Recientemente, han vuelto a oírse demandas de “fijar el precio máximo de una cesta básica de la compra, para que la gente pueda llenar la nevera y poner coto a los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados. No es decente que los precios y sus beneficios no paren de subir”. Sin ir más lejos, la de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Compartiendo la profunda preocupación por el impacto que el aumento del coste de la alimentación tiene sobre una parte significativa de la población, muy golpeada desde la crisis económica del 2007, creo conveniente explicitar por qué esta no me parece una buena respuesta y proponer unas alternativas.

Como ya tuve la ocasión de explicitar, también la cadena alimentaria se ve confrontada a una inflación de costes. En este artículo voy a coger como ejemplos dos productos claves en la cesta de la compra en España: la leche y el aceite de oliva.

Yo compro en mi supermercado cooperativo La Osa de Madrid la leche. ¿Quién es el jefe? Producida por una cooperativa, esta leche tiene como objetivo “remunerar al ganadero a un precio justo”. Este ha de asumir “que el espacio es suficiente para las vacas, con rascadores y ventiladores, que ofrece una alimentación sana sin aceite de palma y con más del 50% de forraje para favorecer el contenido en omega-3”. El precio fijado por los productores era antes de la crisis de Ucrania de 88 céntimos el litro, hoy es de 99 (+13%).

El caso del aceite de oliva es aún más inquietante. España produce en un año normal 1.500.000 toneladas e importa otras 200.000. Salen de nuestro país hacia otros mercados 1.100.000 toneladas y tenemos un consumo interior de 600.000. Este año, por diversas razones climáticas, la producción llegaría a duras penas a las 900.000 toneladas. Aunque importemos algo más, de Turquía y Túnez, el desequilibrio del mercado está servido.

Debido a que la gran distribución ha tomado al aceite de oliva como una de las bases de sus promociones, los márgenes son muy reducidos cuando no inexistentes, y los operadores privilegian las ventas fuera

El mercado interno es el más importante en volumen pero, debido a que la gran distribución ha tomado a este producto como una de las bases de sus promociones, los márgenes son muy reducidos cuando no inexistentes y los operadores privilegian las ventas fuera. Hace un año, compraba en la cooperativa al lado de mi pueblo, en Málaga, la lata de 5 litros de aceite de oliva virgen extra por 25 euros. Hoy está a 37,65 (+51%). Si se pone un tope al precio del aceite de oliva, los operadores privilegiaran las ventas fuera y correríamos el riesgo de ver estantes vacíos en los supermercados, a menos que se quiera prohibir la expedición a otros estados miembros de la Unión y la exportación a terceros países. Ambas cosas son incompatibles con el derecho comunitario.

Aunque la ley del comercio permite, en circunstancias muy específicas, fijar topes a ciertos precios durante un periodo limitado de tiempo, la ley de la cadena alimentaria prohíbe a los operadores el vender por debajo de costes.

Por lo tanto, la propuesta se enfrenta con una triple familia de problemas: legales, de posible desabastecimiento del mercado en algunos casos y de pérdida de rentabilidad económica de los agricultores y ganaderos.

Tengo mis dudas sobre la existencia de unos beneficios extraordinarios de la amplitud que se sugiere a veces en ciertas intervenciones. No tengo ningún dato, pero sé que la competencia entre distribuidores es grande y que no es fácil que uno, aunque tenga una cuota de mercado del 25%, pueda imponer a los consumidores precios abusivos.

Unas propuestas alternativas

Compartiendo las preocupaciones de los autores de estas propuestas, creo sin embargo que existen alternativas más eficaces y eficientes. Permítanme que proponga alguna: 1) Para los supermercados, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Yo creo que no los hay y que por lo tanto se recaudara poco o nada, pero puedo estar equivocado. 2) Para las economías domésticas en dificultad, se podría, si hace falta, aumentar la cuantía del cheque de 250 € ya previsto e, incluso, si fuera necesario, flexibilizar los criterios aprobados para definir a los beneficiarios. Y 3) Para disminuir las presiones inflacionistas, solicitar a la Comisión Europea la supresión temporal de los derechos de aduana a la importación de aceite de oliva y otros productos, tal y como se ha hecho en el pasado con los cereales entre otros.