o no se piensa en sus familias o, peor aún, les importan muy poco. Esta ha sido la constante en estos ya cuatro años y eso ha afectado tanto a los exiliados como a muchos de los represaliados catalanes y a mí mismo.

Toni y yo teníamos que organizarnos para la mañana siguiente, que sería frenética. Con Clara había que dilucidar la mejor forma de que regresase a Bélgica, pues en esos momentos desconocíamos si aquella era una situación puntual que solo afectaba al president o una operación de mayor calado.

Sin cerrar la videoconferencia, pero sí silenciándola, hablé con Isabel para explicarle la situación y coordinar su llegada a Bruselas a la mañana siguiente; en esos momentos más que nunca necesitaba que ella viniese a Bruselas, pues yo no podía quedarme a una reunión de abogados que teníamos programada, y en cuanto llegasen debería encontrarme con Mars y Toni.

En paralelo a todo esto, Josep Costa, Cekpet y yo establecimos nuestra propia dinámica de trabajo para preparar una nueva solicitud de medidas cautelares, más bien cautelarísimas, ante el TGUE, así como ir viendo qué documentación sería bueno presentar ante las autoridades italianas.

Teníamos claro que Italia no se sumaría a la aventura de Llarena, pero no era malo tener preparadas unas medidas cautelarísimas por lo que pudiese suceder, y, sobre todo, para dejar constancia en el TGUE de que España tenía «dos voces»: la de su agente (que es el término que se usa para los representantes de los Estados) y la del Supremo, que iba fuera de todo marco legal.

En esos momentos tenía frente a mí una videoconferencia, un documento de Word compartido en el que estábamos trabajando los tres y un teléfono que no paraba de sonar y que, por sorprendente que parezca, sonó por primera vez antes siquiera de que le hubiesen leído los derechos como detenido al president… Era una periodista de Madrid con excelentes fuentes en el Supremo que me preguntaba, con mucho retintín, por la situación de Puigdemont en un momento en el que nadie sabía lo sucedido.

No creo en las casualidades y ese no era momento de comenzar a creer en ellas.

Sobre las once de la noche el teléfono echaba humo y no paraban de llamar periodistas. En la videoconferencia acordamos que yo haría un hilo de Twitter para aclarar la situación, dar nuestra versión de lo que estaba sucediendo y evitar tener que estar contestando a tantas llamadas, que más o menos eran para lo mismo.

En cualquier caso, atendí algunas llamadas de periodistas que conozco que sé que son profesionales y no saldrían a vender e intentar instalar relatos, sino a dar las distintas versiones o ángulos de la noticia. Este tipo de buenos periodistas los hay en muchos, si no en casi todos los medios, el problema es que en muchas ocasiones ese buen trabajo queda empañado por el de otros que siendo periodistas no actúan como tales.

Fue una noche en la que no me separé del escritorio de mi habitación del hotel de Bruselas; la tensión era máxima, como en tantas otras ocasiones, pero tanto Pep Costa como Cekpet y yo teníamos la tranquilidad de los que saben que el trabajo está hecho y hay una red sobre la que saltar.

En lo personal eran momentos muy complejos, pero la intensidad del trabajo, la relevancia de lo que estaba pasando y de lo que teníamos que hacer me ayudó mucho a distanciarme de mis propios problemas, temores y angustias.

Sobre la medianoche logré hablar con el abogado italiano, Agustinangelo Marras, y una vez que me explicó su visión de cómo se  desarrollarían las cosas en las siguientes 24/48 horas le conté toda la documentación que pondríamos a su disposición y el método que usaríamos para que la tuviese disponible rápidamente. Además le ratifiqué que me trasladaría a Alguer tan rápido como fuese posible. La  primera impresión, corroborada luego, fue muy buena.

A diferencia de lo que sucedió en Alemania y en octubre de 2019 en Bélgica, esta vez muchos de los periodistas que me contactaban eran escépticos respecto de lo que les estaban vendiendo desde las supremas fuentes; sabían que nosotros no entrábamos a los relatos y que siempre que decíamos algo se terminaba cumpliendo… Este y no otro es el patrimonio generado en estos años de defensa del exilio.

Siempre hemos apostado por contar la verdad, no decorarla ni taparla con relatos, porque estando en el lado correcto de la historia eso ni es necesario ni es conveniente, y, además, si lo hiciésemos perderíamos toda la credibilidad que tanto nos ha costado ganar. Contar relatos es algo que no nos podemos permitir.

No me di cuenta de cómo fueron sucediendo las cosas, pero, de pronto, ya eran las seis de la mañana y aún no me había acostado; decidí que, como había muchas cosas por hacer, lo mejor era darme una vuelta para despejarme, ducharme, desayunar y luego salir hacia la sede del Consell per la República, que era donde habíamos quedado con Toni y Mars y a donde llegaría Isabel. Al final, una noche de hotel para ni tan siquiera usar la cama.

Sobre las siete de la mañana comenzó el mismo trasiego de llamadas de periodistas, pero en esta ocasión detecté que, seguramente como respuesta a la contundencia con la que habíamos reaccionado la noche anterior, estaba comenzando a circular, siempre interesadamente, un mismo relato en tres concretos medios: que el president Puigdemont habría provocado su propia detención en Italia.

Se trataba de una construcción tan alambicada, tan absurda y sobre todo tan miserable que merecía una rápida respuesta. Esta, además, tenía que ser con datos concretos para que a ninguno de esos divulgadores les cupiese duda alguna sobre cuál sería nuestra reacción si publicaban tan grosera invención.

(...) estaba comenzando a circular, siempre interesadamente, un mismo relato en tres concretos medios: que el president Puigdemont habría provocado su propia detención en Italia

Lo primero que expliqué fue que el viaje estaba previsto desde hacía tiempo, que nosotros teníamos plena confianza en que España no había engañado al TGUE y que de ser cierto algo así, ¿por qué sus abogados, en lugar de en Italia, estábamos todos en o camino de Bélgica?

Aparte de eso indicamos que para nosotros era imposible saber cuáles eran o habían sido los movimientos de Llarena, pero insistimos en vincular la detención en Italia con un engaño al TGUE que, por creer que estaban suspendidos el procedimiento en España y las OEDE, nos había denegado recientemente las cautelares.

A una de las divulgadoras que me llamó le expliqué que esto, además, era miserable y representaba la máxima expresión de la deshumanización del personaje que llevaban años haciendo, como si el president no tuviese esposa, hijas o familia. En cualquier caso, como el daño reputacional se causaba, en primer lugar, en Bélgica la demanda sería en dicha jurisdicción. Si bien en España el honor, mucho más cuando se trata del de los políticos catalanes o de sus abogados, tiene un valor escaso, en Europa sí que es protegido y preciado, por lo que hace ya tiempo que hemos decidido que este tipo de ataques los sustanciaremos ante las jurisdicciones europeas donde se produzca el daño.

Al final este relato duró poco y casi sin reflejo de forma clara en ningún medio, pero era un claro indicador de cómo vendrían las cosas en los días venideros, a medida que se fuesen dando cuenta de que una vez más se habían equivocado y embarcado en otra fracasada aventura  judicial en Europa.

El dislate de ese nuevo relato era tal como que no encontraba forma de llegar a Alguer ese día porque, terminada la temporada de verano, no es un destino sencillo. Finalmente logré encontrar una combinación entre tren (de Bruselas a París), taxi desde la Gare du Nord a Orly —una buena amiga, que siempre está cuándo y dónde se la necesita, se encargó de gestionarme dicho taxi, que en esos días no era sencillo, y que me esperase a la bajada del tren y me llevase directamente al aeropuerto—, avión de París a Milán, noche allí y vuelo el sábado 25 a primera hora hasta Alguer… No había otra forma que viajar casi veinte horas para hacer un trayecto así de corto.

Lo sucedido en Italia dio para muchos más relatos, que se fueron sucediendo a la misma velocidad con la que la realidad los fue desmontando.

Uno que no quiero dejar pasar, que no nos afectaba a nosotros pero demuestra hasta qué nivel se puede llegar en esta perniciosa dinámica, es el creado a los efectos de salvar la imagen de Llarena y, sobre todo, que no pareciera el auténtico responsable de lo sucedido, cuando sí que lo era.

Como he explicado, todos, TGUE incluido, entendíamos que las OEDE estaban suspendidas por la remisión de la cuestión prejudicial al TJUE por parte de Llarena; esa y no otra fue la causa por la que el vicepresidente del TGUE nos denegó las cautelares, específicamente sobre la base del escrito de la Abogacía del Estado, en representación del Reino de España, indicando que no era necesaria la medida porque el procedimiento principal y las OEDE estaban suspendidas.