Hace unas semanas, escribí que la principal solución a la crisis de la vivienda es que se construya. Mucho y cuanto más rápidamente, mejor. Hablé de Barcelona y de que en la campaña de las últimas municipales, las de 2023, se dijo que se podían construir 20.000 pisos, pero no se están haciendo.

Recibí algún mensaje que me decía que estos pisos no resolverían nada, porque caerían inmediatamente en manos de grandes tenedores, inversores o extranjeros ricos. Un economista me argumentó que la solución no es construir en Barcelona, sino que debe pasar por grandes promociones en la periferia. Es cierto, también pasa por aquí, pero debe ir acompañado de una buena movilidad, que actualmente no tenemos.

No compro que la vivienda que se puede hacer en la capital catalana sea el chocolate del loro, porque se tiene que construir mucho en la zona más densa del país, y cada bloque cuenta. Y sobre todo lo que no acepto es que no sirva porque “se los quedarán los de siempre”, porque esto tiene una solución muy sencilla y que, además, ayudará a resolver el acceso de los más desfavorecidos, los que tienen más dificultades de acceso a una casa: que construya la administración.

Se calcula que en Catalunya faltan 175.000 viviendas, y este déficit crece cada año. Además, es de todo tipo: libre y, sobre todo, social para destinar a alquiler y de protección. ¿Por qué no, entonces, son el Ayuntamiento, el Govern y la administración que corresponda quienes promueven los 20.000 pisos que se pueden hacer en Barcelona y se destinan a alquiler social y vivienda protegida? No resuelves todo el problema de la vivienda, pero aportas un grano de arena que, si se acompaña de más granos en el área metropolitana, sí que empieza a parecer una solución. Además, el crecimiento de la oferta destensará los precios.

Me parece muy grave que las administraciones no estén promoviendo pisos sociales y protegidos por cuestiones electorales

Hace unos días, lo hablaba con una persona del sector, y me aportó otro problema: los ayuntamientos no quieren pisos de protección y, sobre todo, sociales. El motivo es el tipo de personas y familias que van a vivir allí, me explicó. Intuyo que no se puede generalizar y que no debe pasar en todos los ayuntamientos, pero se había encontrado con muchos casos, y lo cierto es que son los gobiernos los que hacen los grandes planes, pero quien acaba otorgando los permisos, haciendo los planes urbanísticos, etc., son los municipios, y aquí es a menudo donde se generan los cuellos de botella.

Me parece muy grave que las administraciones no estén promoviendo pisos sociales y protegidos, con la urgencia de la vivienda que sufrimos, por cuestiones sociales, pero tengo que admitir que no me sorprende. Ya hace muchos años que la gran mayoría de los gobernantes no miran por el bien común y de las personas, sino por conservar la silla. Y muchas veces esto pasa por no meterse en problemas, no equivocarse. Si mis votantes no me piden este tipo de vivienda, ¿por qué la tengo que hacer?

Deben ser los gobiernos quienes tomen las riendas y hagan planes de verdad, con una dotación presupuestaria realmente ambiciosa

Hay otro factor. El crecimiento poblacional, ya sea de un país, de una ciudad, de un barrio o de un pueblo, debe ir acompañado de un incremento de los servicios públicos. Escuelas, centros sanitarios, pero también parques, equipamientos culturales y deportivos, infraestructura eléctrica, de fibra óptica, de agua, alcantarillado, e incluso calles, bancos, farolas, papeleras, contenedores, etc. Y la movilidad: trenes que vayan a la hora, autobuses, etc. Todo esto, ¿quién lo proporciona y, sobre todo, quién lo paga?

La conclusión a la que llego es que deben ser los gobiernos quienes tomen las riendas y hagan planes de verdad, con una dotación presupuestaria realmente ambiciosa. Que vayan al ayuntamiento que sea y, si tiene suelo para hacer 15.000 viviendas, que suponen subir un 30% su población, financien todo lo necesario, desde la nueva rambla a los nuevos accesos a la autopista, pasando, evidentemente, por el centro de salud y la escuela. Y que Rodalies funcione. Quizás así los alcaldes se pondrán a ello mejor, porque no lo pagarán en las urnas. Necesitamos ambición, decisión e inversión si queremos resolver el problema de la vivienda y, aunque sabemos que no se hará ni en uno ni en cinco años, acelerar lo máximo posible.