Tan solo hace cuarenta años, en España –y en Catalunya, por extensión o por incomparecencia de alternativas– se vivía una situación desoladora en lo que respecta a la salud de las grandes empresas. El franquismo había creado o fomentado un monopolio público en cada uno de los principales sectores de la economía, con empresas como Telefónica, Renfe, Cepsa, Iberia... ostentando una gestión parapública descarada, que las hacía poco competitivas frente a sus equivalentes occidentales. Esta situación ha sido un lastre endémico para el Ibex 35, que todavía hoy es un índice poco halagador. A conglomerados como Telefónica les ha costado décadas sacudirse de encima la mentalidad pseudo-funcionarial, más propia de los despachos de un ministerio que no de empresas en sectores rápidamente cambiantes como el de las telecomunicaciones y la tecnología. Justo cuando esta situación mostraba signos de pasar página, el actual gabinete de Pedro Sánchez ha hecho una verdadera reversión de las buenas prácticas que tanto había costado adoptar en el seno de estas empresas.

Los objetivos ESG –siglas de Environment, Social and Governance, es decir, cuidado del medio ambiente, iniciativas sociales y buena gobernanza– están a la orden del día para todas las empresas y muchas de ellas están obligadas a presentar memorias anuales no financieras reportando métricas y progresos en estas áreas, aunque lo que hemos vivido en los últimos años es poco menos que dinamitar la G de Gobernanza desde la Moncloa. Me refiero a cuestiones como destituir al presidente ejecutivo de Telefónica en un consejo de administración extraordinario un sábado a las 9 de la noche, para posteriormente colocar a dedo al autor del prólogo de la tesis doctoral del presidente. También a que otras empresas del Ibex, como Solaria, tengan directivos de alto rango como el marido de la ministra de Vivienda, que previamente a esta reputadísima posición era encargado de la sección de panadería de un supermercado Aldi en Carabanchel. O a que la progresiva privatización de Renfe y Adif, que ha sido un auténtico viacrucis, quede inexorablemente manchada por cuestiones tan inexplicables como la contratación de la amiga del exministro Ábalos, de nombre Jessica, para una empresa pseudopública vinculada a Renfe/Adif, Tragsa.

Lejos de certificar que los casos citados anteriormente han sido desafortunadas anécdotas que no representan una tendencia ni una manera de hacer, se siguen sucediendo las malas noticias en cuanto a la profesionalización y ejemplaridad de las grandes empresas españolas que tienen un pasado como empresas públicas o que mantienen lazos importantes con las administraciones públicas. El último caso es el periplo del fabricante de trenes Talgo. El descarrilamiento comienza a producirse en los años 2014 y 2015, cuando Renfe se preocupa por la entonces ya decidida liberalización de la alta velocidad española, que era evidente que operadores como SNCF (Ouigo) e Iryo aprovecharían para bajar los precios. Renfe decide crear una alternativa low-cost, lo que posteriormente se conoció como Avlo (AVE Low-cost) y licitar la construcción de trenes específicos para este servicio comercial, que debían cumplir la premisa de albergar un número bastante más elevado de pasajeros por trayecto a fin de diluir los costes fijos de operarlo entre un denominador mayor –el secreto del planteamiento low-cost.

El gabinete de Pedro Sánchez ha hecho una verdadera reversión de las buenas prácticas que tanto había costado adoptar en el seno de las empresas públicas

Este concurso público causó un gran revuelo, porque estuvo manoseado políticamente desde el primer momento. Lo acabó ganando Talgo con una oferta que rozaba lo absurdo, muy inferior a cualquiera de las otras, y que los conocedores del sector consideraban imposible de ejecutar. Esta oferta, como era de esperar, no se podía cumplir: Talgo perdió cientos de millones de euros en este proyecto, llamado ‘Avril’, forzando a sus principales accionistas a iniciar el proceso de venta, en paralelo a emprender una impugnación de la oferta propuesta para intentar recuperar una parte del sobrecoste.

La venta de Talgo tuvo un pretendiente: la empresa húngara Magyar Vagon, operación que fue bloqueada por el Consejo de Ministros el pasado agosto de 2024 haciendo uso de una normativa que permite al Gobierno bloquear operaciones corporativas, incluso si se tratan estrictamente de compraventas entre dos actores privados (como es el caso), bajo preceptos que consideraban Talgo una empresa privada, pero “sujeta a la estrategia de seguridad nacional”. Como era previsible que los accionistas privados de Talgo judicializaran la cuestión al encontrarse de facto con la incapacidad de vender su propia empresa privada, el Gobierno inició de inmediato un proceso para intentar colocar parte de las acciones del fabricante de trenes a la empresa siderúrgica Sidenor, sujeto a fuertes presiones políticas. Y, por otra parte, impulsó un paquete de la SEPI (organismo estatal que participa en empresas privadas, generalmente en operaciones de rescate) de compra de acciones de Talgo por valor de 1.270 millones de euros procedentes de dinero público, que se aprobó hace apenas un mes.

31 días que han servido al Gobierno para olvidar los informes justificativos que sirvieron para acreditar que esta era una excelente inversión de la SEPI, y pasar a pregonar públicamente todo lo contrario: que los trenes Talgo Avril son un auténtico desastre, que tienen grietas en los bogies que han forzado a Renfe a enterrar el Avlo Barcelona-Madrid después de menos de dos años de uso y a hacer peregrinar al ministro Puente a Alemania, en busca de locomotoras Siemens que sean un poco más fiables. Es decir, que todos los españoles hemos invertido el dinero en un fabricante de trenes defectuosos. Un capítulo más para la oscura historia reciente de las empresas públicas españolas, que ya contaba con el de los presidentes ejecutivos de quita-y-pon los sábados por la noche, y el de las acompañantes de lujo en nómina como administrativas.