A estas alturas cualquier persona con un mínimo de información ya sabe que no tiene ningún sentido en un país con una demografía autóctona en retroceso pensar en una política migratoria de fronteras cerradas. Sería el mayor tiro en el pie que podríamos autoinfligirnos. El retroceso sería casi inmediato. Solo un dato: en los últimos once años en Catalunya, el crecimiento del empleo en el tramo de edad más productivo (de 25 a 54 años) ha recaído totalmente en los no nacidos en el Estado español con 480.000 ocupados. Los autóctonos han retrocedido en 118.900 [1].

Por tanto, el debate ya no es inmigración sí o no. El debate es más bien si se ha de continuar con una política de puertas abiertas de facto, o si se debe regular cuánta inmigración y de qué tipo necesitamos. La política migratoria actual, si es que merece este nombre, es una política dual: restrictiva formalmente, pero con múltiples formas y canales –legales, alegales o ilegales tolerados– para acceder primero a la residencia y, después, a la nacionalidad, salpicada con regularizaciones frecuentes. No es una política planificada más allá de favorecer normativamente a determinadas procedencias (latinoamericanos) por encima de otras (africanos o asiáticos). No hay una reflexión, explícita al menos, sobre por qué necesitamos la inmigración, aparte de la evidencia de nuestro retroceso demográfico. La UE, por su parte, ha dejado hacer a los estados y cada uno ha actuado según le ha parecido, y solo recientemente ha intentado poner orden en la cuestión de la política de asilo y de la inmigración ilegal, a menudo gestionada de forma vergonzosa con los acuerdos con terceros países.

Pero eso no quiere decir que sea una política fruto de la casualidad. Forma parte del engranaje que ha permitido un crecimiento extensivo de la economía excesivamente basado en actividades económicas de bajo valor añadido, escasa productividad y que está en el origen de un bienestar muy desigualmente distribuido y de los problemas que presentan muchos de nuestros servicios públicos. Este modelo tiene unos beneficiarios claros que, mediante sus grupos de presión, envían mensajes idílicos sobre el lado positivo de la inmigración (el crecimiento extensivo del PIB, el efecto beneficioso –solo a corto plazo– sobre las pensiones, los necesarios cuidados de las personas mayores…) pero que ocultan algunos inconvenientes, que también existen. También colabora, consciente o inconscientemente, cierta izquierda atrapada entre el ideal de solidaridad global y la percepción de parte de su base tradicional contraria a algunos discursos oficiales.

No tiene ningún sentido en un país con una demografía autóctona en retroceso pensar en una política migratoria de fronteras cerradas

Un balance de las últimas oleadas migratorias, hecho con voluntad de ser tanto resumido como equilibrado, podría ser el siguiente:

  • La inmigración no afecta, por ahora y de forma sensible, negativamente a los salarios o al empleo de los autóctonos. Los estudios expertos realizados confirman totalmente esta conclusión [2]. Eso, en gran parte, se debe a que esencialmente no compiten, o lo hacen en poca medida, por los mismos puestos de trabajo. La inmigración ocupa unos puestos diferentes de los que ocupan los autóctonos. Es un hecho comprobable en el caso español y catalán [3].
  • Influye –sin culpabilizar, pero influye– en el deterioro de determinados servicios públicos (educación, vivienda ...), combinado con la falta de financiación pública derivada de nuestro sistema de financiación autonómica. Detrás de la pérdida de rendimiento de nuestro sistema educativo o de la carencia de vivienda asequible están los efectos, entre otros factores, de un crecimiento migratorio desordenado y sin herramientas para gestionarlo.
  • El nivel formativo de la inmigración que recibimos es claramente inferior al de la población autóctona y también al de la inmigración de otros países europeos receptores netos, con la excepción de Italia [4]. Eso hace que, si se mantiene así, sea difícil que ayude a mejorar el diferencial de productividad que sufrimos respecto al resto de Europa. Desgraciadamente, tampoco los hijos de inmigrantes (la segunda generación) consiguen igualar el nivel formativo de los hijos de padres nativos.
  • A corto plazo probablemente hay una contribución fiscal positiva porque es una población más joven y más concentrada en edades activas y su uso de los servicios públicos (especialmente los más caros: pensiones, dependencia o sanidad de tercera edad) es menor, pero no queda claro que sea así si se calcula la totalidad del ciclo vital y, especialmente, atendiendo al mencionado menor nivel formativo y al tipo de actividades que ejercen [5]. La contribución de las generaciones posteriores es una incógnita porque su integración dista también de ser igual que la autóctona.
  • Por supuesto, no se puede establecer ningún nexo causal entre inseguridad e inmigración, como hace la extrema derecha. El uso sesgado de algunas estadísticas no puede ocultar el hecho no controvertible de que la inmensa mayoría de los inmigrantes tiene una actitud totalmente pacífica y de convivencia. Otra cosa es que a medida que se cronifique la desigualdad, la pobreza y un sentimiento de frustración entre algunas minorías tengamos brotes que acaben en violencia como ya ha pasado en otros países de Europa.
  • En el caso de Catalunya, hay un problema adicional no menor: la pérdida de uso de nuestra lengua y del sentido de identidad. Es un hecho constatable en la Encuesta de Usos Lingüísticos que no hay una pérdida sensible de hablantes sino, sobre todo, una llegada de no hablantes, a los cuales, por supuesto, nadie informa ni forma institucionalmente sobre nuestras circunstancias lingüísticas ni nuestra historia. Desgraciadamente, están empezando a aparecer algunas actitudes catalanófobas, favorecidas también por la falta de protección efectiva de la lengua y el bombardeo mediático de los medios españoles.

La inmigración no puede ser un hecho desordenado y caótico que reviente las costuras de nuestro estado del bienestar y diluya nuestro sentimiento de identidad

Una frase de Ian Goldwin, economista de Oxford, especialista en globalización e inmigración, recientemente entrevistado en un medio catalán [6] lo resume todo: “La inmigración es riqueza, pero solo si la sabemos gestionar bien”.

Antes de nada, necesitamos saber para qué la queremos: ¿para continuar creciendo en actividades de bajo valor añadido principalmente apropiado por quienes las controlan? ¿O quizá nos haría más falta una inmigración que nos aporte lo que más necesitamos, un nivel de cualificación que permita la sustitución (y la mejora) de los trabajadores cualificados autóctonos que se van jubilando y compense las carencias de nuestro sistema formativo? Esa mano de obra también existe en los países de origen, pero hay que buscarla. Evidentemente, tan bien retribuida como la autóctona en igualdad de funciones. Respetada y respetuosa, dándole a conocer el país de acogida y también pidiéndole ese conocimiento. La inmigración no puede ser un hecho desordenado y caótico que reviente las costuras de nuestro estado del bienestar y sirva para diluir nuestro sentimiento de identidad, aunque a algunos ya les parezca bien.

Catalunya debe tener un papel en la admisión de residentes inmigrantes que vaya más allá de la acogida y los servicios sociales

Expertos mejores que quien suscribe podrán opinar cómo se consiguen los objetivos anteriores. Más allá de la acogida por razones humanitarias que todos han de respetar, la contratación en origen (no solo para trabajos temporeros o altos ejecutivos, como ahora) tiene dificultades, pero es una vía para avanzar. Un sistema por puntos con cuotas ajustadas según situación y necesidades, como el que se practica en Canadá, que valore edad, formación, experiencia laboral, idioma y capacidad de integración, o metodologías similares en otros países (Australia, Nueva Zelanda…) también son posibilidades interesantes. Intensificar los programas específicos de atracción de talento, por supuesto.

Siempre con un acompañamiento en el territorio de acogida, con cursos obligatorios de lengua y orientación cívica (como en Suecia, Alemania o Países Bajos). Catalunya ha de tener un papel en la admisión de residentes inmigrantes que vaya más allá de la acogida y los servicios sociales (hay casos como Quebec u otras provincias de Canadá, los cantones suizos o los estados federados australianos donde pueden determinar/influir en los permisos de residencia). Pero todo esto es imposible de gestionar con unas llegadas brutas de 1.250.000 personas al año (250.000 en Catalunya) o unas entradas netas (descontadas las salidas) de 650.000 personas cada año [7] (136.000 en Catalunya). No hay administración capaz de gestionarlo.

Efectivamente, necesitamos una política migratoria... y no es la actual.

[1] Fuente: IDESCAT. Explotación a partir de la EPA (INE).

[2] Por ejemplo, los más recientes: FEDEA, 2024 (Carrasco), FEDEA, 2025 (Gálvez-Iniesta), BdE Informe Anual 2023 – Cap. 3

[3] Esto se observa a partir de la EPA (INE). Entre 2014-2024, los autóctonos concentran el crecimiento de las ocupaciones de directores gerentes, técnicos y profesionales, o personal técnico de apoyo. En cambio, en el resto de profesiones la situación es la inversa, los nacidos fuera de España son los que contribuyen al crecimiento, al contrario que los nativos, y muy particularmente en los trabajos de servicios de restauración, personales o comerciales.

[4] Sobre el relativo menor nivel educativo, véase la nota de FUNCAS (2023) “El nivel educativo de la población inmigrante en España permanece estancado desde principios de siglo”

[5] La AIREF ha elaborado una nota al respecto en el marco de su “OPINIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A LARGO PLAZO: DEMOGRAFÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO”. A partir de la página 173. Marzo-2025. Repasa la literatura experta existente sin extraer conclusiones claras.

[6] La Vanguardia, 10-6-2025

[7] INE, Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia, datos referidos al año 2023. Entradas brutas y saldo migratorio de personas nacidas en el extranjero.