La supremacía del castellano sigue avanzando, cada día, un poco más. Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, las normas impositivas del castellano o excluyentes del catalán se han casi doblado respecto a los tres meses anteriores.

Si en el primer trimestre de 2017 se aprobaron 16 normas que relegaban el catalán a los territorios del Estado español donde es la lengua autóctona, en el segundo trimestre se ha llegado a la cifra de 28 normas lingüísticamente discriminatorias. En concreto, durante los últimos tres meses las instituciones del Estado español han aprobado 17 normativas discriminatorias, mientras que los organismos europeos han aprobado 11. Estas conclusiones se desprenden del análisis diario del BOE que ha hecho la Plataforma per la Llengua​ durante las últimas semanas.

Las 17 regulaciones lingüísticas de origen estatal son imposiciones explícitas del castellano, tanto donde es lengua propia como allí donde no lo es, y no prevén ningún tipo de protección para el catalán. En cambio, de las 11 normas europeas 4 son imposiciones indirectas del castellano –prevén obligaciones relacionadas con las lenguas oficiales de los estados miembros, status que no tiene el catalán– y 7 son exclusiones implícitas del catalán –regulan la utilización institucional o el derecho de uso de las lenguas oficiales de la Unión Europea, status que tampoco tiene el catalán porque el Estado español lo veta.

Las nuevas normas legales pertenecen en ámbitos muy diferentes, como las ayudas, la educación, el etiquetado, los requisitos y la documentación, pero está en este último que se concentran más imposiciones. Así, 10 nuevas normas (7 estatales y 3 comunitarios) obligan que todo tipo de documentos estén redactados en castellano y 4 (todas europeas) prevén que puedan estar en una lengua oficial de la Unión Europea, pero no en catalán. Un total de 3 normativas más regulan principalmente el etiquetado pero contienen obligaciones lingüísticas que excluyen la posibilidad de que se use el catalán en la documentación.

Recuento desde el 2014

Las 17 normativas de origen estatal que imponen el castellano a costa del catalán este trimestre y las 10 del anterior se tienen que sumar a las 243 que ha aprobado el Gobierno desde que la Plataforma per la Llengua empezó a recopilarlas el año 2014. Se trata de un conjunto muy variado de leyes, resoluciones, órdenes ministeriales y reales decretos que reservan para el castellano una posición de supremacía sobre el resto de lenguas autóctonas del Estado y le adscriben una serie de derechos por todo el territorio que no se han previsto nunca para los hablantes de otras lenguas ni siquiera en su territorio propio.