Reindustrialización

- Joan Ramon Rovira
- Barcelona. Miércoles, 30 de abril de 2025. 05:30
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Junto con la reducción del déficit exterior, el principal objetivo de la nueva política arancelaria de la administración Trump es recuperar la base manufacturera perdida durante las últimas décadas. Ahora bien, la reindustrialización como objetivo de política económica no es un anhelo exclusivo de EE.UU. Otros países occidentales que han sufrido episodios de deslocalización, incluida Catalunya, también se han fijado como meta elevar el peso que representa la industria manufacturera en el PIB.
¿Tiene sentido hoy en día pretender cambiar la estructura productiva de un país mediante la política arancelaria? Lo que es seguro es que el aumento de los aranceles, por sí solo, no servirá para recuperar el peso de las manufacturas en una economía como la de los actuales EE.UU. Los costes laborales en ese país seguirán siendo demasiado elevados para relocalizar las actividades manufactureras de menor valor añadido y, por tanto, lo único que se conseguirá es elevar los precios que pagan los consumidores americanos por esos productos (y de paso aumentar la presión fiscal). En cuanto a las actividades de mayor valor añadido con producción en EE.UU., sufrirán el incremento de costes de los inputs que utilizan y perderán competitividad en los mercados mundiales.
Es cierto que en determinados casos la política arancelaria puede servir para facilitar la industrialización de un país, como fue el caso de los propios EE.UU. durante el siglo XIX. Ahora bien, para ser efectiva, una política arancelaria orientada a la (re)industrialización debería discriminar entre los diferentes bienes importados. Un ejemplo más reciente de éxito podría ser Corea del Sur, que en su momento estableció aranceles elevados para los bienes finales que quería exportar y, en cambio, los mantuvo muy bajos para los bienes de equipo importados que eran necesarios para producir los bienes finales exportados. Los últimos giros de la nueva política arancelaria de EE.UU., introduciendo exenciones para determinados productos críticos, ponen de manifiesto el absurdo que representa aplicar aranceles simplemente en función de la magnitud del déficit comercial registrado con cada país (aunque esta medida está suspendida por un período de 90 días).
El aumento de los aranceles, por sí solo, no servirá para recuperar el peso de las manufacturas en una economía como la de los actuales EE.UU.
La clave del éxito del caso surcoreano no fue solo ni principalmente la política arancelaria, sino el hecho de que esta iba acompañada de una política económica más amplia y con objetivos muy claros: (i) priorizar la formación, (ii) facilitar la inversión privada en la producción de bienes industriales exportables y (iii) asegurar que los beneficios empresariales obtenidos gracias al proteccionismo estatal se destinen a aumentar la productividad. Para facilitar la inversión privada en las actividades consideradas estratégicas, el gobierno surcoreano puso en marcha una política de concesión de créditos con tipos de interés subvencionados solo para estas actividades. Por otra parte, apoyó proactivamente la consolidación de grandes grupos industriales de propiedad familiar con estrategias enfocadas a largo plazo, que dedicaban sistemáticamente una parte importante de los beneficios obtenidos a la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías.
El papel de estos grupos industriales coreanos también fue decisivo para consolidar la presencia de empresas locales en los segmentos clave de las cadenas de valor mundial de productos y servicios. El contraejemplo en este sentido sería Indonesia, que impuso aranceles elevados a la exportación de materias primas no procesadas, como el níquel, con el objetivo de favorecer el establecimiento de empresas extranjeras con la capacidad tecnológica para añadir valor a la producción, procesando los materiales dentro del país. La ausencia de participación local, sin embargo, hizo que las fases de mayor valor añadido en la producción quedaran fuera del país. EE.UU. está precisamente en el otro lado de la ecuación: son numerosas las empresas americanas que producen en otros países, manteniendo dentro de su propio país las fases con mayor valor añadido de la cadena de valor. De hecho, los ingresos que obtienen estas empresas del exterior en contraprestación por la utilización de su capacidad logística, creatividad y tecnología compensan parcialmente el déficit exterior de EE.UU.
Las cadenas de valor incorporan cada vez más bienes y servicios en proporciones variables para hacer posible el producto final
En realidad, el déficit exterior de EE.UU. es en gran parte la contrapartida a su propio éxito. La economía americana es capaz de atraer recursos de otros países en cantidad suficiente para financiar el déficit con el exterior precisamente porque sus empresas han demostrado la capacidad de generar rentabilidades superiores para un mismo nivel de riesgo, dentro y fuera de su país. Y lo pueden hacer porque compiten en segmentos de la cadena de valor de bienes y servicios con un elevado contenido en conocimiento y tecnología. No importa si estos segmentos entran en la clasificación estadística de actividades bajo la etiqueta de manufacturas, de servicios profesionales o de propiedad intelectual. Lo que importa es que generan mucho valor por hora trabajada y son exportables.
La línea que separa las actividades más típicamente manufactureras de los servicios avanzados se hace más fina, en la medida en que las cadenas de valor incorporan cada vez más bienes y servicios en proporciones variables para hacer posible el producto final. Una de las fortalezas menos apreciadas de las economías catalana y española es justamente la importancia creciente de las exportaciones de servicios no turísticos, que incluyen ingeniería, arquitectura, consultoría, programación, diseño, logística, transporte, etc. Ni Catalunya ni, aún menos, EE.UU. pueden compararse con la Corea del Sur en vías de industrialización del pasado, y las lecciones de la política arancelaria de aquel país no nos son aplicables. En cambio, sí debería sernos aplicable la capacidad de vincular políticas públicas y estrategias empresariales en torno a unos objetivos estratégicos compartidos con un horizonte de largo plazo.