El vicepresident, Oriol Junqueras, y los consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Dolors Bassa están en la prisión desde el 2 de noviembre.

La jueza Carmen Lamela dictó la medida cautelar de prisión provisional después de citarlos a declarar y de las breves comparecencias que hicieron, sin casi ni poder prepararlas. La Fiscalía fue implacable, pidió prisión incondicional y la jueza accedió sin condiciones. Ni tan sólo se planteó una fianza como en el caso de Carme Forcadell y los miembros de la Mesa.

La Audiencia Nacional cogió la directa, mientras que el Tribunal Supremo primero dio una semana para preparar las defensas y después dictó prisión pero la hizo eludible con fianza, dando también, excepto en el caso de Forcadell, una semana para pagarlas.

En las diferencias de la actuación preliminar de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, se encuentran también las claves para intuir que una vez el caso salte al alto tribunal, será fácil abrir la puerta de la prisión por Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Mundó, Borràs y Bassa.

Es obvio pensar que el magistrado Pablo Llarena aplicará el mismo criterio en el momento de decidir las medidas cautelares y se hace difícil pensar que mantenga en diferentes condiciones a todos los acusados que en pocos días pasarán bajo su tutela. Por lo tanto, es muy probable que decida la salida de la prisión de los consellers.

En el momento en que se plantea el levantamiento de esta medida, tiene que ser de inmediato. La justicia no se puede entretener con trámites burocráticos ni alargando la decisión, ya que se trata de una medida cautelar, no de una condena firme. Por lo tanto, es muy probable que Llarena, una vez reciba todo el sumario del caso, lo primero que se plantee sea revisar la medida de prisión y decidir con celeridad la puesta en libertad, la fianza y las medidas cautelares que se aplicarán a los consellers una vez fuera, muy probablemente, serán las mismas que las de los miembros de la Mesa y Carme Forcadell: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado más próximo de su casa.

Para tratar de entender por qué es factible que el Supremo deje en libertad a los consellers con las mismas medidas cautelares que al resto, hay que mirar las diferencias que han marcado los dos procesos exprés.

Indefensión

El 30 de octubre, dos días después de la declaración de independencia, la Fiscalía presenta dos querellas. Una en el Supremo, contra Forcadell y los miembros de la Mesa, que son aforados. Y otra para los miembros del Govern en la Audiencia Nacional, porque como los consideran cesados a raíz del 155, han perdido el aforo. El 31 de octubre, sólo un día después, Audiencia Nacional y Supremo admiten las querellas a trámite. Un tiempo récord para este tipo de trámite que normalmente puede tardar semanas. Y este mismo día, citan a los acusados para sólo dos días después, con un festivo en medio. Un hecho insólito y que genera indefensión, ya que los abogados se ven imposibilitados por falta de tiempo a preparar una estrategia firme por el delito más grave del código penal, la rebelión.

Por este motivo se ponen en marcha dos máquinas paralelas: presentar un recurso para un aplazamiento y una estrategia exprés por si no sale adelante.

En el Tribunal Supremo hay suerte. El magistrado entiende la demanda y aplaza una semana las declaraciones.

En la Audiencia Nacional, no. Ni tan sólo se reconoce el recurso que presenta el abogado de Junqueras y las comparecencias llegan a empezar sin el letrado, que está acabando los trámites en el Supremo porque también es el abogado de Forcadell.

La indefensión que genera esta situación es uno de los argumentos de las defensas en el momento de recurrir la orden de prisión. Y las declaraciones de los miembros de la Mesa, que no se negaron a responder las preguntas de las partes, avalan el argumento de la defensa de tener margen para preparar las comparecencias.

Presión fiscal

El magistrado Pablo Llarena recibió exactamente de la Fiscalía la misma petición que la jueza Carmen Lamela: prisión incondicional sin fianza.

Lamela la dictó sin condiciones.

Llarena impuso una fianza de 25.000 euros para los miembros de la Mesa del Parlament de Junts pel Sí y les dio una semana de tiempo para pagar. Y en caso de Forcadell, la fianza fue de 150.000 euros, a pagar en el mismo momento para eludir la prisión, y como la resolución salió pasadas las 21h, no fue posible consignar el pago, y la presidenta del Parlament pasó una noche en la prisión.

El fiscal hace una propuesta de máximos, sin embargo, cada juez hace su interpretación del riesgo de huida y de reiteración.

La Fiscalía había alertado días antes que un arrepentimiento de los hechos y una declaración exhaustiva hubiera beneficiado a los consellers y hubiera evitado la petición de prisión incondicional. Pero en el momento de la verdad, en el momento de pedir la medida, tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo, donde Forcadell y los miembros de la Mesa sí que declaran, es completamente diferente, y se acaba pidiendo la máxima medida cautelar.

Las declaraciones

El magistrado del Supremo toma la decisión de la prisión eludible bajo fianza después de escuchar a los acusados que admiten ante la Fiscalía que a pesar de proclamar la república, no la desplegaron a causa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el caso de la Audiencia Nacional, a causa de la falta de tiempo para preparar las declaraciones, las defensas aconsejan a los consellers acogerse a su derecho a no declarar, pero dejar claro ante la jueza que ni desplegaron los decretos para sacar adelante la república, una vez decretado el 155, ni que en la proclamación de la DUI hubo violencia, un elemento clave para determinar el delito de rebelión.

Ahora, el juez no tiene la obligación de volver a interrogarlos. Las defensas lo pueden pedir, pero Llarena también puede tomar la decisión a partir del alegato que hicieron los consellers en la Audiencia Nacional donde explican que no hicieron ninguna acción de gobierno una vez aplicado el 155.

El traslado

Mientras la Audiencia Nacional, un tribunal excepcional para casos criminales, y que ha tratado los procesos por terrorismo, aplica la prisión como un castigo con un traslado aleccionador, con los consellers esposados y sin medidas de sujeción dentro del furgón, el Tribunal Supremo lleva a Carme Forcadell a la prisión de mujeres de Alcalá Meco con un coche policial con cristales tintados detrás y sin logotipar.

Forcadell pasa la noche en la prisión y cuando sale, puede visitar a las conselleres Borràs y Bassa y permiten que su coche oficial la recoja en la puerta del módulo para evitar el acoso de la prensa al salir del centro penitenciario.

La prisión

La prisión provisional es la medida cautelar más grave. Tiene que estar plenamente justificada y tiene que garantizar los derechos del acusados. Ahora mismo los consellers están en una prisión de presos con condena firme. Además, el hecho de que no estén en una prisión de preventivos, sino en una de condenados, y que los hayan distribuido en diferentes módulos, con normas diferentes, según el grado de los reclusos, hace que tengan más un régimen de condena que de prisión preventiva.

Aunque primero se intentó aplicar la dispersión, el Ministerio del Interior rectificó ante la demanda de las defensas aceptada por la jueza, y los ubicó a todos en Estremera, una de las prisiones más modernas del Estado español, pero de régimen con presos con condena firme.

Eso también complica la gestión de las defensas. Los abogados se ven con sus clientes con un cristal por el medio, con un tiempo limitado, y con todos al mismo tiempo. Así, persiste la indefensión.

El Jordis

Siguiendo los mismos criterios, Llarena tendría que dejar también en libertad a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart que están en la prisión de Soto del Real desde el 16 de octubre.

La causa es una sola porque la misma jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decidió unificar la denuncia de sedición contra los Jordis y el major de los Mossos Josep Lluís Trapero con la querella que 15 días más tarde le llegó cuando estaba de guardia acusando al Govern de la Generalitat de rebelión, sedición y malversación.

La lógica dice que el Supremo se lo tendría que quedar todo, y más cuando Lamela en su informe, califica de red organizada a todos los actores investigados.

Pero la lógica en el terreno de los tribunales, a veces es ilógica, y el magistrado puede hacer como ya hizo el Supremo en el caso del 9-N que se quedó sólo la parte de Francesc Homs, dejando a Catalunya la causa de Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, y ahora dejar también a los Jordis y Trapero en la Audiencia Nacional.

Que pase o no, primero depende de que el caso se acumule todo en el Supremo, que es lo que se espera que pase en los próximos días, horas, una vez el juez Pablo Llarena pida oficialmente toda la causa.