La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para seleccionar a las empresas o consorcios que construirán y operarán las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial del continente. Inicialmente, Bruselas preveía financiar hasta cinco de estas instalaciones, pero el elevado interés por participar en el proceso ha hecho ampliar el objetivo hasta siete. El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto hasta el próximo noviembre, y el ejecutivo comunitario espera anunciar las instalaciones seleccionadas a principios del próximo año. Las siete fábricas que finalmente resulten escogidas tendrán un papel central en la estrategia de autonomía digital de Europa.

Las gigafactorías de IA son centros de cálculo de alto rendimiento especialmente diseñados para entrenar modelos de lenguaje y sistemas avanzados de inteligencia artificial. El objetivo de Bruselas es que Europa deje de depender de la infraestructura norteamericana o china para desarrollar su propia industria en un sector que se considera estratégico para la competitividad futura del continente. Estas instalaciones deben permitir a las empresas y centros de investigación europeos disponer de la potencia de cómputo necesaria para desarrollar nuevos modelos sin tener que recurrir a proveedores externos.

España presentará una candidatura que combina capitales públicos y privados, con una doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). El consorcio estará liderado en la parte pública por el gobierno español, que aportará casi la mitad del capital, y por la Generalitat de Catalunya, con una participación testimonial. El peso privado recaerá sobre tres grandes compañías: Telefónica, ACS y Banco Santander, que compartirán el mismo porcentaje del capital, mientras que la compañía tecnológica Multiverse Computing cerrará la participación. El responsable del proyecto será el catalán Francesc Fajula, una figura vinculada al sector tecnológico y a la gestión de grandes proyectos de infraestructura digital. Su tarea será coordinar los esfuerzos de los diferentes socios y garantizar que el proyecto cumpla los plazos y los requisitos técnicos exigidos por Bruselas.

La candidatura española dispone de un apoyo presupuestario importante. El gobierno central destinará 720 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT), el ente público que depende del Ministerio para la Transformación Digital. Además, el Consejo de Ministros ha autorizado una contribución voluntaria de 300 millones adicionales a la EuroHPC, la empresa común europea de informática de alto rendimiento, en concepto de servicios vinculados al proyecto. La doble sede del proyecto responde a una estrategia de descentralización y de aprovechamiento de infraestructuras existentes. Móra la Nova, en la Ribera d'Ebre, ya incluye una reserva de suelo industrial cualificado y con acuerdos para garantizar el suministro eléctrico necesario para una instalación de estas características. San Fernando de Henares, en la corona metropolitana de Madrid, aporta proximidad a los centros de decisión política y empresarial, como una red de comunicaciones avanzada.

Financiación comunitaria y calendario

La Comisión Europea ha previsto un presupuesto comunitario de hasta 10.000 millones de euros para esta iniciativa, que aspira a movilizar al menos 20.000 millones adicionales de inversión privada en todo el continente. El objetivo es que las fábricas seleccionadas puedan empezar a construirse durante los primeros meses del próximo año y que estén plenamente operativas dieciocho meses después del inicio de las obras. Esta combinación de fondos públicos y privados es la que permite a la Comisión Europea dimensionar una iniciativa de gran envergadura sin cargar todo el peso sobre los presupuestos nacionales. La esperanza de Bruselas es que las gigafactorías se conviertan en un polo de atracción de inversiones y de talento, generando un efecto multiplicador sobre el ecosistema tecnológico europeo.

La convocatoria, que estará abierta durante los próximos meses, refleja la urgencia de Bruselas para no quedarse atrás en una carrera tecnológica que marcará la economía de las próximas décadas. La inteligencia artificial se ha convertido en un campo de batalla entre las grandes potencias mundiales, y la Unión Europea intenta ganar posiciones mediante una estrategia basada en la inversión pública y la cooperación entre estados y empresas.

La decisión final sobre qué propuestas serán seleccionadas se anunciará a principios del próximo año, después de que la Comisión evalúe las candidaturas recibidas y verifique que cumplen los requisitos técnicos y financieros exigidos. La competencia será intensa, dado que los proyectos presentados hasta ahora provienen de varios estados miembros y de diferentes sectores industriales, lo que refleja el interés generalizado por participar en una iniciativa que se percibe como clave para el futuro tecnológico del continente.