Después de que ayer saliera a la luz que Abertis ha ganado la batalla judicial a Fomento por la reducción del tráfico en un tramo de la AP-7 -y que el Ministerio tendrá que pagar al concesionario 1.494 millones de euros-, hoy El Mundo revela que el Consejo de Estado advirtió el 30 de marzo del 2006 que el convenio que iba a firmar con Acesa, la filial de Abertis, llevaba implícita una "peligrosa" cláusula de compensación que implicaba la "desaparición del riesgo" para la empresa concesionaria.
Resulta que el convenio, firmado por la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, incluía un punto en que obligaba al gobierno español a hacerse cargo de la situación en caso que este tramo de la AP-7 -entre Tarragona y la Jonquera- tuviera pérdidas económicas. Precisamente por eso, el Consejo de Estado quiso avisar a Álvarez que eso "se apartaba del principio rector" que regulaba las concesiones de las autopistas desde 1972.
La ministra, sin hacer ni caso, cogió la directa y firmó el convenio. Y no sólo eso. Aumentó la categoría convirtiéndolo en un Real Decreto, aprobado por el gobierno de Zapatero el 7 de abril de 2006. Los socialistas tenían claro que el tráfico aumentaría cada año en un 2% hasta que en el 2021 se acabara la concesión, pero si la apuesta no salía como esperaban, el trato era compensar a Abertis. Y así lo tendrá que hacer.