Pasados los primeros 60 días del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, se empieza a disponer de los datos de una primera ola del impacto económico del conflicto, lo que nos permite hacer un primer balance. Y es que la actual crisis comportará diversas olas de impacto, con sucesivas transmisiones y derivadas. Así, esta primera ola implica efectos sobre todas las cadenas de producción primaria, cercanas a las energías (por ejemplo, la industria electrointensiva y el transporte y logística), y esto afecta más tarde al conjunto de todas las cadenas de valor, sea por vía directa o indirecta, y después vendrán los efectos de segunda ronda, de empresas a consumidores —traslado de costes a precios por tensionamientos de la capacidad de absorción empresarial vía eficiencia y márgenes— y de trabajadores a empresas —reclamación de aumentos salariales para compensar las subidas de precios—. No solo suben los precios del petróleo y del gas, primer escalón de una retahíla de efectos, sino también los de las materias primas en general, y a continuación aumentan los precios y costes de productos y sectores que dependen de ellas, como los alimentos, así como los tipos de interés arrastrados por la inflación. Según el Banco Mundial, el canal de transmisión supone que un aumento de un 10% en el precio del petróleo por perturbaciones en su suministro puede impulsar los precios del gas natural en torno a un 7% y los de los fertilizantes más de un 5%. Por su parte, la actividad económica se frena por la incertidumbre, la subida de precios y los cuellos de botella en los aprovisionamientos. Hay que tener presente que por el estrecho de Ormuz se mueve cerca del 35% del comercio mundial de petróleo que transita por mar y que el conflicto está suponiendo una caída en la oferta global de casi 10 millones de barriles de crudo al día.

Los datos de los meses de marzo y abril permiten, pues, observar una primera ola del impacto económico del conflicto, concretado, básicamente, en los precios en los mercados de materias primas -principalmente energéticas-, en los mercados financieros y en los medios que hacen posible la globalización, como por ejemplo el transporte. Se trata de los inputs correspondientes a las fases iniciales de las cadenas de valor de los diferentes sectores productivos y nos anticipan posibles consecuencias posteriores sobre las cestas de la compra de las familias. Así, el precio del petróleo en su variedad Brent ha subido desde los 72 dólares el barril al inicio del conflicto a los 118 dólares el barril al cierre de marzo, mientras que finaliza abril superando los 124 dólares el barril, después de llegar en algunos momentos de la última semana a los 126 dólares, su nivel más elevado desde el 2022. El último año han subido un 72% y los precios medios han ascendido un 65,5% entre febrero y abril. El Índice de Materias Primas de Dow Jones se ha incrementado un 15,5% desde el comienzo del conflicto hasta el 30 de abril, mientras que los metales lo han hecho, según la London Metal Exchange, un 12% entre mediados de marzo y mediados de abril, con un alza del aluminio de un 15% entre febrero y el 30 de abril, a la vez que en el caso de los fertilizantes, la urea ha aumentado un 77,3% entre el inicio de la guerra y finales de abril.

Por su parte, la incertidumbre, el aumento de los riesgos y las expectativas de inflación han hecho que los mercados financieros experimentaran una extrema volatilidad de la mano de las declaraciones y las decisiones del presidente estadounidense, acompañados de una importante pérdida de confianza de inversores y ahorradores sobre la evolución de los mercados de valores, y de un fuerte ascenso de los rendimientos de los bonos de la eurozona y del resto del mundo, mientras que el euríbor a un año pasó del 2,217% a finales de febrero a un 2,848% al finalizar abril. Por último, los fletes en contenedores se han incrementado un 50% entre el inicio del conflicto y el 30 de abril, con una estabilidad más elevada la segunda quincena de este último mes, a la vez que subieron las pólizas de seguro del tráfico marítimo.

El aumento de los riesgos y las expectativas de inflación han hecho que los mercados financieros experimentaran una extrema volatilidad

También se dispone de unos primeros indicadores sobre la actividad económica. En este sentido, el Índex PMI de S&P Global de la eurozona de los meses de marzo y abril revela la ralentización y caída generalizada del crecimiento económico de la región, con el dinamismo más débil de los últimos diecisiete meses e incluso una posible contracción las últimas semanas. Los buenos inicios de año han desaparecido por el ascenso de los precios energéticos, la volatilidad de los mercados financieros y la disrupción de las cadenas de suministro. Las condiciones de la demanda se han deteriorado con una bajada acelerada de los nuevos pedidos, mientras que los costes de los aprovisionamientos se incrementaron significativamente y los precios subieron a los niveles más elevados de los últimos tres años, por la energía y por los cuellos de botella y retrasos significativos en el abastecimiento -mayores retrasos desde mediados de 2022. La ocupación ha disminuido, más en marzo que en abril, alcanzándose el descenso más grande de los últimos trece meses, y las expectativas y la confianza empresariales se debilitaron, sobre todo las relativas a abril, después del máximo del pasado febrero. El sector servicios ha tenido un peor comportamiento que la industria manufacturera —animada por la constitución de stocks de seguridad frente a las subidas de costes, la escasez de suministros y la interrupción de las cadenas de abastecimiento—, aunque esta sufrió una contracción más elevada de los puestos de trabajo y un impulso más elevado de los costes, el mayor de los últimos años.

Un ejemplo de este panorama en Europa está en Alemania, donde el Índice Business Climate del ifo Institute bajó 4,1 puntos entre febrero y abril, alcanzando el nivel más bajo desde mayo de 2020, sobre todo en los sectores servicios y construcción, extendiendo entre las empresas la incertidumbre —a cotas de 2022— y el pesimismo de cara a los próximos meses y aplazando cualquier esperanza de recuperación económica a corto plazo.  Los datos de Eurostat confirman lo anterior, por un lado, con un crecimiento anual de la Unión Europea de un 0,8% en el primer trimestre del año, con riesgos de contracción en la eurozona durante el segundo, y, por otro, con una subida de la inflación de un 3% el mes de abril, antesala de unos efectos negativos de los mercados energéticos que se prolongarán y se intensificarán a medida que disminuyan las existencias de petróleo. No se puede olvidar que en torno a un 60% de la energía que se consume en la Unión Europea viene del exterior. Con este panorama se ha activado  la alarma de la estanflación.

En el caso de España, esta primera ola de impacto se ha concretado en una subida de la inflación durante los meses de marzo y abril, con unos Índices de Precios al Consumo (IPC) respectivos de un 3,4% y de un 3,2%, significativamente más elevados que los de febrero, niveles no alcanzados desde mediados de 2024. En buena parte, estos se han visto arrastrados al alza por el componente energético, principalmente combustibles, pero cabe tener presente, al contrario, que estos incrementos se han visto moderados por algunas de las 80 medidas anticrisis aprobadas por el gobierno el pasado marzo. En cuanto a la actividad económica, el Índice PMI de S&P Global patenta que España ha sido uno de los países europeos con mayor crecimiento los meses de marzo y abril, si bien la industria manufacturera ha experimentado una desaceleración, con significativas caídas de la producción y de los pedidos en marzo y un mejor comportamiento en abril, así como un descenso de las exportaciones y una incertidumbre notable y generalizada. Cabe decir que los costes de los inputs alcanzaron el nivel más elevado desde junio de 2022, a la vez que se produjeron caídas en la cadena de suministro, alargamiento en los plazos de entrega —hasta periodos de hace más de tres años—, escasez de productos y reducción de los stocks tanto de materias primas como, sobre todo, de bienes acabados.

En el caso de España, esta primera ola de impacto se ha concretado en una subida de la inflación durante los meses de marzo y abril

La preocupación de la industria se extiende a los hogares, como pone de relieve el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ha caído 17 puntos entre febrero y marzo, situándose en uno de los niveles más bajos de los últimos años, 66,9 (12,7 puntos menos que en marzo de 2025), fruto de la brusca caída tanto de la valoración de la situación actual como de la relativa a las expectativas de futuro. El Barómetro del CIS de abril avanza que un 83,9% de las personas que responden se muestran un poco/bastante/muy preocupadas, destacando que los principales aspectos que les afectan son la subida del precio de los carburantes, el incremento del coste de la factura de luz y gas, y el encarecimiento de la compra. De hecho, algunos sectores, como la alimentación y la distribución, ya hablan de ligeros signos de parada y de mayor prudencia en el consumo familiar, y anticipan recortes en las compras los próximos meses. En cuanto específicamente a la inflación, se esperan altibajos en los próximos meses y que el alza se pueda trasladar del IPC a la inflación subyacente, por la afectación de las cadenas de valor del conjunto de los bienes y servicios.

Últimamente, se están haciendo públicas noticias que recogen la incidencia negativa que el conflicto bélico está teniendo sobre sectores productivos y empresas (siderurgia, química, cerámica, cemento, papel, aerolíneas…), antesala de lo que será una nueva fase del impacto económico del conflicto en el Golfo Pérsico, y que supondrá una extensión de las subidas de precios a otros productos y servicios, especialmente para el consumo. Algunas encuestas evidencian una disposición creciente de las empresas a subir sus precios, dado que estas han agotado el combate a la inflación vía interna (estructura de costes, márgenes, productividad…), lo que evidencia que posiblemente ya se están produciendo efectos de segunda ronda de la inflación. Atención especial merecen, en este sentido, los problemas de abastecimiento y de encarecimiento de los fertilizantes, dado que la zona en guerra es un punto estratégico en su producción y comercialización mundiales. La situación actual coincide con la época de siembra en todo el hemisferio norte y los problemas repercutirán los próximos meses sobre los consumidores vía aumento de precios y de restricciones en los mercados de los productos agrarios y de los alimentos.

A pesar de la inestable tregua y aunque se pueda firmar un acuerdo de paz entre las partes enfrentadas a corto plazo, se mantiene una elevada incertidumbre y, además, los efectos económicos del conflicto ya están aquí y serán patentes en los próximos meses, dadas las subidas de precios registradas y los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz. A esto hay que añadir una falta de confianza generalizada en alcanzar una realidad más tranquila a corto plazo y la destrucción de las infraestructuras energéticas y, en general, de la zona afectada. Cabe decir que se anticipa que las instalaciones dañadas tardarán entre tres y cinco años en recuperarse. Por lo tanto, quedarán secuelas y cicatrices que necesitarán tiempo para ser superadas.

Durante mucho tiempo se mantendrá un equilibrio frágil y vulnerable y, en definitiva, un estado de incertidumbre estructural

En cuanto a las previsiones para el conjunto de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de su reunión de primavera de mediados de abril, ha revisado a la baja el crecimiento mundial en dos décimas y lo sitúa en el 3,1%, fruto de los efectos del conflicto en Oriente Medio, y advierte que si este se alarga más allá del verano, en su escenario más negativo, el mundo podría entrar en recesión con una inflación superior al 6%. Todo depende de la duración y de la magnitud e intensidad de la guerra. El impacto es global, pero asimétrico. Entre los más afectados señala a los países asiáticos, por su elevado consumo de petróleo y por su gran dependencia del petróleo que pasa por la zona. Para España, el organismo internacional anticipa un aumento de la economía de un 2,1%, una de las más dinámicas de la eurozona, y un alza de la inflación de un 3%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por su parte, sitúa este año el crecimiento estatal en el 2,3% y la inflación en el 3,2%.

En su informe Commodity Markets Outlook, publicado la última semana del mes de abril, el Banco Mundial alerta para 2026 del mayor shock energético desde el año 2022, con aumentos en los precios del petróleo, gas y carbón, así como de otras materias primas y productos básicos, y afectaciones sobre los de los alimentos. Dibuja un escenario de interrupciones y restricciones en los abastecimientos y en los intercambios internacionales. En el caso de que la fase más aguda de las interrupciones en el comercio termine en mayo, se prevé que en 2026 los precios de la energía subirán un 23,6% y los de los productos básicos un 15,5%, con un fuerte ascenso de los precios de algunos metales clave y de los fertilizantes, e indica una grave afectación sobre el empleo y el desarrollo. Los precios de los metales aumentarán un 19,2%, destacando las alzas de un 20-22% del aluminio, el cobre y el estaño, mientras que los de los fertilizantes un 30,7%, sobre todo la urea con un 59,7%, afectando a agricultores, cultivos y consumidores, lo que incidirá en la seguridad alimentaria y en la reducción de la pobreza de millones de personas. Por su parte, en 2026 el precio del petróleo Brent alcanzará de media los 86 dólares/barril, a la vez que se anticipa una caída de un 1,5% en la producción de crudo.

Lo que queda claro es que será muy difícil estabilizar la situación en el Golfo Pérsico y devolver la zona a una situación de normalidad, y que durante mucho tiempo se mantendrá un equilibrio frágil y vulnerable y, en definitiva, un estado de incertidumbre estructural que repercutirá en todo el mundo en múltiples ámbitos. Y en medio de esto, en Europa se refuerza la idea de la necesaria autonomía estratégica y energética.