Hace pocos meses dedicaba un artículo en ON ECONOMIA al acuerdo entre la Generalitat y Aena respecto a la ampliación del aeropuerto. En este expresaba que lo relevante era, principalmente, el uso que se hiciera de la infraestructura y que uno de los instrumentos para garantizar ese buen uso era “encontrar las formas y los espacios para que la sociedad civil y las instituciones catalanas tengan voz y voto en estas decisiones (las relativas al uso)”. También alertaba del silencio respecto a ello.

Pues bien, el presidente de Aena, socialista y del PSC, directamente en una conferencia y también en un comunicado de información relevante a la CNMV (que respondía a unas inquietudes de un fondo de inversión accionista), ya ha salido a aclararnos que esas “formas y espacios” no existen. Que no lo permite el marco legal ni la estructura accionarial, que el modelo centralizado y semipúblico (o semiprivado) que impuso el PP al poco de ocupar el poder (2013) es “fundamental para el buen funcionamiento de la economía española” y, lo más importante, que “su preservación ... cobra especial relevancia en este momento en el que la Sociedad inicia un periodo de fuertes Inversiones”. Dicho de otra manera, que no juguemos con fuego y nos olvidemos del tema.

Esta manifestación choca de lleno con el compromiso de investidura entre el mismo PSC y ERC, en el cual se comprometieron a promover “las modificaciones en el marco legal actual para hacer efectiva la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Catalunya (CRAC) en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria (CCA)” para permitir “al Govern de la Generalitat de Catalunya acordar con el gobierno del Estado tener un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán”.

Ni el PSC ni el Govern actual de la Generalitat han hecho ningún comentario al respecto. No hace falta decir, tampoco, que esto sucede cuando algún medio de Madrid se hacía eco de declaraciones de Lluïsa Moret (número dos del PSC) hablando de reuniones sobre el tema con el gobierno del Estado en las que participaba el secretario de Estado de Transportes. Y conviene recordar que esto se produce en vísperas de las negociaciones de los presupuestos del gobierno español y catalán.

Necesitamos un aeropuerto mejor conectado con Asia y América, sí, pero no necesariamente sumar veinte millones más de turistas 

Una vez más, la coalición de intereses profundos del Estado se moviliza para cortar cualquier aspiración real de autogobierno de Catalunya, como está pasando con la financiación autonómica, con las competencias en inmigración y puede pasar (si no ha pasado ya) con Rodalies. No importan las voluntades políticas expresadas democráticamente, importa la preservación del Estado tal como quedó definido en el siglo XVIII.

Catalunya se encuentra en pleno debate sobre el modelo futuro de crecimiento y progreso que debe seguir en los años venideros. Cuando algunos pretenden encaminarse a toda velocidad hacia la “Catalunya de los diez millones” otros consideramos que hay que priorizar el progreso general de la población y la preservación de los servicios públicos, incluyendo la vivienda, incompatibles con el crecimiento a cualquier precio o de cualquier manera como se ha producido en los últimos veinte años. Y en este sentido, la cuestión del uso y la gobernanza del aeropuerto tiene mucho que ver.

En el mismo artículo al que me refería al principio también exponía los intereses de Aena, entre ellos, el primero de estos intereses (reconocido y declarado por la propia Aena) es el de aumentar el tráfico de pasajeros y los ingresos de la explotación de la instalación. Y eso significa sumar más turistas a los que ya vienen. Es decir, profundizar en el modelo actual de crecimiento sobre la base de servicios de poco valor añadido, con bajos salarios, poca cualificación y atracción indiscriminada de inmigración, con la presión que eso supone para unos servicios públicos mal financiados y unas necesidades de vivienda que ya hoy no podemos satisfacer. No podemos seguir creciendo así veinte años más y debemos reconducirlo hacia un patrón más cualitativo fundamentado en la productividad, la innovación, la atracción y retención de talento, socialmente distributivo y en el que la necesaria llegada de inmigrantes sea estrictamente la que cuantitativa y cualitativamente necesita el país según el patrón apuntado (véase este otro artículo publicado hace poco).

Eso a Aena le importa poco o nada, pero a nosotros no. Y de ahí la cuestión de la gobernanza de esta infraestructura tan básica como es el aeropuerto, como en general de las grandes infraestructuras del territorio. Necesitamos un aeropuerto mejor conectado con Asia y América, sí, pero no necesariamente sumar veinte millones más de turistas. Son cosas diferentes y no van necesariamente ligadas.

Una vez más, la coalición de intereses profundos del Estado se moviliza para cortar cualquier aspiración real de autogobierno de Catalunya

La regulación de la afluencia del turismo se puede hacer por vías urbanísticas (restricción de las viviendas turísticas), fiscales (tasa turística), controlando la cantidad y la calidad de las plazas ofrecidas con criterios sostenibles ambientalmente y exigiendo el estricto cumplimiento de ordenanzas de horarios y establecimientos o regulando el acceso a los puntos de atracción turísticos. Y, particularmente, mejorando el valor añadido del sector, procurando que sus trabajadores participen en forma de salarios más atractivos. En definitiva, actuando de forma decidida sobre las externalidades que origina.

La conectividad del aeropuerto, entre otras cosas, la determina la gobernanza de las conexiones de este aeropuerto y del resto del sistema aeroportuario catalán, reducir el cuasi monopolio de Vueling, una política comercial de tarifas que favorezca los vuelos de larga distancia y la priorización adecuada de los slots más atractivos --un "slot" o franja horaria es una reserva de tiempo asignada a las aerolíneas para que puedan despegar o aterrizar en un aeropuerto determinado. Es una acción de largo alcance que debe ejercerse de manera continuada durante mucho tiempo y por la cual la sociedad catalana debe poder influir en el uso que se da al aeropuerto del Prat y al resto de aeropuertos. Esa es la importancia de lo que nos niegan el Sr. Lucena y Aena, y con ellos, la mencionada coalición de intereses profundos del Estado.