La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, pasará al menos esta noche en la cárcel madrileña de Alcalá Meco. En una decisión sin precedentes, el juez de la sala segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado prisión bajo fianza.

Son 150.000 euros. La presidenta del Parlament saldrá de la cárcel así que haya abonado la fianza. Una vez pagada, lo que con toda probabilidad será este viernes por la mañana, tiene prohibido abandonar España, deberá entregar el pasaporte antes de las 14h y estará obligada a comparecer semanalmente ante un juzgado.

Mañana el abogado de Forcadell, Andreu Van den Eynde, pagarà la fianza i se espera que hacia el mediodia, la presidenta del Parlament salga de la cárcel de Alcalá meco.

Para el resto de miembros de la Mesa de la Cámara catalana —el exvicepresidente Lluis Corominas, los vicepresidentes Lluís Guinó, Anna Simó y la secretaria Ramona Barrufet— el juez ha fijado una fianza de 25.000 euros y les da una semana para poder pagarla. Cuando la hayan pagado, se les aplicará las mismas medidas cautelares que a Carmen Forcadell. Joan Josep Nuet, secretario, sale en libertad con cargos, tal como ha pedido el fiscal.

Violencia y movilización popular "incontrolable"

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera fundada la acusación de rebelión contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell porque estima que se ha producido violencia en la *"determinación" de los promotores de la independencia de usar la movilización popular que, en caso de ser contrariada, "podía resultar incontrolable". Es decir, que podía suponer la "espoleta" de una "eventual explosión social que ellos podían modular" y, por tanto ser usada la "violencia coactiva para la consecución de sus fines".

El instructor de esta causa considera que para que se cumpla el requisito de la violencia en el delito de rebelión no es necesario que hayan "hechos lesivos o daños contra personas o bienes", sino una intención de alcanzar "a todo trance" unos fines.

Así lo ha explicado el magistrado en la resolución que ha dictado este jueves por la noche tras tomar declaración a Forcadell y a otros cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán investigados por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por facilitar la tramitación de las leyes independentistas.

Ha explicado que es cierto que el Código Penal exige "un alzamiento violento y público" para el delito rebelión. Pero ha precisado que "eso no quiere decir que para que el alzamiento público sea violento, resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se muestra la disposición a usarla", apostilla Llarena.

Añade el magistrado que cuando el levantamiento se orienta "de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos", ya sea por el ejercicio "activo de una fuerza incluso incruenta" o por "la exteriorización publica y patente" de estar dispuesto a su utilización, "por existir una determinación de alcanzar 'a todo trance'", los fines que contempla el Código Penal. Además, destaca que el caso de que se utilizasen armas o la realización de combates justificaría la comisión "agravada" de este delito.

El magistrado indica en el auto que, aunque los investigados han renunciado al uso de la violencia en las movilizaciones afines a la independencia de Cataluña, y que "más que resulta evidente que el civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos" que se movilizaron, la querella presentada por la Fiscalía General del Estado destaca numerosos "comportamientos agresivos".

En esta línea enumera la ocupación de las calles por centenares de tractores; el "bloqueo" y "asedio" de edificios dependientes de la Generalitat y de la Administración del Estado, y de hoteles donde se alojaban a agentes de la Policía y Guardica Civil; el "aislamiento" de agentes o de la comisión judicial en la Consejería de Economía -por los que los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente se encuentra en prisión, investigados por un delito de sedición--; o las "amenazas" a empresarios.

"Germen violento que arriesgava a expandirse"

El magistrado recalca que éstos "son comportamientos que expresan el violento germen que arriesgaba a expandirse".

Según el juez instructor del Tribunal Supremo, los seis investigado fueron "conscientemente instrumentalizados" para la consecución de la independencia de Cataluña porque las movilizaciones se contemplaron "siempre" como uno de los elementos del proceso de independencia y porque existió "desde un principio" una hoja de ruta que integraba a los responsables políticos autonómicos, municipales y las asociaciones ciudadanas independentistas, que han llamado "permanentemente" a una movilización colectiva y a una "resistencia activa".

A ello añade que el proceso "no contaba con otro instrumento de imposición de la situación de hecho creada que la amenaza de una determinación popular que --de ser contrariada-- podría resultar incontrolable".res; el "bloqueo" y "asedio" de edificios dependientes de la Generalitat y de la Administración del Estado, y de hoteles donde se alojaban a agentes de la Policía y Guardica Civil; el "aislamiento" de agentes o de la comisión judicial en la Consejería de Economía -por los que los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente se encuentra en prisión, investigados por un delito de sedición--; o las "amenazas" a empresarios.

Forcadell ha sido trasladada a la prisión de Alcalá Meco en un coche policial que ha salido de la sede del Tribunal Supremo sobre las 23.40 horas de la noche de este jueves. Este traslado contrasta con el que sufrieron el vicepresident Oriols Junqueras, siete consellers y un exconseller por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a las prisiones de Estremera y Alcalá Meco: en furgonetas a toda velocidad, esposados ​​con las manos a la espalda y sin cinturón de seguridad.

El juez Pablo Llarena ha dictado un segundo auto en el que deniega la medida cautelar de fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros solicitada por la Fiscalía para los seis exmiembros de la Mesa del Parlament de Catalunya querellados. El magistrado no concede la medida solicitada "sin perjuicio de que pueda ser acordada, en la cuantía que corresponda, si el contenido de la instrucción que se inicia lo considerara pertinente".

El auto dictado por el juez Larena es el siguiente: