Hace tiempo que creo que no se puede hablar de cambios fiscales, de infraestructuras o de gasto social para la Catalunya de mañana sin referirse al modelo económico con el cual opera la economía catalana. Representa en todo caso el esfuerzo de ligar la macro con la micro, la política con la economía, la productividad empresarial con el bienestar de las familias. De lo contrario, existe el peligro de que no se entienda nada. Y esto nos obliga a hacer una mirada más histórica a las situaciones vividas. Los países que pretenden configurarse como imperios persiguen volumen: peso territorial, demográfico, de su creación de renta y riqueza, de cantidad de fuerzas armadas y aparato militar. Que crezcan en cuota es lo que da potencia y respeto: una especie de MAGA neurótica.

A veces pienso que España tiene algunas de estas características en su ADN: volumen como imagen de los éxitos del modelo económico (crecer más que nadie, récord de turismo o de creación de empleo), proporción de renta para ser parte del G5, del G8 o del G11 o de lo que esté a tiro. En el pasado, los imperios también supieron especializar sus colonias respecto de lo que consideraban ventajas relativas. A menudo pienso que la economía española, modernamente, nos ha reservado a la catalanidad mediterránea la tarea de la generación de divisas vía transacciones turísticas y exportaciones agroalimentarias. Es lo que puede ir bien a un Estado que vela por sus intereses de cara a cubrir el déficit exterior de su economía. Que estas pretensiones afecten los modelos económicos del Mediterráneo condena a estos, sin embargo, a la baja productividad de muchas de sus empresas, como en la clásica especialización de David Ricardo entre hacer vinos en Portugal y manufacturas en Gran Bretaña. La baja productividad incide después en el bienestar social, empeorando la renta bruta disponible de las familias (vía efectos en el PIB per cápita), en los costes territoriales medioambientales y de erosión, si procede, del patrimonio cultural; todos ellos daños colaterales localizados de un objetivo global superior.

Mal asunto si no cambiamos parte de nuestro modelo económico y esta manera de crecer. Esta es la madre de todos los huevos

Para que esto sea efectivo, debe existir en todo caso demanda de productos y complicidad de algunos oferentes locales. Catalunya de entrada los tiene: sol, playa, montaña y naturaleza, y empresarios que ven la oportunidad brindada. Orientar la oferta hacia volumen requiere, ciertamente, hacer partícipes a algunos empresarios en el negocio (promotores, propietarios de suelo) y permitir unos precios lo máximo de competitivos. Si es necesario, aligerando los costes de la oferta; en la hostelería, por ejemplo, a través de un IVA reducido en consumo, regulación laboral laxa en trabajo de temporada y subsidio de paro, no imputando los costes de las externalidades negativas medioambientales que se creen (también en el sector alimentario, con cerdos engordados aquí y matados fuera), facilitando crédito bancario en algunos momentos y pasando el cepillo sobre la cultura y el patrimonio local, si procede. Así se alimenta la demanda a precios subvencionados, nutriendo todo tipo de categorías de oferta low cost. Tratándose en general de unos negocios relativamente sencillos con una buena rentabilidad por el hecho de no asumir todos los costes reales, se genera un coste de oportunidad muy elevado sobre otros sectores, tentados a tirar la toalla; sectores que requieren industria, y que no cuentan con las prerrogativas anteriores. Más volumen, más de lo mismo, más de lo peor.

Volumen de actividad, y no, como decíamos, mejora de renta per cápita. Esta se va erosionando en la medida en que el negocio basado en tamaño, para satisfacer todo tipo de oferta creada, requiere el constreñimiento de los costes laborales. Como resultado del deterioro del PIB per cápita se genera la llamada crisis de las tijeras: a menos renta por familia, menos se recauda, a la vez que esta bajada de ingresos se acompaña de un aumento de las necesidades sociales a sufragar. Esto segundo, los costes sociales de esta manera de crecer, se deja en manos de servicios de proximidad; de unas administraciones territoriales que deben hacerle frente, no con una financiación vinculada ni a volumen ni a renta per cápita, sino simplemente a su peso poblacional. De manera que todas aquellas comunidades que partían de mayor renta per cápita son así doblemente castigadas: la recaudación no aumenta con su PIB y se incrementa el gasto social en la medida que lo hace su nivel de pobreza. Esta crisis fiscal se agrava en particular cuando el nuevo empleo creado para incrementar volumen se traduce en retribuciones salariales inferiores a las medias, como típicamente sucede en diversas oleadas de inmigrantes. Los efectos que esto provoca dañan la sostenibilidad del estado del bienestar, complican la convivencia e incapacitan a los responsables sociales de amortiguar aquellos efectos, también sobre la lengua y la cultura.

Remontar en este contexto es difícil. Querríamos una fiscalidad amiga para la generación de nueva riqueza con mayor productividad, pero no se puede con pérdidas de recaudación significativas. Querríamos facilitar orientaciones fiscales nuevas para actividades incipientes, pero no sabemos prescindir de las medidas fiscales antiguas. Querríamos unas infraestructuras y un gasto social más a la altura de nuestro nivel de desarrollo y no lo podemos financiar. Parte de la sociedad resuelve aquellas deficiencias como puede, por su cuenta, con pagos de bolsillo, hecho que aumenta la desigualdad. Hay gobiernos que buscan más ingresos con más impuestos indirectos (sobre el consumo) o trinchando territorio (transmisiones patrimoniales), que recaudan suficiente y son menos visibles para los contribuyentes, a pesar de aumentar los aspectos regresivos de la imposición; o establecen recargos, o no ajustan por la inflación como manera de recaudar más.

Mal asunto si no cambiamos parte de nuestro modelo económico y esta manera de crecer. Esta es la madre de todos los huevos.