Australia se ha convertido en uno de los países más observados del mundo en materia de jubilación. Su sistema, basado en una combinación de pensión pública y ahorro privado obligatorio, es citado con frecuencia como ejemplo de sostenibilidad financiera frente al envejecimiento de la población y la presión que sufren muchos sistemas europeos de reparto.
El modelo australiano se apoya en tres pilares. El primero es una pensión pública destinada a garantizar unos ingresos mínimos durante la jubilación. Se concede en función de la renta y el patrimonio del ciudadano, por lo que está orientada principalmente a quienes tienen menos recursos. El segundo pilar, considerado el núcleo del sistema, es el denominado “superannuation”, un mecanismo de capitalización obligatoria mediante el cual las empresas deben aportar una parte del salario de cada trabajador a un fondo privado de ahorro para la jubilación. El tercero corresponde al ahorro voluntario adicional que cada persona quiera realizar.
El sistema obligatorio de ahorro fue introducido en los años noventa y ha ido ampliándose progresivamente. Actualmente, los empleadores deben ingresar el equivalente al 12% del salario del trabajador en un fondo de pensiones privado, una aportación que se suma al sueldo y que queda invertida hasta la edad de retiro.
Ese dinero no permanece inmóvil. Los fondos lo invierten en mercados financieros, infraestructuras, deuda pública o activos inmobiliarios con el objetivo de aumentar el capital acumulado durante la vida laboral. El resultado es que Australia ha construido uno de los mayores sistemas de ahorro previsional del planeta, con activos que superan ampliamente el tamaño de su economía nacional.
Diversos organismos internacionales consideran que este modelo reduce la presión sobre las cuentas públicas porque una parte importante de la jubilación futura depende del ahorro individual acumulado y no únicamente de las cotizaciones de los trabajadores en activo. Además, al existir fondos multimillonarios, el sistema también actúa como fuente de financiación para la economía australiana. Un informe difundido este año por el Instituto Santalucía señala incluso que el esquema ha contribuido al crecimiento económico del país y al fortalecimiento del ahorro interno.
Otra de las características destacadas es la flexibilidad. Los trabajadores pueden realizar aportaciones adicionales voluntarias y elegir entre distintos fondos de inversión, aunque el sistema está regulado por organismos públicos encargados de supervisar la solvencia y el funcionamiento de las entidades gestoras.
Los contras del modelo australiano
Sin embargo, el modelo no está exento de críticas. Algunos expertos advierten de que el nivel final de ingresos depende mucho de la continuidad laboral y de la evolución de los mercados financieros. Las personas con carreras laborales intermitentes, salarios bajos o largos periodos fuera del mercado de trabajo pueden llegar a la jubilación con un ahorro insuficiente. También existe preocupación por las diferencias de patrimonio acumulado entre hombres y mujeres y por el impacto de las crisis bursátiles sobre los fondos de pensiones.
Aun así, el esquema australiano aparece regularmente entre los mejores valorados en los rankings internacionales de sistemas de pensiones. Frente a los modelos tradicionales de reparto predominantes en Europa, Australia ha apostado por una fórmula mixta que busca repartir el coste de la jubilación entre el Estado, las empresas y los propios trabajadores.
El debate sobre este modelo ha ganado fuerza en numerosos países en los últimos años debido al envejecimiento demográfico y al aumento de la esperanza de vida. Gobiernos y analistas económicos observan con atención la experiencia australiana como posible inspiración para reformar sistemas de pensiones sometidos a crecientes tensiones financieras.