El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no esperó ni tan solo las resoluciones del Consejo de Ministros sobre la aplicación del 155. Dos horas después de que el Parlament de Catalunya hubiera votado a favor de la moción que permitía desplegar los decretos para la instauración de la República Catalana, Maza ya anunciaba dos querellas. Una contra el Govern. La otra contra la Mesa. Y especificaba que actuaría el lunes.
La Fiscalía lleva semanas preparando una querella por un delito de rebelión -penado con hasta 30 años de prisión- contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, una vez que la medida ha sido aprobada por el Parlament, la acción penal se podría aplicar a "todos" los que han permitido la comisión del presunto delito.
De esta manera, la querella incluirá, al menos, a los integrantes del Govern y a los miembros de la Mesa que han permitido la tramitación en el Parlament de la moción por la que se ha declarado la independencia, según han indicado fuentes de la Fiscalía.
Con la aplicación del 155, la condición del Govern cambia a ojos de la Fiscalía: ningún miembro del Govern es aforado y, por lo tanto, la querella se presentará, con toda probabilidad, en la Audiencia Nacional.
Para los miembros de la Mesa, sin embargo, la situación es diferente. Y para el resto diputados, si finalmente quedaran afectados, también. Porque hasta que no haya elecciones todavía son diputados y su condición de aforados obliga a llevar el caso ante el Tribunal Supremo.
Lo que tampoco está claro es si se tratará de querellas nuevas o de ampliaciones de la que ya existe por sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en la Audiencia Nacional, esto con respecto a los miembros del Govern.