La patronal fotovoltaica UNEFCAT ha presentado este miércoles al Parlamento un acuerdo con la Asociación Catalana de Comunidades de Regantes (ACATCOR) para proponer al Govern una normativa que permita al regadío coexistir con los parques fotovoltaicos. Con el pacto, ambas partes sugieren al Gobierno "una salida consensuada a la situación generada por la no ratificación del decreto ley 12/2025", que preveía que los nuevos proyectos de renovables se convirtieran en interés general y, por lo tanto, fueran prioritarios.

El acuerdo establece que los nuevos proyectos fotovoltaicos no puedan instalarse en suelos de regadío, pero prevé algunas excepciones controladas con el fin de desbloquear el avance renovable. En primer lugar, se permitirá el autoconsumo agrario y la agrovoltaica regulada, que con placas más elevadas por encima del suelo permite que haya plantaciones y paneles solares en el mismo terreno.

En segundo lugar, los proyectos pequeños o individuales tramitados por vía de urgencia, tal como prevé el artículo 14 bis del decreto ley 16/2019, también podrán desarrollarse.

Con este acuerdo, los terrenos de regadío abandonados durante más de cinco años también o que no hayan estado activados en los últimos diez años también podrán ser ocupados por proyectos fotovoltaicos.

Dentro de las zonas de secano de áreas de regadío, también se podrían instalar paneles solares, de la misma manera que a infraestructuras vinculadas al regadío, como canales o balsas de riego, ya que se considera que allí el impacto de un parque es bajo y puede estar sujeto a una tramitación simplificada.

El pacto también prevé la protección de los derechos urbanísticos y fiscales, y propone que por mucho que haya una declaración de interés público superior no se justifican expropiaciones forzosas ni la vulneración de los usos del planeamiento urbanístico vigente. Tampoco se puede evitar el pago de impuestos o tributos.

El portavoz de UNEFCAT, Salvador Salat, ha expresado a ON ECONOMIA que espera que el acuerdo sirva también de preámbulo para "sentarse con Unió de Pagesos" y hacer las paces con un colectivo que presentó alegaciones en 22 parques fotovoltaicos solo durante el primer semestre del año. Salado reconoce que hay que desarrollar la ley agraria con el fin de fijar las indemnizaciones que tienen que recibir a los campesinos en caso de que se ocupe terreno agrícola.

"Catalunya necesita transitar hacia un modelo energético renovable, justo y distribuido, y al mismo tiempo tiene que preservar y hacer crecer su sistema de regadío, esencial para la soberanía alimentaria, la competitividad agraria y la cohesión territorial," dice el comunicado conjunto.

En los últimos años, después de una moratoria que impedía instalar renovables y de un tapón administrativo por la falta de recursos y la avalancha de quejas, Catalunya se ha estancado preocupantemente en el avance de energías renovables. Y es muy dependiente de una energía nuclear que camina hacia su desmantelamiento, que en Ascó y Vandellòs se tiene que acabar de culminar en el 2035. La energía nuclear supone un 60% de la producción y un 40% de la demanda eléctrica del país, mientras que las renovables solo representan un 21,6% de la producción y un 16% del consumo eléctrico. Eso mientras en España ya se supera por término medio la mitad de la electricidad consumida producida con renovables.

En este contexto, son diversos los proyectos presentados por el Gobierno de Illa con el fin de agilizar la instalación de energía renovable, que para el 2030 tendría que aumentar las renovables instaladas en un 79,8% con el fin de llegar a la mitad de generación eléctrica con renovables.

El plan más ambicioso para agilizar estos proyectos es el decreto ley 12/2025, al cual Junts e Izquierda se acabaron oponiendo en parte justamente por  la actitud crítica de Unió de Pagesos. Desde el campo se pedía preservar la continuidad del campesinado y priorizar terrenos ya degradados o con suelo artificial a la hora de instalar nuevos proyectos. El decreto regulaba el incipiente mercado de baterías de almacenaje y declaraba bienes de interés público superior los proyectos de renovables con el fin de agilizar la tramitación.

La negativa de Junts y Esquerra hizo que el decreto ni siquiera llegara a la votación del pleno y que el Gobierno lo retirara de la agenda parlamentaria. Y concretaba que se permitían los proyectos fotovoltaicos en terrenos urbanizados y abandonados y en zonas con suelo agrícola de alto rendimiento, siempre que no sea posible una explotación viable y no se supere la producción de 5 MW en estos terrenos. En zonas industriales o logísticas, se permitía instalar renovables sin modificar el planeamiento urbanístico.